En el noreste de Caracas, específicamente en la urbanización San Bernardino, funciona desde hace once años un centro de Inmunología adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que presta atención a más de 3 mil pacientes, buena parte de ellos afectados por el VIH. Es un buen servicio de salud a pesar de que las condiciones físicas no son las ideales. El lugar reúne entre otras características la de garantizar discrecionalidad para la atención de quienes padecen de VIH, personas que como ya sabemos son frecuentemente discriminadas.
Los usuarios se sienten cómodos al ser atendidos en dicho lugar y reivindican la calidad de la atención que reciben. Ello, sin embargo, no importa a los jerarcas que tienen la responsabilidad de dirigir y administrar los servicios de salud del país, quienes se empeñan en mudar dicho servicio al otro extremo de la ciudad en condiciones que desmejoran la atención a los pacientes. Con el argumento de la necesidad de remodelarlo, el Ministerio del Poder Popular para la Salud pretende cerrarlo temporalmente sin escuchar la voz de los usuarios. Cientos de ellos a través de múltiples maneras han expresado a los funcionarios la necesidad de mantener el servicio en funcionamiento y en ese lugar. Las autoridades durante más de un año no han dado respuestas a las peticiones realizadas, incluidas las solicitadas por organizaciones no gubernamentales y la Defensoría del Pueblo. Incluso se han burlado de los esfuerzos por resolver la situación a través de los mecanismos del diálogo.
Con el apoyo de la Defensoría se instaló una mesa de diálogo para dar a conocer las distintas propuestas tanto institucionales como alternativas y adoptar la decisión que más convenga a la población. El esfuerzo es torpedeado constantemente por la representación gubernamental no asistiendo a las reuniones o aportando falsa información que desvirtúa la labor que se realiza. La incertidumbre y desesperanza generadas por dicha situación obligaron a las organizaciones Acción Solidaria contra el Sida y Provea a interponer dos recursos judiciales.
La iniciativa se estrelló con la realidad judicial del país. Los meses pasan y ni siquiera los tribunales obligados a administrar justicia con celeridad han dado el primer paso del proceso, como es declarar su admisibilidad o no. De tal manera que ni las denuncias públicas, acciones de calle, mesa de diálogo, recursos judiciales, han conmovido a la burocracia del IVSS y del Ministerio de Salud. La voz del pueblo en este caso se la lleva el viento.
El tan vociferado protagonismo poco importa, la decisión está tomada y contra la voluntad de los miles de usuarios se pretende imponer. Pero como reza el refrán la esperanza es lo último que se pierde y aferrados a esa esperanza se continúa luchando para exigir el no cierre del centro y que se realicen las mejoras necesarias con las puertas abiertas por el bien de miles de personas que requieren una adecuada atención de salud.
Marino Alvarado
Coordinador General de Provea
