Órganos de seguridad están siendo utilizados por los empleadores para acosar e intimidar a los trabajadores del estado Sucre, así lo denunciaron dirigentes de la Unión Regional de Trabajadores (URT) de dicha entidad, quienes aseguran que las acciones busca disuadir las demandas sobre el cumplimiento de derechos laborales, tales como el reengache de 143 puestos de trabajo ordenado por la Inspectoría del Trabajo.

José Antonio García, director del Frente Regional de Trabajadores de Sucre, denunció que desde el mes de abril se han aplicado distintos métodos de persecución y acoso contra los trabajadores en medio de movilizaciones y acciones de protesta, que van desde la represión de las acciones de calle hasta detenciones ilegales y arbitrarias.

Acusan a la Policía Municipal de Cumaná, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) y la Guardia Nacional Bolivariana; como los principales responsables de las acciones represivas, “la primera ocurrió el 22 de abril cuando los trabajadores del Mercado Municipal realizaban una protesta para exigir mejoras salariales, se presentó la Policía municipal y disolvió violentamente la concentración agrediendo a mujeres y trabajadores”, detalló García.

Igualmente, en otro hecho registrado en la planta de Atún Avecaisa, conocida por su nombre comercial de Atún Paraguaná, funcionarios del CICPC ingresaron a las instalaciones de la empresa para expulsar a la fuerza un grupo de trabajadores a quienes mantuvieron privados de libertad por varias horas.

García asegura que las protestas se incrementaron ante los anuncios de cierre y paralización de la producción de alimentos en la región, que dejaría desempleados a un importante grupo de trabajadores. “Solo en el estado Sucre cerca de tres mil trabajadores han sido despedidos de empresas pesqueras debido a la caída y suspensión de la producción, y ante los reclamos laborales los empleadores, apoyados en los organismos de seguridad han acosado y amedrentado a los trabajadores violando derechos, libertades y garantías constitucionales”, sentenció el dirigente gremial.

Junto a Provea, la URT Sucre elaborará un informe que será presentado ante la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y Asamblea Nacional, y en el que se detallarán las amenazas y obstáculos para el ejercicio de la libertad sindical y el incumplimiento, por parte de patronos públicos y privados, de las obligaciones derivadas de la Constitución, la legislación laboral y las convenciones colectivas que amparan a los trabajadores de la entidad. (Prensa Provea)

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