La directora de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, sostuvo que tras las normativas legales creadas desde la Asamblea Nacional (AN) contra las organizaciones no gubernamentales el gobierno busca disminuir sus funciones contraloras democráticas.
Esto obedece a que en los últimos años, según San Miguel, esta función ha dado cuenta de los “gravísimos retrocesos” en materia de derechos humanos.
Señaló que la intención de cercenar y establecer fuertes mecanismos de restricción del funcionamiento de las ONG’s y la posibilidad de recibir financiamiento, organizaciones como Provea o IPYS «han dejado una estela de claridad de lo que es el derecho a acceder a lo que es la cooperación internacional».
Entre las leyes que afectan el desempeño de estos organismos esta la Ley de Contraloría social, aprobada por la AN en primera discusión, y que según San Miguel “tiene aspectos gravísimos contenidos en los artículos 2 y 8 que prohíben el derechos de remuneración alguna para aquellas personas que ejerzan el derechos de contraloría social”
«Las ONG’s están sometidas a toda una serie de revisiones del Seniat, del Código Civil, del Código Penal, de la Declaración Internacional que protege el trabajo por los derechos humanos suficientemente», añadió San Miguel.
Unida a la Ley de Contraloría está la de Cooperación Internacional, también aprobada ya en primera discusión en la AN, y con la que se podría poner coto a los patrocinios de entes foráneos, lo que podrían en entre dicho el funcionamiento de estos organismos que sin duda dependen en gran parte de estos aportes.
Señala que cuando las ONG’s trabajan en países democráticos «puede haber diferencias y algún tipo de incomodidad pero no al plano de llegar a establecer normativas y regulaciones que impidan su funcionamiento y eso es lo que definitivamente se intenta que ocurra en Venezuela». (EU, 20.07.10)
