Entre las 6:00 y las 7:00 de la mañana del 17 de noviembre, Nelson Omar Carpio Guarisma manejaba una bicicleta en San José de Chirica. En algún momento fue abordado por una comisión de la Policía del estado Bolívar (PEB) que le pidió la cédula y, luego, lo montó en una patrulla. Desde entonces nada se sabe sobre él.
De esa manera lo narra su familia, que hasta ahora no ha recibido llamada alguna por parte de la PEB al respecto.
“Él estuvo nueve meses como recluso del INAM (Instituto Nacional de Atención al Menor) y salió hace poco. Estaba estudiando en la Misión Ribas”, comenta su hermana.
El artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas señala que la desaparición forzada es “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la Ley”.
En otro contexto, según señala Cofavic citando la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1992, “las desapariciones forzadas afectan los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que su práctica sistemática representa un crimen de lesa humanidad”.
Algo similar ocurre hoy con Carío Guarisma. Su familia pide que cualquier información sobre su paradero sea notificada a los números telefónicos 0416-3973995 o 0424 8854203. (Correo del Caroní, Marcos David Valverde)
