La marcha convocada por el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Eléctrica del estado Bolívar (Suteeb) tuvo este miércoles una mayoritaria participación de mujeres.
Tras cinco años de vencimiento del contrato colectivo de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), la movilización es una de las tantas que desde hace semanas se dan en el país para presionar la definitiva firma de la convención.
Los empleados salieron del antiguo edificio de Edelca, en Alta Vista, a las 9:00 de la mañana, hasta el Ministerio del Trabajo y Fiscalía a consignar dos documentos.
El primero, una solicitud de avocamiento, que no es más que la exigencia de que se pronuncie el ministro del Trabajo, Oswaldo Vera, y el otro: un reclamo por un hecho que es cada vez más frecuente, la presencia de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en las concentraciones.
El secretario general de Suteeb y vocero ante la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica (Fetraelec), Francisco Alarcón, condenó que a más de un mes de haber llegado a un finiquito el presidente Nicolás Maduro no haya autorizado la firma del convenio.
Por eso, comentó, no solo hay protestas en Guayana sino también en Falcón, Zulia Yaracuy, Trujillo, Mérida, Sucre, Guárico y Portuguesa. La manifestación es tal, que buscan que el pliego conciliatorio se transforme en conflictivo para proteger a los trabajadores en una eventual huelga.
Les preocupa, además, las condiciones inseguras y la acentuación de la precarización laboral. De 12 camiones, solo hay dos operativos y no hay ni una aeronave operativa.
La desprofesionalización
Alarcón alertó sobre la desprofesionalización de la industria. Cada semana, asegura, hay entre 10 y 40 renuncias por los bajos salarios.
Los que deciden quedarse, como Yureth Rodríguez, con 10 años de servicio en auditoría, tiene que buscar un nuevo oficio. “Yo he estado vendiendo en El Perolero para poder cumplir con la guardería de mi bebé, que solo en eso son 9 mil bolívares y gano 23 mil”.
No solo eso, apunta Rodríguez, también deben soportar el deterioro del edificio administrativo, cuyo ascensor no funciona. “Tenemos que subir escaleras, y hay personas con discapacidad que no pueden”.
Otras empleadas como Marbella Gómez, también con 10 años de servicio, comenzó hace dos años a hacer transporte y a laborar en una empresa de publicidad para compensar la caída de su calidad de vida y cumplir con sus tres hijos: dos en edad escolar, y uno, en la universidad.
El rápido descalabro del estatus de los trabajadores de la antigua Edelca ha sido vertiginoso. Micsat Centeno, con 17 años de servicio, recuerda los inicios del deterioro y también cuando comenzó a vender chucherías en su casa para equilibrar el presupuesto familiar.
Como a los trabajadores que este miércoles marcharon, como una de las actividades en agenda, les parece una burla los retrasos en la firma y la falta de información oficial.
El secretario general cree que el Gobierno está eludiendo una responsabilidad que, a corto plazo, tendrá un costo más alto para el país.
Correo del Caroní
