Venezuela cuenta con 1.840 jueces y juezas para todo el territorio nacional. 984 (54%) son titulares. Del total de jueces y juezas, un poco menos de la mitad son jueces y juezas penales (807), lo cual representa un promedio de casi tres jueces o juezas penales (de control, juicio y ejecución) por cada (100.000) cien mil habitantes, pero en algunos de los estados con más población (Aragua, Anzoátegui, Carabobo, Lara y Zulia), no llega ni siquiera a dos jueces por 100.000 habitantes. El asunto es grave porque en estos estados es donde también las estadísticas muestran que hay mayor delincuencia, especialmente los estados Aragua y Carabobo donde se denuncian más de 20 mil delitos violentos al año, teniendo cada juez que atender teóricamente, más de 800 denuncias al año, cuando el promedio nacional es de 316 denuncias (delitos conocidos) al año. Por lo cual es urgente el nombramiento de más tribunales penales en estos estados, así como más despachos fiscales y defensorías públicas.
Suponiendo que por cada fiscalía con competencia en derechos fundamentales (32) exista al menos un o una fiscal titular y una auxiliar, la capacidad del Ministerio Público de cubrir oportunamente la demanda de casos de violaciones a los derechos humanos (6.422) que se denuncian ante esta institución es de 174,5 denuncias por fiscal al año.
Tal como lo expresó la misma Fiscal General durante las I Jornadas de Reflexión de Lucha contra la Impunidad: “En la fase de investigación la cantidad de denuncias no siguen el curso legal correspondiente porque las mismas rebasan la real capacidad de las instituciones encargadas de dicha fase”.
Para ilustrar con cifras lo afirmado por la ciudadana Fiscal, en el Informe Anual correspondiente al año 2008, esta institución revela que: específicamente la dirección de Derechos Fundamentales, recibió un total de 6.422 casos relacionados con violaciones de derechos humanos de los cuales se produjeron 3.688 actos conclusivos y en consecuencia resultaron imputados 584 funcionarios públicos, entre los cuales 463 fueron acusados formalmente, lo que representa un 12,55% frente a la cantidad de actos conclusivos y un 7,20% frente a la cantidad de casos denunciados. De estos, sólo 22 terminaron con sentencias condenatorias. El alto nivel de denuncias recibidas por el Ministerio Público demuestra que hay un significativo acercamiento de la ciudadanía a esta institución al momento de denunciar, sin embargo siguen operando mecanismos de impunidad, sobretodo en la etapa de investigación que no favorece el logro de suficientes acusaciones por parte del Ministerio Público.
Recomendaciones
** A la Comisión Nacional del Sistema Judicial
1. Desarrollar políticas judiciales que garanticen el acceso a la justicia, en especial de grupos en situación de vulnerabilidad, de forma permanente, evaluando su evolución e impacto.
2. Crear un mecanismo de coordinación de agendas en materia penal que evite la suspensión de audiencias por ausencia de las partes.
** A los Tribunales disciplinarios
3. Establecer medios para combatir la corrupción que no supongan una amenaza a la independencia y la imparcialidad judicial.
4. Implementar políticas para establecer sistemas disciplinarios justos y efectivos, donde se garantice el debido proceso, la publicidad y transparencia, evitando así que se utilice el sistema obedeciendo a motivaciones políticas u otros intereses.
** Al Tribunal Supremo de Justicia
5. Promover las Reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de grupos en condición de vulnerabilidad.
6. Garantizar el derecho de toda persona de ser juzgada por sus jueces o juezas naturales, con arreglo a procedimientos legalmente establecidos, conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
7. Promover el Estatuto del Juez Iberoamericano así como los principios relativos a la excelencia judicial.
8. Impulsar la publicación de sentencias de los tribunales de inferior jerarquía, de la manera más amplia posible a través de la plataforma TSJ Regiones.
9. Dar instrucciones precisas a los jueces y juezas presidentes de circuitos judiciales, las juezas y jueces rectores, los coordinadores y coordinadoras de las oficinas de atención al público de todas las circunscripciones judiciales sobre la obligación de facilitar el acceso a la información a los familiares y víctimas de violación de los derechos humanos en todo el proceso penal.
** A la Escuela de la Magistratura
10. Disponer de centros de capacitación judicial dirigidos a la actualización de los jueces y juezas, así como el desarrollo de las capacidades técnicas y de las actitudes éticas adecuadas para la aplicación correcta del Derecho.
11. Implementar talleres de formación en derechos humanos para todas y todos los miembros del Poder Judicial.
** A los Departamentos de estadística
12. Contar con sistemas automatizados que les permitan conocer en un momento determinado:
a. Número de funcionarios existentes y su distribución territorial,
b. Número de casos ingresados y decididos,
c. Duración media de los procesos según jurisdicción,
d. Carga de trabajo y distribución de la misma,
e. Sueldo de funcionarios,
f. Expliquen a qué se refiere cada término o categoría que utilizan, y g. Publiquen datos que permitan hacer cruces de información.
13. Procurar que los datos publicados sean de fácil comprensión y accesibles al público en general. La publicación de los informes en el portal web de la institución es recomendable.
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