El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, rechazó el persecución judicial a la que están siendo sometidos los miembros de Espacio Público y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y solicitó a las autoridades venezolanas poner fin a todos los procesos abiertos contra dichas organizaciones.
La Federación Internacional de Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura expresó su preocupación por la investigación abierta por el Ministerio Público contra las agrupaciones y las denuncias formuladas por el presidente Hugo Chávez, quien acusó a los integrantes de las mismas de recibir financiamiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Versión que ha sido negada por los directivos de ambas agrupaciones, los cuales aclararon que sus programas son financiados por la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras instituciones no gubernamentales.
Establecen, que el artículo 13 de la Declaración Universal sobre los Defensores de Derechos Humanos, permite a los activistas buscar fondos para promover las garantías fundamentales.
La agrupación internacional le envió esta carta al Jefe del Estado, a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz; al ministro del Interior, Tareck El Aissami; y a la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez.
En los últimos años los activistas pro garantías fundamentales han denunciado ante organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el incremento de los riesgos para ejercer su labor. Específicamente han señalado que en la última década 72 defensores de Derechos Humanos han sido asesinados en Venezuela. (EU, 26.07.2010)
