Entre los días 21, 22 y 23 de septiembre, defensoras de derechos humanos del Perú realizaron una visita a la ciudad de Caracas capital de Venezuela para observar, en el terreno, la situación de derechos humanos en el país. Debido a la naturaleza de las denuncias existentes, la misión puso particular énfasis en tres ejes fundamentales: la criminalización de la protesta, los problemas de libertad de expresión y la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos.
La visita fue financiada enteramente con fondos de las organizaciones de derechos humanos peruanas, específicamente, del Instituto de Defensa Legal (IDL). La delegación estuvo conformada por tres defensoras de derechos humanos: Rocío Silva Santisteban Manrique (Ex Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos –CNDDHH- y profesora universitaria), Gisela Ortiz Perea (defensora de derechos humanos, directiva del Equipo Peruano de Antropología Forense –EPAF- y vocera de los familiares de las víctimas del crimen de “La Cantuta”) y Lilia Ramírez Varela (integrante del Comité Directivo del Instituto de Defensa Legal-IDL), quienes sostuvieron reuniones con diversos sectores de la sociedad civil, dirigentes sindicales, académicos, defensores y defensoras de derechos humanos, así como periodistas.
Producto de las reuniones y de la visita a diversos espacios en la ciudad de Caracas, podemos señalar que la insatisfacción en el goce y ejercicio de derechos por parte de cierto sector de la población es muy fuerte.
Por otro lado, se constató también un amplio respaldo de la población a las políticas sociales del gobierno venezolano. Esta situación genera un grave clima de polarización que cada día se acentúa más y puede tener graves consecuencias si el Estado no se preocupa en mitigar las mismas, en vez de animarlas.
Se pudo tener acceso a testimonios y documentación que evidencian una situación de extrema inseguridad ciudadana y serios problemas de derechos humanos reflejados en una grave persecución y criminalización de quienes protestan contra el gobierno venezolano; la falta de acceso a la justicia; la situación precaria del ejercicio del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información; los altos niveles de hostilización contra los defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en el país, como lo es la población colombiana, evidenciada en la situación de la frontera entre Venezuela y Colombia.
El presente informe está organizado en cinco partes: i) la grave situación que atraviesa el derecho a la protesta; ii) los casos de hostigamiento y ataques a defensores y defensoras de derechos humanos; iii) el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información; iv) otras situaciones de afectación de derechos humanos: la situación de la frontera con Colombia y el Operativo de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) y v) conclusiones.
