Las perdidas por efectos de las toneladas de alimentos que se dejaron podrir son incuantificables. Para los trabajadores venezolanos esta acción nefasta y perversa es una afrenta, porque los alimentos en cuestión son importados y significan la promoción de miles de puestos de trabajo en otros países mientras en Venezuela los niveles de desempleo aumentan cada día por la obsesión destructiva del Gobierno hacia la propiedad privada y hacia centros agrícolas en pleno proceso productivo. Mas pudo la improvisación y la incapacidad en un manejo tan delicado como es el de garantizar la seguridad alimentaria. No fueron capaces de diseñar un mecanismo de almacenamiento y de distribución que pudiera darle repuesta a las necesidades de una situación que fue provocada por el Gobierno mismo.
Por otra parte, los trabajadores consideramos que buena parte del dinero con que se cancelaron esas importaciones proviene de la recaudación fiscal del SENIAT, y por lo tanto tenemos todo el derecho de saber que se esta haciendo con nuestro dinero, el cual es un esfuerzo individual que representa la seguridad social de nuestras familias, mientras los sistemas de salud se deterioran cada vez mas, los planteles educativos van de mal en peor, la inseguridad nos tiene presos en nuestros hogares, los servicios públicos se desmoronan, vemos con impotencia como se entrega nuestra soberanía a funcionarios extranjeros como es el caso de la Ministra cubana que maneja a Pdval.
El Presidente de la Republica ha tratado de banalizar los hechos, ha tratado de hacerlo ver como un hecho intrascendente. Pues no, los trabajadores que hoy nos sentimos agredidos por la encarcelación de Rubén González, Secretario General del Sindicato de Ferrominera, por la persecución a los trabajadores de la CVG y a los trabajadores de Sidor que tienen un expediente abierto no pronunciamos por una investigación abierta transparente y profunda, no deben quedar pormenores sueltos, los trabajadores venezolanos necesitamos conocer la realidad de los hechos, necesitamos saber cual es la responsabilidad del Ministro Rafael Ramírez y de los funcionarios que estuvieron al frente de las operaciones y necesitamos saber cual es la responsabilidad directa del Presidente de la Republica en los hechos, porque nadie da un paso si no tiene su autorización.
Como trabajadores y como ciudadanos estamos interesados en conocer todas las implicaciones porque no es solamente la importante erogación de los dineros del pueblo dilapidados irresponsablemente, también esta la existencia del aparato productivo, la conservación de los puestos de trabajo, la defensa de nuestros beneficios contractuales. El Gobierno se niega a discutir las Convenciones Colectivas del Sector Público y donde las firma, o las desmejora o después no las cumple como son los casos del Metro de Caracas, Pdvsa y Ferrominera . La excusa es que no hay dinero y por esa razón están imponiendo los consejos obreros cuyo principal objetivo es exigir sacrificios para mantener una revolución que hasta ahora no ha mostrado nada positivo para los venezolanos.
Los trabajadores venezolanos exigimos justicia.
Lunes, 05 de julio de 2010
José Luis Alcocer, Coordinador de UNIDAD MATANCERA en SIDOR
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