Por este mismo caso, otros tres sindicalistas, dos de ellos acusados por el delito de sicariato, fueron pasados a juicio por su vinculación con hechos irregulares que condujeron al deceso de los dirigentes sindicales de la construcción Carlos Alberto Méndez y Carlos Danielo Ávila Dávila, según informó el sitio web del Ministerio Público.
Los procesados y sentenciados forman parte del Sindicato Estatal Integral de Trabajadores de la Construcción y Conexos del estado Mérida (Sineitracom), organización que se fundó el 5 de enero de 2002, con el fin de velar por el bienestar de la clase obrera del referido estado.
En la audiencia preliminar, los fiscales 41° nacional y 2° auxiliar de esa jurisdicción, Franklin Nieves y Yudith Rivas, respectivamente, ratificaron la acusación contra los hermanos Juan y Orlando Mendoza Rodríguez; Jean Ramírez Parra; Esteban Jobo Barrios e Idelvy Parra Acosta, por incurrir en los delitos de extorsión, asociación para delinquir y obstrucción de la libertad de comercio, en perjuicio de 11 empresas de la construcción al lesionar el derecho al trabajo y la libertad de comercio.
Respecto a Juan Mendoza Rodríguez, además de los delitos anteriormente mencionados, también se le ratificó la acusación por lesiones intencionales menos graves, en perjuicio de Ávila Dávila (quien posteriormente murió víctima de un sicariato).
Juan Mendoza, quien admitió su responsabilidad en los delitos por los cuales el Ministerio Público lo acusó, cumplirá una pena de 5 años y 6 meses, mientras que Orlando Mendoza, Jean Ramírez, Estebán Jobo e Idelvy Parra, asumieron estar involucrados en tales acciones y fueron condenados a 5 años cada uno.
El grupo encabezado por los hermanos Mendoza Rodríguez, cumplirá la pena en el Centro Penitenciario de la Región Andina.
En la misma audiencia, celebrada ante el Tribunal 1° de Control de Mérida, también se ratificó la acusación contra María Sosa Márquez y María Gloria Sosa, por los delitos de asociación para delinquir y obstrucción a la libertad de comercio. Ambas, luego de admitir los hechos, fueron condenadas a cumplir la pena de tres años, por lo que la instancia judicial antes mencionada le otorgó medidas cautelares, consistente en presentación cada 15 días y prohibición de salida de esa jurisdicción.
A juicio
Con relación a los pasados a juicio, la conforman Yorsi Carrero Rojas, Iván Ramón Parra y Ronny Alexander Carrrillo. Al primero le fue ratificada la acusación por la presunta comisión del delito de sicariato en perjuicio de Carlos Alberto Méndez; así como extorsión, asociación para delinquir y obstrucción de la libertad de comercio. Actualmente, se encuentra privado de libertad.
En el segundo caso, se ratificó la acusación contra Parra, por los delitos antes mencionados, además de sicariato en perjuicio de Méndez y Ávila Dávila; sin embargo, el citado Tribunal mantuvo la medida cautelar, la cual consiste en presentación cada 15 días y prohibición de salida del estado.
Por último, Ronny Alexander Carrillo fue pasado a juicio por los delitos anteriores, salvo el de sicariato. El Tribunal mantuvo la privativa de libertad.
De acuerdo con la investigación, este grupo de personas condenadas y enjuiciadas, a partir de 2005 se habrían dedicado a extorsionar, amedrentar, amenazar con armas de fuego a los trabajadores afiliados, a causar lesiones con objetos contundentes a los obreros de la misma organización.
También habrían favorecido la invasión de bienes inmuebles (sede de la casa sindical); amenazado de muerte a empresarios y obreros, propiciado el desplazamiento de otros sindicatos para que Sineitracom se quedara con las obras de la construcción y apropiado indebidamente de los fondos de la organización.
En vista de toda esta situación de las mismas filas del sindicato, surgió la Unión Bolivariana de Trabajadores (UBT), cuyos líderes (Méndez y Ávila Dávila), fueron muertos a tiros.
Por estos mismos hechos, actualmente existen otras ocho órdenes de aprehensión, las cuales no han logrado materializarse. (Ministerio Público, 26.10.10, http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest)
