La Responsabilidad del Estado por daños y perjuicios en tragedia de Amuay

La Constitución de la República establece con absoluta claridad la responsabilidad del Estado venezolano por los hechos ocurridos en la Refinería de Amuay y los daños y perjuicios que debe indemnizar.  El artículo 140 de la Constitución establece: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la Administración Pública.”

En la exposición de motivos de la Constitución se aclara más este aspecto:  “…la obligación directa del Estado de responder patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre  que la lesión sea imputable al funcionamiento, normal o anormal de los servicios públicos y por cualesquiera actividades públicas, administrativas, judiciales, legislativas, ciudadanas o electorales de los entes públicos o incluso de personas privadas en ejercicio de tales funciones

En el Caso de Amuay estamos ante hechos provocados por una empresa compañía  anónima de carácter público donde el Estado venezolano es el único dueño de las acciones.

Por su parte el artículo 259 también de la Constitución establece  que son los órganos de administración de justicia contenciosos administrativos los competentes para “condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración”

De manera tal que las víctimas  de la explosión en Amuay tienen el derecho de ser indemnizadas por el gobierno de manera integral. El gobierno no debe esperar que lo demanden.

Una forma de indemnización ya se hizo cuando los integrantes de la Fuerza Armada que lamentablemente fallecieron fueron ascendidos post-morten. Pero ello no basta. Qué pasará con las esposas e hijos? Quién garantizará el sustento, los gastos de escuela de niños y adolescentes. Por iniciativa propia y como un hecho de justicia  social el presidente Chávez debe ordenar que se garantice una beca de estudio a los niños y niñas y adolescentes hasta que cumplan la mayoría de edad. Si las familias tenían créditos de vivienda con algún ente del Estado condonar esa deuda y si lo eran con entidades privadas pagar esa deuda. Igualmente debe correr con todos los gastos de atención psicológica y médicos que sean necesarios  por los traumas y sufrimientos que la pérdida del familiar cause.

Aquellas personas residentes de la zona afectadas en su vivienda también deben ser indemnizadas. No solo es cuestión de “reparar” la vivienda. La indemnización debe abarcar más pues también hay personas civiles que fallecieron y para ellos deben aplicarse las indemnizaciones anteriores. Todas las personas que resultaron lesionadas tienen el derecho no solo a una atención de emergencia sino a un tratamiento completo incluyendo el psicológico. Esa atención debe abarcar los gastos en medicina y cualquier proceso de rehabilitación que requieran.

Los trabajadores de empresas privadas y pequeños negocios perdieron sus empleos también deben ser atendidos. El gobierno debería otorgar a ellos oportunidades de empleo inmediatas y pagar las prestaciones sociales que los comerciantes no están en la actualidad en capacidad de pagar. Los comerciantes tienen el derecho a que se les indemnice y se calcule el llamado lucro cesante. No solo lo que perdieron, sino lo que dejaran de percibir durante un buen tiempo. Para ellos debe haber créditos en lo inmediato a intereses muy bajos que les permita retomar sus actividades comerciales y otros tipos de ayuda como la asesoría legal en aquellos casos donde los comercios estaban asegurados.

El Tribunal Supremo de Justicia ha establecido que “Así, independientemente de que la actividad de la Administración fuese lícita o ilícita, con o sin culpa, si ésta le ha causado un daño a un administrado, la administración debe responder patrimonialmente.” Igualmente ha indicado: “Por lo que respecta a la responsabilidad sin falta de la Administración esta Sala observa que, dado su eminente carácter objetivo, ésta surgirá cuando se encuentren presentes tres elementos o condiciones, los cuales son: (1) la existencia de un daño constituido por una afección a un bien o derecho tutelado por el ordenamiento jurídico o disminución patrimonial; (2) una actuación u omisión atribuible a la Administración; y, (3) la relación de causalidad entre tales elementos.(…) Ahora bien, el artículo 140 de la Constitución Vigente estableció la responsabilidad de la Administración por los daños que “sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos”, sin referirse a un tipo de bienes o derechos en específico, por lo que es necesario asumir un concepto amplio de patrimonio en el que se trascienda la esfera estrictamente económica (bienes), y se abarquen los derechos inherentes a la persona. Con ello se asume la noción de patrimonio que comprende, tanto la esfera económica como la esfera moral del mismo. “ (Sala Político Administrativa. Magistrado Carlos Escarrá Malavè. 15.06.00)

De manera tal que no hay duda que el Estado venezolano tiene la obligación de otorgar una indemnización integral a todas las víctimas de la tragedia de Amuay y lo más importante: adoptar de urgencia todas las medidas que sean necesarias para prevenir la repetición de hechos similares en cualquiera de las sedes de la industria petrolera.

Extinguidas las llamas no se acaba la tragedia. Para muchas familias apenas comienza y el Estado debe atenderlas de manera adecuada. Es momento de resaltar el artículo 2 de nuestra Constitución: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.” ¡!A cumplir con la Constitución¡¡

Marino Alvarado

Coordinador General de Provea

 

A casi 30 años de Tacoa, Amuay. El Estado como patrono, ¿es impune en los accidentes laborales?

El accidente ocurrido en el estado Vargas el 19 de diciembre de 1982, conocido como la Tragedia de Tacoa, ocasionó más de 150 víctimas fatales. La propietaria de la planta termoeléctrica donde sucedió el percance era la C.A. Electricidad de Caracas. El hecho está considerado como el mayor accidente laboral ocurrido en Venezuela.

Según información de prensa de diciembre del 2004, el entonces Alcalde Metropolitano Juan Barreto, asumía el compromiso público de impulsar la reapertura de las averiguaciones judiciales. Años más tarde, en diciembre de 2008, el portal en internet del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) rendía homenaje a las víctimas de aquel hecho, al tiempo que se reivindicaba como organismo rector de políticas públicas orientadas a proteger la seguridad y salud de los trabajadores. “…para que desastres como el de Tacoa no se volviesen a repetir…”

De aquel accidente de 1982 quedaron entre otras enseñanzas, la constatación de la lentitud con que actúan los órganos de administración de justicia en estos casos. Hoy Tacoa pasó a ser Complejo Generador Josefa Joaquina Sánchez y pertenece a CORPOELEC, pero lo cierto, más allá de su reciente reactivación (12/07/2012), es que la responsabilidad de PDVSA y su filial Lagoven, propietaria del barco “Murachi” que presentó el sobrecalentamiento causante de la explosión, no ha sido determinada.

En recientes declaraciones al diario larense El Impulso, el médico ocupacional y fundador del INPSASEL, Francisco González, señalaba que Venezuela es uno de los 3 países en Latinoamérica que consagra constitucionalmente el derecho a la salud en el trabajo “…lo cual nos convierte en un país vanguardia en materia de protección a los trabajadores”. Pero una mirada a la Valuación Actuarial de la Asamblea Nacional 2003, contenida en el Boletín Epidemiológico del INPSASEL 2007 (último año que INPSASEL publicó una cifra oficial sobre el tema), así como a las proyecciones de la Organización Internacional del Trabajo referidas a Venezuela, evidencian que nuestro país se sitúa más bien en la perspectiva de contabilizar 369.746 accidentes laborales para 2012, respecto a 4.113.785 trabajadores expuestos. Estas fuentes no indican los sectores productivos donde la incidencia de accidentes laborales tendría mayor frecuencia y magnitud. Además, INPSASEL no publica las estadísticas oficiales actualizadas sobre accidentalidad y morbilidad laboral, desde hace 5 años. Estos hechos obligan a matizar el optimismo de Francisco González, a quien se le reconoce por sus aportes y preocupación constante sobre la materia.

Lo sucedido en Amuay bien pudiera calificarse como el peor accidente laboral en la historia de la industria petrolera venezolana y ante su magnitud, salta la duda acerca de la eficacia de INPSASEL para determinar la responsabilidad del Estado como patrono. Esta obligación no se circunscribe sólo a una palabra de condolencia, a un ascenso post mortem o a la atención médica, pues implica la prevención.

El 28 de mayo de este año acompañamos desde PROVEA el diseño de una Queja presentada ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por el Sindicato Único de Trabajadores Petroleros, Petroquímicos, Gasíferos y Conexos del Estado Falcón (SUTPGEF), a propósito de la denuncia encabezada por Iván Freites, su Secretario General.Para entonces, una de las principales actividades desarrolladas por la Guardia Nacional acantonada en las adyacencias del Centro de Refinación Paraguaná (CRP), consistía en evitar que Iván Freites y demás miembros de la Junta Directiva del SUTPGEF, se comunicara con los trabajadores, hicieran asambleas y en general, impedir que transitaran por las instalaciones del CRP, bajo el argumento de que la industria petrolera es una “zona de seguridad”. Es decir, un espacio donde las actividades sindicales están prohibidas. Quizá algunos de esos funcionarios de la Guardia Nacional, hoy hayan sufrido algún daño en su organismo físico y eso es triste y lamentable. Pero es peor que Ramírez, el “ministro”, haya pretendido acallar la denuncia permanente del sindicato y de los trabajadores que conocen mejor que nadie la falta de prevención en esas instalaciones, y quien lejos de resolver la omisión de cumplimiento a su responsabilidad como patrono, invirtiendo el dinero necesario en adecuar los procesos a condiciones seguras de trabajo, haya optado por la represión. Es como matar al mensajero… Ahora, irónicamente, pareciera como si desde el centro de la tubería de gas en mal estado, haya salido otro tipo de grito, otra forma de denuncia. Estalla en la cara de la ineficiencia y de la burocracia, toda la verdad. Pareciera que la PDVSA “roja rojita” es esa que sale ardiendo en las fotos, roja por las llamas de incendio en Amuay.

Son notorias las deficiencias de INPSASEL en cuanto a la certificación de enfermedades ocupacionales (Caso Ovallera, por ejemplo) y su complicidad ante las denuncias de condiciones inseguras en la industria petrolera, en las empresas básicas de Guayana y en general, en los organismos públicos.

INPSASEL y el Ministerio del Trabajo, han hecho caso omiso a las denuncias formuladas desde hace más de 3 años consecutivos por José Bodas, Secretario General de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV), relativas a las fallas en el Complejo de Jose, el derrame petrolero en Guarapiche, los accidentes de PetroAnzoátegui, PetroPiar y un sin fin de empresas mixtas que operan sin garantizar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo.

Dado el agotamiento de las instancias nacionales para hacerse escuchar y en vista de la retaliación de la que ha sido objeto por sus denuncias, en mayo de este año y contando con el acompañamiento de Provea, José Bodas también formuló una Queja ante OIT denunciado al Ministerio de Energía y Minas, por violar la libertad sindical a los representantes de los trabajadores petroleros que no son genuflexos al gobierno, ya que se les excluyó de la discusión y firma de la convención colectiva, efectuada entre gallos y media noche, este mismo año. Entre los excluidos por un acuerdo entre la Central Sindical Socialista y Ramírez como Ministro de Energía y Minas, además de Bodas, está Iván Freites del SUTPGEF y Fran Luna (Zulia), miembros de la Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria Autónoma (C-CURA).

Este análisis global del problema que está detrás del accidente de Amuay, es que el artículo 129 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (LOPCYMAT), norma que entró en vigencia hace 7 años, determina que el empleador en el responsable principal de los eventos que ocurren dentro del centro de trabajo y además, establece claramente las sanciones a las que se expone el patrono cuando el trabajador es afectado en su vida y en su salud, con motivo del trabajo. Amuay como centro de trabajo, pertenece a la empresa PDVSA que posee el carácter de empleador. PDVSA, constitucionalmente, pertenece al Estado. Entonces el Estado por órgano del Ministro de Energía y Minas, en primera instancia, debe responder civil, administrativa y tal vez, penalmente, por lo ocurrido en Amuay. Que no haya otra muestra de impunidad como la de Tacoa!

María de la Esperanza Hermida,

Coordinadora de Exigibilidad, PROVEA

@espehermida

 

Amuay: zona de guerra

“El enemigo de Venezuela es todo el que quiera poner un pie aquí. Y yo no dudo de que los estadounidenses quieran venir a buscar petróleo. Tenemos que estar preparados: Si quieres la paz, prepárate para la guerra”. Así declaraba en noviembre de 2008 el Jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, General Jesús González, para justificar el incremento de 555% en gasto armamentístico realizado por el gobierno venezolano en los últimos 10 años. “Los yanquis quieren nuestro petróleo”, “tenemos que proteger nuestras instalaciones petroleras de cualquier amenaza imperial”, palabras más, palabras menos, el discurso del presidente Chávez y de todos los funcionarios de su gobierno, ha querido instalar en el imaginario popular el peligro de una supuesta confrontación con Estados Unidos. Los bombarderos gringos atacarían nuestras refinerías con la intención de derrocar al gobierno“antiimperialista y revolucionario” del comandante presidente, y llevarse nuestro petróleo porque, según la mentira oficial, ahora PDVSA es de los venezolanos y no de las transnacionales.

Los sucesos ocurridos en el Complejo Refinador de Paraguana – Amuay, demuestran que no hacen falta bombarderos supersónicos para destruir nuestra principal industria. En primer lugar, porque más allá del discurso gobiernero, las transnacionales Norteamericanas, Rusas, Españolas, Chinas y de otros países, continúan saqueando nuestras riquezas de la misma forma en que lo hicieron en el pasado, hoy con mayores garantías y en condición de socias, gracias a la creación de las llamadas “empresas mixtas”, que no son otra cosa que la disimulada privatización de PDVSA.

En segundo lugar, porque la ineficacia gubernamental y la corrupción en el manejo de los recursos generados por la renta petrolera y la producción gasífera, han convertido a PDVSA en una especie de caja chica al servicio del partido de gobierno, ocasionando el progresivo desmantelamiento de las instalaciones, la ausencia de mantenimiento preventivo y correctivo, y la violación a protocolos de seguridad industrial, lo que trae una consecuencia lógica: la reiteración de accidentes y la caída en los niveles de producción.

Según un trabajo realizado por el diario El Universal, sólo en el año 2012 se han reportado más de 30 accidentes de distinta magnitud, asociados a la industria petroleraEl 7 de enero de este año, Iván Freites, Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores Petroleros, Petroquímicos, Gasíferos y Conexos del Estado Falcón (SUTPGEF) y Secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV), denunció la explosión del horno F-301 de la Refinería Cardón, lo que causó la paralización de la actividad, afectando la producción de naftas y gasolinas de alto octanaje para exportación.

Posteriormente, el 13 de enero, se hundió una embarcación en el Estado Zulia, dejando saldo de un fallecido y nueve heridos. Un día después, el 14 de enero, dos trabajadores murieron y 22 resultaron heridos al chocar una gandola con el autobús que los transportaba desde el Estado Zulia hasta Caracas, para asistir a un acto del presidente Chávez. El 21 de enero, trabajadores petroleros del Complejo Refinador Paraguaná, denunciaron su inconformidad con la inseguridad industrial y personal que padecen en las instalaciones de la refinería.

En lo que quizá fue una de las principales crisis ambientales de la historia venezolana, el 06 de febrero de 2012, aproximadamente 1000 barriles de petróleo fueron vertidos al río Guarapiche en el Estado Monagas, luego de la rotura de una tubería que transportaba crudo desde las instalaciones de Jusepín. La tardía y poco efectiva respuesta de las autoridades y gerencia de PDVSA, ocasionó un verdadero ecocidio en la zona, y mantuvo sin agua potable por más de un mes al 80% de los habitantes de Maturín y otras poblaciones cercanas.

La lista es aún más larga y llevaría algo de tiempo reseñar cada uno de los sucesos ocurridos durante la gestión del Presidente Chávez, y concretamente desde que Rafael Ramírez, está al frente de Petróleos de Venezuela, S.A.

Lo ocurrido este sábado no es más que la crónica de un accidente anunciado, parafraseando a García Márquez, otra evidencia del talante antiobrero del gobierno. Las víctimas, 26 fallecidos y más de 80 heridos, eran trabajadores humildes y jóvenes integrantes de la Guardia Nacional, nuevas víctimas de la corrupción y la indolencia gobiernera que ha sometido a los trabajadores a la precarización de sus empleos, a condiciones de inseguridad laboral, al desconocimiento de sus derechos y reivindicaciones y al permanente riesgo de perder sus vidas.

Probablemente los heridos de Amuay llegaron a hospitales carentes de insumos y equipos para atenderlos dignamente. Los más de 4.000 millones de dólares gastados en armas para “proteger a nuestro petróleo”, no alcanzaron siquiera para dotar de gasa y algodón nuestros centros de salud, mucho menos para hacer las inversiones necesarias que hubieran evitado esta tragedia.

Al ver las fotografías de los daños causados por la explosión, no queda duda queAmuay se convirtió en una zona de guerra, solo que el enemigo no vino del cielo, ni de porta aviones anclados en el Caribe, ni de mísiles teledirigidos desde una base enemiga de ultramar. La devastación y la muerte que vemos en las gráficas y que nuevamente nos llenan de indignación, fueron causadas por un enemigo más cercano, el enemigo de los trabajadores venezolanos, que desconoce los derechos de miles de obreros y empleados del país, pone en riesgo sus vidas, criminaliza la protesta, persigue a dirigentes sindicales y nos somete a condiciones de vida cada vez más asfixiantes. Ese enemigo es el gobierno.

Ya se levantan voces exigiendo la renuncia o la destitución del Ministro y Presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, eso debería ser lo más coherente para un gobierno serio, pero sabemos que la seriedad no es una característica del actual régimen. Al gobierno no le duelen los muertos de la clase obrera, al contrario, su desprecio y su indolencia enlutan a estas 26 familias venezolanas.

Amuay no puede quedar impune, las víctimas y sus familiares deben ser oportunamente indemnizadas, debe señalarse a los responsables directos e indirectos de esta tragedia, y deben hacerse las inversiones necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones petroleras.

¡Unida en la lucha, la clase obrera se solidariza con nuestros hermanos Falconianos!

Correo: utopias79@gmail.com

Twitter: @intiamaru79

 

Posición de La Fundación Azul Ambientalistas frente a las consecuencias ambientales ocasionadas por la explosión gasífera en el Centro Refinador de Amuay en Venezuela

http://anca24.canalazul24.com/?p=1138

Una vez más nos vemos en la penosa tarea de fijar posición frente a la tragedia que embarga a un pueblo que su mayor culpa es, pisar en uno de los mayores reservorios de combustibles fósiles en el planeta.

Nuevamente otro significativo accidente que sin dudas dejará secuelas, muchas irremediables, frente a los que no tienen voz. El daño patrimonial, ecológico y ambiental que sufre otra Reserva Natural, otro Parque Nacional, créanlo o no, esta contemplado como “sacrificios necesarios” para la industria petrolera mundial.

Hoy la producción petrolera venezolana cobra nuevas victimas, las muy dolorosas perdidas humanas bajo su responsabilidad y además, tendrá en su consciencia la inevitable contaminación que genera este tipo de incidentes.

Biodiversidad única en el planeta, ecosistemas endémicos y muy frágiles, especies de flora y fauna sufrirán las consecuencias de otra tragedia ambiental ocasionada por el voraz mercado mundial de los combustibles fósiles.

A pocos kilómetros del Mar Caribe, una inmensa explosión removió con su onda expansiva, alrededor de20 Km. a la redonda, toda forma de vida que encontró a su paso. En una región caracterizada además por su incalculable potencial eólico, no hay que establecer muchas hipótesis sobre el verdadero alcance de esta infernal castigo que hemos sufrido.

Precisamente nos preocupa el verdadero alcance sobre los problemas de contaminación ambiental. Las emisiones de gases tóxicos, originados por la combustión completa e incompleta que los convierten en gases del efecto invernadero, incrementando los niveles de C02 en nuestra atmosfera.

Dos Reservas Naturales victimas en la ruta mortal de la onda explosiva, arrastrada por las corrientes de aire que vienen de un Mar Caribe que esta pasando por una sus mayores temporadas de huracanes.

El Parque Nacional Médanos de Coro está ubicado en el estado Falcón en el noroeste de Venezuela. Su área más importante está circunscrita alrededor del istmo, en la vía ala Penínsulade Paraguaná al costado norte de la ciudad de Santa Ana de Coro (Patrimonio Mundial de la humanidad UNESCO).

Como en Toda zona árida o desierta, la vegetación y fauna  son escasas, y aunque sean minorías silentes, debemos también honrar la variedad de aves, reptiles, lagartos, iguanas, murciélagos y osos hormigueros, entre otros mamíferos, que habitan esta área ubicada a tan solo50 Km. de lugar de la explosión.

Y lo que más nos preocupa es que apenas a100 Km. del desastre, están las aguas del Mar Caribe en la región del Golfo de Venezuela, donde la llegada de agentes contaminantes afectaría a manglares, y ecosistemas de costa que van desdela Penínsulade Paraguaná hastala Penínsuladela Guajira.

Muchos de los efectos como suele suceder en estos casos se verán a largo plazo y no en lo inmediato, ya que este tipo de desastres generan partículas que se ven, como el hollín, pero hay muchas otras que no, y que inciden directamente en la contaminación de la atmósfera.

La directiva, colaboradores y activistas dela Fundación AzulAmbientalistas nuevamente solicitan al Estado Nacional, Regional y Municipal, asumir las consecuencias del desastre natural que ocasiona esta tragedia.

Desarrollar verdaderos planes de contingencia conjuntamente con el llamado a los especialistas en materia ambiental, ecológica y conservacionista, a sumarse a la labor de atención y recuperación de las áreas afectadas.

Y al noble pueblo venezolano a no permitir que en nombre de una industria, sacrifiquemos nuestro Patrimonio Natural, nos corresponde sustentabilidad para las futuras generaciones.

Gustavo Carrasquel | ANCA24

 

Storify: Un recuento de lo que pasó en Amuay

Desde Provea nos mantuvimos al pendientes de lo que ocurría en la refinería Amuay (Pdvsa). Como vigilante de los derechos humanos de todas y todos exigimos al Estado venezolano que responda por los daños causados e indemnice a los afectados y afectadas de esta tragedia.

Luego de este lamentable hecho, queda de parte de las organizaciones sociales de derechos humanos supervisar para que el Estado cumpla con su deber y realice las investigaciones respectivas de lo que ocurrió en esta empresa estatal.

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