“Todos los países del Mercosur tienen Plan Nacional de Derechos Humanos, sin embargo Venezuela que aspira a ser miembro de derecho pleno en esta organización no solo no tiene un plan sino que rechazó la propuesta de tenerlo hecha por Brasil en el marco del Examen Periódico Universal” (EPU) según afirmó Marino Alvarado del Programa Venezolano de Educación en Derechos Humanos (Provea) en el marco de una rueda de prensa con motivo del cierre del ciclo de evaluación del EPU en el que Venezuela rechazó 52 recomendaciones y aceptó 97.
Feliciano Reyna, presidente de la Red Sinergia y quien representara a 150 organizaciones no gubernamentales venezolanas la semana pasada en el Consejo de Derechos Humanos destacó la incongruencia de que Venezuela rechace las recomendaciones hechas argumentando injerencia cuando aspira a formar parte del Consejo de Derechos Humanos.
Reyna mencionó que la Defensoría del Pueblo venezolana debió haber jugado un papel distinto, más crítico, y lo que hizo fue respaldar la gestión de gobierno. En el Consejo de Derechos Humanos las Defensorías son consideradas como organizaciones autónomas y con frecuencia son críticas con los Estados.
Reyna insistió en que este tipo de recomendaciones no solo son para el Estado centralizado sino que deben ser acogidas por los entes regionalizados (gobernaciones, alcaldías, concejos municipales) así como quienes aspiren a dirigir esas instituciones en las próximas elecciones.
Tanto Alvarado como Reyna insistieron en que el conjunto de las organizaciones que representan esperan que se ponga en marcha tanto lo aceptado en las recomendaciones como lo rechazado para lo cual están dispuestos a apoyar al Estado en la realización de un Plan Nacional de Derechos Humanos.
