Si bien, como han reiterado algunos analistas, el tema de la ineficiencia estatal forma parte de las causas que originaron el vencimiento de alimentos que debían ser distribuidos por la red PDVAL, el problema de fondo de esta situación, desde una perspectiva del derecho a la alimentación, es la ausencia de una política coherente para garantizar la soberanía alimentaria en el país.
Precisamente las recientes declaraciones del ministro de Alimentación, Felix Osorio, intentaron responder las acusaciones sobre mal manejo de los alimentos suministrando cifras que ratifican la alta dependencia de Venezuela de la compra de productos de la cesta básica nutricional fuera de nuestras fronteras. Según los datos que suministró, un 70% de los alimentos que consumen los venezolanos son importados.
En primer lugar esta situación genera interrogantes acerca del impacto de las políticas de redistribución de la tierra, de la presunta lucha contra el latifundio y de impulso de la agricultura adelantadas por el Ejecutivo Nacional, la cual teóricamente deberían haber aumentado la producción de alimentos en el país. Sin embargo los datos apuntan en otra dirección. Según los números de la CEPAL Venezuela habría incluso reducido su cantidad de hectáreas cultivadas, pues en el año 1990 habría registrado 21.860 hectáreas, las cuales se redujeron para el año 2005 a 21.690.
Si bien las estrategias oficiales han promovido a las cooperativas como actores clave en las políticas destinadas al campo, este protagonismo ha sido potenciado en forma artificial desde el vértice del Estado. Como alertó el investigador Dick Parker en un trabajo sobre la soberanía alimentaria “El problema es que una experiencia cooperativa exitosa no se puede improvisar. Y se trataba de entregar la tierra, no a cooperativas ya constituidas y consolidadas, sino a cooperativas formalizadas como tales al momento de la entrega o, por lo menos como condición de ella”. En este sentido Provea ha reiterado como prioritario que el Gobierno Nacional incorpore a los pequeños y medianos productores, incluyendo a la agroindustria, manteniendo el apoyo prioritario a los sectores campesinos, a través de la convocatoria a un amplio diálogo que tenga por finalidad evaluar las estrategias implementadas hasta ahora.
La acentuada dependencia de alimentos importados es un problema estructural, sin embargo se ha agravado en las dos últimas décadas. A pesar de las limitaciones de la reforma agraria realizada en el año 1960, esta contribuyó a que entre los años 1969 y 1988 el Producto Interno Bruto agrícola creciera a un ritmo mayor que el de la población. Esta situación se revirtió a partir del año 1989, cuando se aplicaron en Venezuela medidas de ajuste estructural aconsejadas por el Fondo Monetario Internacional, significando la década de los 90´s estancamiento en la producción agrícola. A partir del año 2003 se incrementó significativamente el consumo de alimentos en el país, demanda que elevó la curva de crecimiento del total de alimentos importados. En este sentido la política económica adelantada ha profundizado el modelo basado en la extracción energética, en sintonía con las exigencias de la globalización para los países del llamado “Tercer Mundo”, en donde el desarrollo basado en las llamadas “ventajas comparativas” es antagónico a las intenciones de sustentabilidad en base a una economía “endógena”.
Por lo anterior la política de adquisición y distribución de alimentos a precios subsidiados descansa, en gran medida, en la capacidad de compra del Estado y no en el aumento de la producción. Esto la hace muy vulnerable y dependiente de los precios de su principal fuente de ingresos, el petróleo, que ha mostrado gran volatilidad en el mercado internacional. La necesidad de mostrar resultados a corto plazo ha impedido una real planificación a largo plazo que no solamente descanse en las definiciones ideológicas y voluntaristas, sino que evalúe con responsabilidad las dimensiones técnicas, ambientales y sociales del problema. Es por ello que en medio de la alta pugnacidad política, así como una estrategia basada en la proyección mediática, el dinero del petróleo estará allí para comprar afuera los alimentos a ser consumidos por la población. Paradójicamente, esta posibilidad no ha permitido la optimización del uso de los recursos, amparando diferentes irregularidades como las que se han venido denunciando en los últimos días.
Esta situación de la alta importación de alimentos desmiente la creación de una política de soberanía alimentaria entre nosotros. Además, la alta inflación presente en el sector alimentos ha mermado el aumento de su consumo y la recuperación del poder adquisitivo que la población experimentó entre los años 2006 y 2008, los cuales eran visibilizados como logros del gobierno nacional. El tema de la inflación exige una atención especial dado que se trata de un fenómeno que afecta en mayor medida a los sectores más pobres, quienes destinan un mayor porcentaje de sus ingresos a la compra de alimentos y que es un ingrediente del aumento de la conflictividad social presente hoy en Venezuela.
Rafael Uzcátegui
Coordinador del Área de Investigación de Provea
