El 29 de enero de 2009 funcionarios de la policía del estado Anzoátegui asesinaron a dos trabajadores en los predios de la empresa automotriz Mitsubishi. Se llamaban José Marcano y Pedro Suárez y participaban de una toma pacífica de las instalaciones de dicha empresa. La arremetida policial dejó como saldo además 12 personas heridas. Frente a tales hechos el gobernador del estado Tarek William Saab adoptó una posición digna que reconocimos en su oportunidad. Facilitó las investigaciones que adelantó el Ministerio Público e inició una investigación administrativa, todo con la finalidad de que los crímenes no quedaran impunes. Once meses después los agentes Juan Álvarez , Joan González y Antoni Febres, luego de confesarse culpables, fueron condenados a más de 15 años de prisión.

Semanas después de los asesinatos el gobernador anunció por los medios de comunicación regionales que indemnizaría a los familiares de las víctimas. Se comprometió igualmente a garantizar becas a los hijos de los trabajadores asesinados para que estos pudiesen continuar sus estudios. En medio del dolor tal ofrecimiento generó esperanzas en las familias pues se acentuaba su ya precaria situación económica. El gesto además fue valorado por muchos sectores políticos y sociales como un ejemplo de la actitud que debería asumir un gobernante ante violaciones graves a los derechos humanos. Parecía una actitud coherente de quien en el pasado fue un reconocido activista en la defensa de los derechos humanos.

Pero las palabras no se tradujeron en hechos. El ofrecimiento fue usado como propaganda política y se burló el gobernador de la humildad y necesidad de las familias. Ello motivó que trabajadores y trabajadoras de la empresa Mitsubishi y los familiares realizaran el pasado 11 de junio una protesta pacífica frente a la gobernación denunciando públicamente las mentiras del gobernador y reclamando cumpla lo prometido.

Hemos tenido la oportunidad de acompañar junto a la Fundación de Derechos Humanos del estado Anzoátegui a los familiares del obrero asesinado Pedro Jesús Suárez. Sabemos de las condiciones económicas muy difíciles de la familia y de los esfuerzos realizados para conseguir recursos con la finalidad de desplazarse de una institución a otra reclamando justicia.

Conocemos de las innumerables gestiones adelantadas para solicitarle desde hace varios meses una audiencia al gobernador sin que hayan tenido respuesta. A través de los medios de comunicación regionales han emplazado al gobernador a que de respuesta y a la fecha lo único obtenido es que con recursos de la gobernación se difundiera la falsa información de que se había indemnizado a los familiares.

Todavía, señor gobernador, tiene tiempo de rectificar. Su actitud ejemplar al inicio de los lamentables acontecimientos la está empañando al engañar a estas humildes familias. No se trata de dar dádivas, se trata de cumplir con un derecho de las familias y un deber del Estado. Usted lo sabe bien, estimado Tarek.

Marino Alvarado
Coordinador General
Provea

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