El Centro para la paz y los Derechos Humanos de la UCV, a la opinión pública en general, así como a las más altas autoridades del gobierno venezolano.
Expresamos el más profundo rechazo ante la desaparición y presunta masacre de 28 trabajadores mineros el pasado 4 de marzo en la población de Tumeremo, en el estado Bolívar.
Exigimos enérgicamente a las autoridades llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias, para que se conozca con certeza lo ocurrido en torno a la presunta masacre de 28 trabajadores mineros, y se sancione con todo el peso de la ley a los autores intelectuales y materiales, haciendo valer el estado de derecho y poner fin a toda forma de violencia, actividad ilícita, corrupción, impunidad, nexos y complicidad de presuntos involucrados en estos hechos.
A las fuerzas políticas y a la sociedad les reiteramos nuestro llamado a no politizar esta desgracia, a contribuir con responsabilidad a la creación de una Venezuela en la que la vida, dignidad y derechos de todo hombre y de toda mujer sean plenamente reconocidos, respetados, promovidos y defendidos.
En este sentido exigimos al Gobierno regional y nacional:
1.- Garantizar la celeridad, diligencia, transparencia del proceso de investigación por parte del Ministerio Público a fin de aclarar los hechos y establecer las responsabilidades de manera conclusiva con un procedimiento adelantado de manera independiente.
2.- Preservar la integridad física y psicológica de los testigos, lo que supone evitar mecanismos de coacción de cualquier tipo en el marco de la investigación para resolver el caso.
3.- Respetar el derecho a la protesta pacífica como mecanismo legal y legítimo de demanda por parte de los familiares y la población afectada.
4.- Adelantar un proceso transparente de revisión de los cuerpos de seguridad y demás agentes estatales sospechosos de estar vinculados en actos delictivos, con el propósito de garantizar la existencia de instancias de seguridad que preserven en el marco de la legalidad los derechos humanos de todas las personas.
En Caracas, a los 10 días del mes de marzo de 2016
