La Federación Internacional de Periodistas (FIP) calificó como muy grave y preocupante la medida que un juez penal dictó contra el periodistas venezolano Francisco Pérez, a quien además de condenó a tres años y nueve meses de prisión, lo inhabilitó profesional y políticamente y lo multó con una suma equivalente a 20 mil dólares.
Pérez, redactor por más de cuarenta años de una columna periodística en el Diario «El Carabobeño», de Valencia, una de las ciudades más importantes del Venezuela, había sido acusado por el presunto delito de «injuria y ofensa a funcionario público» tras informar acerca de actos de nepotismo en los cuales habría incurrido al alcalde de la citada ciudad, Edgardo Parra.
«Se trata de una sentencia brutal e inaceptable que tiene pocos precedentes internacionales, pues contiene cuatro sanciones en una. Rechazamos enérgicamente este nuevo caso de manipulación de la justicia en Venezuela dirigida contra las voces críticas de las ejecutorias del funcionariado público», expresó Aidan White, Secretario General de la FIP.
La sentencia contra Francisco Pérez se produje justamente cuando periodistas de todo el mundo luchan por la despenalización de los delitos de prensa.
La FIP mantiene gran preocupación por el clima hostil en que continúan desarrollando su trabajo medios y periodistas. Entre los hechos más recientes destacan la detención del reportero gráfico Simón Clemente, del diario 2001, el 23 de mayo por ejercer su trabajo frente a la casa presidencial en Venezuela, lo cual está considerado «zona de seguridad».
De la misma manera, condenó el lanzamiento de bombas incendiarias contra la sede de los diarios «Ultimas Noticias», «El Mundo» y «Líder», ubicados en la Torre de la Prensa, en Caracas, lo cual por fortuna no dejó daños que lamentar, pero que constituyen un hecho que evidentemente se inscribe en la intención de intimidar a la prensa libre.
Otra grave suceso lo constituye la averiguación abierta contra los reporteros Carmen Marín de Final y Junior Lugo, del diario La Mañana, de Coro, quienes reportaron sobre la presunta incineración de lotes de comida descompuesta en la zona de Tigua daré, Estado Falcón y están siendo llamados a declarar sobre esa cobertura, que las autoridades locales señalan como un montaje.
Finalmente, la FIP sigue con especial preocupación las acciones que puedan afectar la operatividad del canal de noticias Globovisión, a cuyo propietario Guillermo Zuloaga, se le ha dictado medida preventiva de detención, señalado de supuestas prácticas comerciales ilícitas, no relacionadas con el medio de comunicación, pero que él empresario señala como parte del asedio y las presiones que el gobierno venezolano ha mantenido sobre el canal de tv desde hace varios años.
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