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Octubre es uno de los meses oscuros en el campo de los derechos humanos en Venezuela. Este domingo 4 se cumplen 33 años de la Masacre de Cantaura y el próximo jueves 29 se conmemorará la Masacre de El Amparo, ocurrida hace 27 años. 

Ese 4 de octubre de 1982 cerca de 400 efectivos de seguridad (integrantes del Ejército, Aviación y de la antigua Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención –Disip-) bombardearon y se enfrentaron a un grupo de guerrilleros del Frente Américo Silva, perteneciente a Bandera Roja, que estaban en un campamento en Cantaura, estado Anzoátegui. 23 personas fueron asesinadas.

Seis años después, el 29 de octubre de 1988, 14 pescadores fueron también asesinados pero en el Caño La Colorada, ubicado en el estado Apure, cerca de la población de El Amparo. Allí participó el Comando Específico José Antonio Páez (Cejap), conformado por funcionarios de la Policía Técnica Judicial (PTJ), de la Disip y de las Fuerzas Armadas.

Inti Rodríguez, coordinador de Investigación del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), recuerda que ambas masacres, así como la de Yumare -ocurrida el 8 de mayo de 1986 en Yaracuy y en la que fueron ejecutadas nueve personas-, son tres hechos emblemáticos de la historia contemporánea del país en los cuales aún no se ha hecho justicia.

“Han pasado 16 años desde que el gobierno asume estas tres masacres como bandera pero no ha habido hasta ahora una sentencia contra responsables materiales e intelectuales. Levantas la bandera pero no hay justicia sino complicidad”, asegura el activista de derechos humanos.

Provea le ha hecho seguimiento a estos casos, ha acompañado a los sobrevivientes, a los familiares de las víctimas y ha exigido que se investigue la actuación de funcionarios implicados en los hechos y que han ejercido cargos importantes tanto en el gobierno de Hugo Chávez como en el actual. De esto no hay avances.

Por ello Rodríguez sostiene que si bien el Estado creó una Comisión de la Verdad para investigar las violaciones de derechos humanos registradas entre 1958 y 1998, hecho que les parece positivo, “Cantaura y El Amparo son el fiel reflejo de la impunidad estructural que está presente en nuestro país y de cómo el sistema de justicia y las instituciones han sido incapaces de juzgar a los responsables de estos hechos”.

¿Qué ha pasado con las investigaciones de la Masacre de Cantaura después de 33 años?

Se han producido algunos avances que Provea ha saludado en su momento. El año pasado la Fiscalía General de la República anunció que el médico forense encargado de haber adulterado los protocolos de autopsia en estos casos había sido imputado, pero a pesar de esos avances es muy poco lo que se ha hecho sobre el juicio a los responsables de la Masacre de Cantaura.

Uno de los principales señalados de ser responsable material de estos hechos es el señor Roger Cordero Lara. Él es un icono de esa impunidad y ha sido protegido por el Estado venezolano y por el gobierno tanto del presidente Chávez como de Nicolás Maduro. El capitán Cordero Lara, que posteriormente se convirtió en general de división, es diputado del Psuv por el estado Guárico y fue Comandante General de la Aviación venezolana. Todo ello a pesar de que él reconoció públicamente que había tenido participación en el bombardeo realizado sobre el campamento guerrillero en Cantaura, donde fallecieron 23 personas.

¿Cómo lo justificó?

Cordero Lara admitió que participó en el bombardeo a Cantaura alegando obediencia debida. Lo hizo durante la gestión de Hugo Chávez.

¿En el caso de la Masacre de El Amparo, qué ha pasado en 27 años?

Ha ocurrido lo mismo, incluso peor. Ha habido muy pocos avances desde punto de vista de la investigación. Las masacres de Cantaura, Yumare y El Amparo han sido tomadas como bandera política, les ha servicio como consignas para condenar violaciones de derechos humanos que por supuesto son condenables, ocurridas en el pasado, pero en ninguno de estos tres casos ha habido avances reales en la investigación.

¿Por qué?

En Cantaura ha habido victimarios de primera y de segunda categoría. El forense que modificó los protocolos de autopsia fue imputado, pero el general Cordero Lara no ha sido ni siquiera investigado.

En El Amparo pasa igual. El Ejecutivo y el Ministerio Público señalan la responsabilidad de Henry López Sisco sobre estos hechos, luego de ser señalado en el expediente como autor material. Sin embargo el señor Ramón Rodríguez Chacín, gobernador del estado Guárico, miembro del Psuv, no está siendo investigado pese a ser señalado en el expediente como autor intelectual de estos hechos y por familiares de las victimas, también en el expediente, como autor material de otros hechos conocidos como Los Amparitos, que se produjeron antes de la masacre.

Entonces, pareciera que hay victimarios de primera y de segunda, unos son imputados y otros son obviados, no son mencionados por el Ministerio Público ni por los altos funcionarios del Ejecutivo, y no se produce una investigación que conduzca a esclarecer los hechos, a determinar la verdad y a reparar a las victimas. Además hay situaciones que consideramos discriminatorias en el caso de El Amparo.

¿Provea ha solicitado estas investigaciones, qué les han dicho?

Desde 2011 solicitamos el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado Roger Cordero Lara y solicitamos que se investigara a Ramón Rodríguez Chacín pero en ninguno de los casos hemos obtenido respuesta. Ni la Asamblea Nacional ni el Ministerio Público han respondido a estas solicitudes de Provea, no han iniciado ninguna investigación hacia estos dos altos funcionarios. Sin duda Cordero Lara y Rodríguez Chacín son los dos grandes iconos de las violaciones de derechos humanos ocurridos en la cuarta y de la impunidad que los protege en la quinta.

¿Por qué consideran que hay discriminación con el caso de la Masacre de El Amparo?

Desde 2012 estamos solicitando a la Fiscal General de la República que se reúna con los sobrevivientes de El Amparo, que la fiscalía se traslade a esa población para reunirse con los familiares de las víctimas, pero no ha habido ninguna respuesta. Este año le ratificamos la solicitud de reunión con los dos sobrevivientes de la masacre y no hemos tenido respuesta. No sabemos por qué.

Ellos ya fueron indemnizados pero quieren reunirse con la fiscal general para que esta inicie la investigación contra los presuntos autores materiales e intelectuales de los hechos. Lo que más resienten los familiares y sobrevivientes es que no se haya juzgado a los militares involucrados en los hechos. En julio le hicimos la misma petición al defensor del Pueblo y nos respondió que la reunión sería el 26 de octubre. Esperamos que se concrete e impulse la investigación.

¿La Comisión de la Verdad que investiga los casos del 58 al 98 ha tenido actuaciones positivas?

Si, la Comisión de la Verdad de por si es un paso positivo. Entre sus actuaciones positivas está garantizar el acceso de las víctimas a los expedientes que se encontraban en archivos militares, el rescate de la memoria histórica e imputación e investigación de algunos responsables. ¿Las negativas? No cuenta con un presupuesto ni ha rendido cuentas públicas de sus avances. Nosotros solicitamos que presenten qué tanto se ha avanzado en esos casos, cuántas personas han sido imputadas, cuándo van a pasar a tribunales. Que no se privilegie entre unos y otros, todos deben rendir cuentas ante la justicia independientemente de su cargo.

¿Qué pasaba en esa década de los 80, por qué se dieron esas violaciones a los derechos humanos, qué ocurrió en cada una?

Tanto Yumare, El Amparo y Cantaura se produjeron en un contexto donde la premisa fundamental del Estado, para justificar sus acciones, era el combate a la insurgencia armada. En el caso de Yumare, las nueve víctimas fueron calificadas de guerrilleros, se dijo que se habían enfrentado a una comisión de la antigua Disip y después se demostró que habían sido ejecutadas. Esto se logró luego de que Provea ganara una demanda ante el TSJ, en 1999, que permitió desclasificar los expedientes de la Masacre de Yumare que estaban en poder de la jurisdicción militar.

En Cantaura, si bien hubo enfrentamientos entre miembros del Frente Américo Silva y grupos del Ejército, Disip y la Aviación, quedó lo suficientemente demostrado que fue un  enfrentamiento totalmente asimétrico, que los cuerpos policiales y militares ejecutaron a jóvenes de entre 16 y 30 años.

Y en caso de El Amparo, donde estos 14 pescadores pretendieron ser presentados como miembros de una agrupación guerrillera colombiana, los hechos también demostraron que fueron ejecutados. Yumare y El Amparo son dos falsos positivos históricos del Estado venezolano. Cantaura no porque hubo enfrentamiento, pero ese enfrentamiento fue asimétrico.

En los 80 hubo una situación permanente de exceso en el uso de la fuerza policial y militar, que fueron justificados amparándose en la seguridad del Estado. En un contexto donde finalizaba la Guerra Fría, el concepto de seguridad nacional estaba por encima de los derechos ciudadanos y eso, de alguna forma, facilitaba que los gobernantes justificasen este tipo de atropellos.

¿Hay una deuda del Estado con estas víctimas, a pesar de que eran de la izquierda?

Si. Lo que pasa es que en este Gobierno, a pesar de que muchos de sus altos funcionarios militaron en la izquierda y fueron víctimas de violación de derechos humanos, también hay un alto componente de militares que lo integran y que participaron en esas situaciones.

Retroceso y amenazas

El coordinador de Investigación de Provea recuerda que esa década del 1980 finalizó de manera lamentable con El Caracazo, hecho que derivó en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) que le solicitaba al Estado venezolano adecuar sus prácticas policiales y militares a los estándares de protección de derechos humanos.

Venezuela debía garantizar que los funcionarios actuaran respetando el principio del uso progresivo y diferenciado de la fuerza, formar a los funcionarios para que no incurrieran en delitos de tortura, tratos crueles y degradantes.

Pero Rodríguez asegura que, si bien no se produjeron otras masacres en los 90, esa actuación policial continuó y se evidenció en las protestas estudiantiles que fueron reprimidas.

Luego la Constitución Bolivariana, de 1999, significó un avance en materia de derechos humanos, resalta el activista, pero lamenta que la garantía que se vivió entre 1999 y 2002 ya no exista.

Según explica, “a medida que ha avanzado la conflictividad política en Venezuela, también han avanzado el autoritarismo gubernamental como respuesta a esa conflictividad, la militarización de la sociedad como respuesta a los conflictos y el deterioro de la situación de los derechos humanos en este país”.

¿Qué le preocupa a Provea actualmente?

Nos preocupa que el Estado venezolano, en materia de actuación policial y militar tanto en la seguridad ciudadana como en el control de orden público, esta retrocediendo a prácticas que ya parecían haberse superado. Estamos en un contexto muy preocupante con este Operativo de Liberación del Pueblo, los OLP, que si bien no está dirigido al combate de agrupaciones políticas o subversivas, está generando resultados tan tristes como los que vimos en Cantaura o en El Amparo.

¿A qué se parecen estos OLP, les recuerdan a hechos del pasado?

Me hacen recordar muchísimo a las actuaciones del Comando Especifico José Antonio Páez, que fue responsable de la masacre de El Amparo. Me recuerdan a las actuaciones del llamado grupo Gato, de la antigua PTJ; a la llamada Mansopol, del Cicpc, que fue un grupo especial dedicado al combate del tráfico de drogas y corrupción, un grupo con actuación discrecional y sin ningún tipo de control, que fue responsable de numerosos asesinatos, ejecuciones policiales y hechos de corrupción.

¿Por qué?

Estos OLP guardan similitud tanto en lo cualitativo, que sería en el discurso que justifica al OLP, que es la doctrina de la seguridad nacional, la misma que sustentó las violaciones de derechos humanos de los 80 y que intentó justificar a Yumare, Cantaura y El Amparo. Se habla de un enemigo interno que está amenazando la seguridad del Estado y que debe ser vencido, aplacado. Un concepto belicista que no aborda estructuralmente el fenómeno de la violencia y criminalidad, sino que se convierte en puerta abierta para violaciones de derechos humanos.

Y se parece en lo cuantitativo porque en dos meses ya van 106 personas asesinadas y no tenemos ninguna duda de que la mayoría han sido ejecutadas por cuerpos policiales y miliares. De esas 106 personas reconocidas por el Ministerio de Interior y Justicia, hemos documentado, por los testimonios de familiares, que 23 fueron ejecutadas. Estaríamos frente a ejecuciones policiales que pretenden ser encubiertas bajo la excusa de un enfrentamiento o de resistencia a la autoridad.

Si bien reconocimos y saludamos la creación de la Comisión de la Verdad para investigar los hechos de 1958 a 1998, pareciera que hay un empeño del Estado en obviar que entre 1998 y 2014 también han ocurrido y siguen ocurriendo violaciones a derechos humanos, que deben ser investigadas y aclaradas.

Hay venezolanos que consideran que, frente a la criminalidad y violencia actual, acabar con los delincuentes es la única salida. ¿Qué les dice Provea? ¿Defender sus derechos humanos es ser cómplices de los delincuentes?

Defender a todas las personas víctimas de violaciones de derechos humanos es ser coherentes. Para nosotros la opinión pública no determina si una política o plan es buena o no en materia de derechos humanos. Lo que nos importa es su impacto en la realización y garantía de esos derechos.

Ejecutar a 10 presuntos delincuentes en la Cota 905 es un acto tan reprochable como haber ejecutado a nueve dirigentes sociales en Yumare. Para nosotros las víctimas son la prioridad, nos debemos a ellas, no nos importa su procedencia, su ideología o su condición social, cualquier víctima de los abusos del poder, contará con nosotros.

¿Un nuevo patrón?

El coordinador de investigación de Provea, Inti Rodríguez, informó que visitaron la Cota 905 la semana pasada, por segunda vez tras la incursión del Operativo de Liberación del Pueblo (OLP), por la denuncia de 10 viviendas quemadas. Los vecinos les aseguraron que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) causaron los incendios.

“De comprobarse que efectivamente esos funcionarios son responsables de esta quema, se sumaría como un patrón más de actuación represiva, aparte de los que ya hemos registrado”; en la Cota 905 han habido detenciones arbitrarias, robos dentro de las viviendas cometidos por funcionarios policiales, allanamientos ilegales y excesos, porque también han golpeado a mujeres, advierte Rodríguez.

A su juicio, el silencio de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público ante las denuncias hechas en varios estados del país, sobre abusos policiales ocurridos en el marco de estos OLP, “los hace cómplices de esos atropellos porque no pone freno a la actuación policial”. (Patricia Marcano, Diario La Razón, 04.10.2015)

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