El Consejo General de Policía (CGP), ante los hechos acaecidos en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela el día domingo 21 de noviembre pasado, y cumpliendo con su deber como instancia asesora al órgano rector en materia policial, manifiesta que:
El servicio de policía debe ser prestado para garantizar el orden público, proteger el estado de derecho y de justicia y garantizar la paz ciudadana respetando a los derechos humanos.
La actuación de los funcionarios de la Policía Metropolitana (PM) al finalizar el encuentro deportivo es contraria a varios de los principios establecidos en las leyes venezolanas que rigen la función policial, en particular las normas básicas de actuación policial y los principios del uso gradual de la fuerza establecidos en los artículos 65 y 70 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (LOSPCPNB).
Entre los principios vulnerados están la proporcionalidad de la actuación de los funcionarios y funcionarias de policía de acuerdo a la gravedad de la situación y su obligación de propender a la solución de los conflictos a través de la mediación, conciliación y demás mecanismos alternativos a fin de garantizar la paz ciudadana.
Con total independencia de las agresiones verbales que los asistentes al evento deportivo propinaron a los funcionarios, en las fotografías y videos difundidos públicamente se muestra que hubo un uso desproporcionado de la fuerza en contra de los fanáticos, entre los que había personas con movilidad reducida y niños, niñas y adolescentes. Asimismo, son injustificados los destrozos ocasionados a las instalaciones del Estadio Olímpico, el cual forma parte de la Universidad Central de Venezuela (UCV), declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.
El Consejo General de Policía, respondiendo a lo demandado por los venezolanos a través de la Consulta realizada por la CONAREPOL en 2006, viene trabajando en la creación de los estándares policiales y la formación necesaria para evitar que se produzcan este tipo de situaciones y para brindar a los funcionarios policiales las herramientas necesarias para actuar de manera ajustada a sus funciones y al servicio que prestan.
Es por ello que la Secretaría Ejecutiva del CGP insta al Consejo Disciplinario de la Policía Metropolitana a iniciar las investigaciones pertinentes para sancionar a los funcionarios responsables de acuerdo a sus competencias establecidas en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y la Ley del Estatuto de la Función Policial.
Asimismo, y en virtud de tratarse de un hecho que es del conocimiento público, instamos a la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo a que activen los mecanismos y acciones correspondientes para garantizar el cumplimiento de los principios consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes que rigen la actuación de los cuerpos de seguridad del estado y en particular de la función policial.
Finalmente, el CGP insta a todos los cuerpos de policía del país y a todos los funcionarios y funcionarias a adecuar sus actuaciones a lo establecido en la Constitución y las leyes que rigen la función policial.
