Este 23.02.2016 más de 40 personas entre niños, mujeres y hombres habitantes de la Comunidad La Ensenada en la carretera Panamericana, en Caracas, y damnificados desde que el Operativo de Liberación del Pueblo (OLP) demolió sus viviendas el 24.07.2015, acudieron por cuarta vez a la Defensoría del Pueblo a consignar un escrito solicitando al Defensor Tarek William Saab, el inicio de una investigación para determinar las responsabilidades por las violaciones de derechos humanos ocurridas en el marco de la realización del OLP en el sector, brindar la debida reparación a las víctimas y evitar la reiteración de los hechos.
«Exigimos se aperture una investigación para que actos como los que ocurrieron con nuestra comunidad el 24 de julio del año 2015, no sigan ocurriendo en Venezuela», expresó Marlon González, uno de los afectados y vocero de la comunidad.
«Es inhumano que nos hayan sacado de nuestras casas de la forma que lo hicieron, sin ningún motivo, alegando que eramos paramilitares, que eramos narcotraficantes. ¿Dónde están los detenidos de la ensenada?. No hay ninguna persona detenida o presa y se supone que la OLP es un operativo de seguridad ciudadana, no hay personas presas dentro de La Ensenada, entonces, ¿qué justifica las acciones que tomaron en nuestra contra?», enfatizó González.
Los afectados no fueron recibidos por el Defensor del Pueblo, sin embargo levantaron un acta en la que dejaron constancia de la consignación del escrito ante el despacho de la Consultora Jurídica de la Defensoría del Pueblo, Aramita Padrino, y refirieron que es la cuarta ocasión en la que se solicita al ente el inicio de una investigación por los hechos.
Como se recordará, el día viernes 24.07.2015, 350 familias habitantes de los sectores El Bolivariano, El Cují, Bosque Verde y La Ensenada, situados en el Km. 3 de la carretera Panamericana al sur de Caracas, fueron desalojadas forzosamente y sus viviendas demolidas por unos 600 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB); Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). El operativo inició a las 4:00 am., los afectados denunciaron que los funcionarios actuantes incurrieron en numerosos abusos y excesos contra los residentes del sector. Al menos 5 personas fueron detenidas luego de expresar su rechazo a la medida. Además, las víctimas informaron que los efectivos militares y policiales no presentaron ninguna orden judicial. El procedimiento de desalojo no fue notificado ni consultado previamente con los afectados. Los habitantes del sector no obtuvieron información de las autoridades sobre el destino habitacional frente al desalojo. En algunos casos, los afectados tenían hasta 33 años residiendo en el sector.
Al igual que lo han hecho las propias víctimas, Provea ha remitido al despacho del Defensor del Pueblo, diversas denuncias de desalojos y demoliciones de viviendas registrados en el marco del Operativo de Liberación del Pueblo. En ninguno de los casos hemos obtenido una respuesta oficial de parte del Defensor Tarek William Saab, por lo que afirmamos que su silencio constituye un aval a la impunidad que propicia la reiteración de situaciones similares.
