Tras dos años y cinco meses sin respuesta a las demandas de cumplimiento de beneficios contractuales, trabajadores de la Empresa Nacional Salinera (Enasal), filial de PDVSA Industrial, ubicada en la Península de Araya, estado Sucre; se vieron en la obligación de irse a paro indefinido, como medida de presión para exigir el cumplimiento de los derechos adquiridos.
Carlos Guzmán, representante del Sindicato Bolivariano de Trabajadores del Complejo Salinas de Araya, informó que la decisión tomada en asamblea general de trabajadores comprende la paralización indefinida de la empresa en vigencia desde el pasado 26 de julio. Explicó que la directiva de Enasal ha incumplido reiteradamente sus obligaciones con los trabajadores, al ignorar incluso un auto emanado por la Inspectoría del Trabajo, donde el despacho reconoce los derechos obtenidos vía contrato colectivo.
Detalló que la irregularidad se registra desde el año 2012, cuando la empresa redujo parte de los beneficios contraídos vía contrato colectivo vigente desde el 2005, “nuestra principal exigencia se centra en el cumplimiento del pago de las utilidades y bono vacacional, la empresa está en la obligación de cancelar 120 días de bono de fin de año y están pagando solo 90, mientras de bono vacacional están en la obligación de cancelar 50 días y se están cancelando 45, además del disfrute de 30 días hábiles de descanso que tampoco se está respetando”.
Amenazas y retaliación
El represente gremial denunció a Provea que durante una asamblea celebrada el viernes 29 de julio, tras tres días de paro, los trabajadores recibieron una amenaza de suspensión del pago de salarios por parte de Denisse Arias, consultora de asuntos laboral PDVSA, como medida coercitiva para la suspensión de la acción de protesta.
“Nosotros presentamos un pliego conciliatorio en marzo de 2014, recibiendo en septiembre como única respuesta una negativa por parte de la empresa, desde entonces y tras otras dos suspensiones laborales no se ha logrado conciliar con el patrono, entonces los 415 trabajadores y afectados dijimos – ya está bueno, vamos a irnos al derecho a la protesta -”, señaló el líder sindical.
Filial de PDVSA
En el año 2010 el Gobierno Bolivariano, a través de la filial PDVSA Industrial, asumió las operaciones de producción, distribución y comercialización de las Salinas de Araya y creó la Empresa Nacional Salinera (Enasal). En ese entonces, PDVSA anunció a través de un comunicado de prensa que la empresa tenía capacidad de 120 mil toneladas de sal a granel para la comercialización en varios países. Hoy día García asegura que la empresa está parcialmente paralizada con una producción de cerca de 20 por ciento de su capacidad. “Desde el 9 noviembre de 2015, la refinería responsable de producir la sal de mesa o de consumo humano, se encuentra totalmente parada”.
Contrario a la promesa de “recuperación de la capacidad productiva y el aumento de la calidad de vida de sus trabajadores y la comunidad”, los trabajadores aseguran que la inversión de la empresa se ha limitado a incorporar maquinaria para explotar la salina sin inversión en infraestructura.
Asimismo, desmienten que Enasal haya honrado los compromisos con sus trabajadores, cancelando la mayoría de los pasivos laborales arrastrados de la administración pasada, “en el contrato que se firmó para la entrega de la concesión se estipulaba un dinero para el pago de pasivos, no sabemos si ese dinero se dio, el hecho es que a las manos de los trabajadores nunca llegó”.
También denuncian que es ya es costumbre de la empresa no apegarse a los anuncios de ajustes de aumentos presidenciales, “actualmente un empleado de las Salina está cobrando cerca de tres mil bolívares semanales”, fustigó.
Finalmente recordó la importancia que tiene la empresa como fuente de empleo para los pobladores de la península, donde la economía gira en torno a la pesca y la disminuida actividad turística. De no obtener un pronta respuesta, los trabajadores de la Salina amenazan con incorporar otras acciones de protesta como el cierre de las vías de acceso a Araya y manifestaciones frente a sede de PDVSA Costa Afuera. (Prensa Provea)
