“No estamos en contra del Presidente ni de nadie. Lo que queremos es que se respete el artículo 260 de la Constitución y que el Tribunal Supremo de Justicia diga si los tres Yukpa presos van a juicio indígena u ordinario”, explica Sabino Romero Martínez, cacique de la comunidad de Chaktapa.
Más de cien familiares de los dirigentes indígenas Yukpa detenidos en el Fuerte Macoa en Machiques (Sabino Romero Izarra, Olegario Romero y Alexander Fernández) permanecen desde hace nueve días en la plaza Manuela Sanz, frente al TSJ, para exigir que la Sala Constitucional decida si es posible que el caso sea sometido a la justicia indígena.
La Constitución establece en su artículo 260 que “las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarias a esta Constitución, a la ley y al orden público. La ley determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”.
En febrero de este año, el grupo de indígenas presentó una acción de amparo y todavía no han recibido respuesta. “Hay un retardo procesal porque el pronunciamiento de cualquier tribunal del país en materia de amparo debe hacerse en un tiempo no mayor a 15 días y ya van cinco meses. Hace más de un año hubo una situación confusa en la que murieron tres personas y se abrió un proceso penal. Los familiares introdujeron el amparo para que el TSJ dé una argumentación bien fundamentada, pues los tres Yukpa llevan nueve meses privados de libertad”, señala Marino Alvarado, coordinador general de Provea.
HASTA QUE LOS ATIENDAN
“Queremos que los presos sean liberados porque ese problema lo podemos resolver nosotros mismos.
No pasó en territorio watía (hombre blanco), sino indígena. Estamos exigiendo nuestros derechos. Hoy son ellos pero en otro momento podría ser otro compañero o hermano indígena”, manifiesta Daisy González Romero, cacique de la comunidad de Guamo Pamocha y esposa de Olegario Romero.
Por su parte, Carmen Fernández, cacica de la comunidad de Kuse y madre de Alexander Fernández, asegura que también están solicitando que sus parientes sean trasladados a un sitio de reclusión especial para indígenas, como el Centro Piloto de El Tocuco, en la Sierra de Perijá, donde se encuentran recluidos más de 60 caciques.
“En el Fuerte Macoa están sufriendo: les dan agua sucia, comen comida ácida y se bañan con agua sucia.
Las mujeres cuando vamos a la visita también somos maltratadas. Nos mandan a quitarnos la ropa”, añade.
Aunque no han recibido la visita de ningún funcionario del TSJ, los Yukpa no se rinden y afirman que seguirán protestando hasta obtener respuesta. “Estamos aquí viviendo y durmiendo para exigir a la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, que nos informe qué va a pasar con nuestros familiares. No nos vamos a mover de aquí hasta que no nos atiendan”, advierte. (Patty Fuentes, Tal Cual, 28.07.10)
