Los venezolanos mayores de 60 años y las venezolanas mayores de 55 años con 750 semanas cotizadas o más, tienen derecho a obtener su pensión por vejez producto del gran esfuerzo realizado durante años mediante el aporte de su fuerza laboral que contribuyó en su momento al desarrollo del país.
No poder acceder al goce de su derecho trae como consecuencia un gran desgaste físico y psicológico. Hoy en día, son personas que además de verse impedidas de acceder a su pensión por vejez, se ven obligadas a interrumpir su sueño cada mañana, trasladarse grandes distancias y recorrer varios supermercados al día para garantizar el desayuno y almuerzo del día siguiente.
Muchos afirman que las jubilaciones y pensiones en el país se encuentran sobrevaloradas, pues en los últimos 8 años el Gobierno ha alardeado con las altas cifras de pensiones por vejez otorgadas en Venezuela. Es así como el Ejecutivo afirma que 8 de cada 10 adultos mayores reciben su pensión, lo que se traduce en más de 3 millones de ciudadanos y ciudadanas, como garantía de sus derechos sociales establecidos tanto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Social y Culturales..
Sin embargo, muchas han sido las críticas a estas políticas públicas en el marco de los derechos sociales. Por una parte, existe un sector de la población de adultos mayores en Venezuela que aseguran que recibir el cálculo de un salario mínimo al mes no es suficiente para cubrir los gastos médicos. Es de destacar que las personas de la tercera edad son más propensas a ser objeto de un tratamiento médico en vista de del desgaste físico consecuencia de largos años de trabajo. El otro sector de la población asegura que su derecho a la alimentación se ve completamente violentado, ya que su pensión sólo cubre el 7.9% de la cesta básica nacional, como consecuencia de las pésimas políticas que han mermado en una crisis económica en el país.
Edgar Silva, Coordinador del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de los Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad ha denunciado públicamente que cerca de 11.700 que se encuentran residenciados en el exterior no reciben su pago desde noviembre de 2015.
Producto de estas malas políticas, muchos abuelos y abuelas han decidió emigrar, y las razones son múltiples; una parte asegura que la crisis en materia farmacéutica no permite encontrar sus medicinas para el tratamiento de enfermedades que van desde el cáncer hasta la enfermedades cardíacas. Otros aseguran que la delincuencia que azota el país, afecta su calidad de vida y no pueden gozar de los últimos años de su vida en paz.
Pues sí, no todas las personas que han decidido emigrar de Venezuela son jóvenes, profesionales y con grandes capacidades físicas; también hay adultos mayores que han decido irse del país y solo aspiran recibir su pensión, como es su derecho, en el país receptor. Y se dice que solo aspiran recibir su pensión en el exterior, porque el Estado no se ha hecho esperar, en querer instaurar cientos de trabas para que ello no suceda.
Tal es el caso de la señora Laura Veliz que se ha visto en la necesidad de trasladarse a la Ciudad de Tenerife en el Reino de España, ya que en Venezuela no encontró sus medicamentos y el trato en los Centro de Salud fue bastante ineficiente. Como consecuencia, la ciudadana introdujo todos los recaudos concernientes ante Pensiones en el Exterior del IVSS el 22 de octubre del año 2015, donde le informaron que era necesario hacer la apertura de una cuenta en el Banco Santander de España, donde recibiría su pensión. Sin embargo, luego de abrir la cuenta bancaria, se le informo que “debía esperar un año o más para poder recibir su pensión en el exterior ya que en Venezuela no hay divisas que permita realizar el deposito”.
Esta Situación se repite una y otra vez, producto de un control cambiario instaurado por el Estado venezolano, que no consigue un fin y afecta a miles de venezolanos y venezolanas que han decidido emigrar del país, contrariando lo establecido en el artículo 80 de nuestra Carta Magna que establece: “El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida…”, lo cual el Gobierno no ha respetado y está lejos en hacerlo mientras no se generen políticas económicas y sociales que pongan fin a esta grave problemática.
Edwin Gil
Programa de Exigibilidad en DESC
