Caracas, 05 Dic. AVN.- La creación de nuevo un sistema interamericano para la defensa de los Derechos Humanos, sin hegemonías extrarregionales, y que responda a los intereses de los pueblos, es uno de los retos que se plantean los países que conforman la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), fundada el pasado sábado 03 de diciembre en Caracas.
Las asimetrías y contradicciones que caracterizan a las actuales instancias encargadas de la materia, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), se muestran como las principales razones que tienen los países del hemisferio para reclamar un sistema más justo.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, encabezó las discusiones al respecto y dedicó gran parte de su intervención en la cumbre para demostrar que «la OEA ha sido históricamente capturada por intereses norteamericanos».
Y es que Estados Unidos, país que no ha ratificado el Pacto de San José sobre Derechos Humanos ni ningún otro tratado en la materia, tiene la presidencia de la CIDH y ejerce hegemonía por encima del resto de las naciones miembros por su condición de principal contribuyente monetario de la organización.
Correa sostiene que esa realidad ha convertido a la OEA en un una entidad «ineficiente y poco confiable», que a lo largo de los años ha actuado en función de los intereses de Washington.
Poder fáctico
«Necesitamos un nuevo sistema interamericano y la Celac tiene un rol enorme» en función de ese objetivo, señaló el mandatario ecuatoriano, quien además denunció el uso de la OEA y sus instancias, por parte del poder fáctico de los medios de comunicación, para desestabilizar a las democracias en la región.
El presidente de Surinam, Desiré Bouterse, coincidió con Correa y afirmó que la manipulación de los medios es «es uno de los instrumentos que siempre se aplican para afectar a gobiernos democráticos».
«Los que somos firmes creyentes de la libertad de expresión, sabemos que este es uno de los instrumentos que siempre se utiliza contra líderes. Ellos (medios privados) bailan al son de la música que le toquen otros países», expresó Correa.
El Mandatario ecuatoriano recalcó que la lucha no es contra el derecho a la libre expresión sino contra el abuso de las empresas de comunicación que, debido a su poder económico, «secuestran la verdad y nuestras democracias», sin que por ello tengan ninguna responsabilidad ulterior.
Incluso gobernantes conservadores como Porfirio Lobo, de Honduras, Ricardo Martinelli, de Panamá, expresaron su preocupación en la materia.
«Pareciera ser que lo que pensábamos que nos sucedía únicamente a nosotros, les sucede a todos por igual», dijo Martinelli, en declaraciones reseñadas este domingo por la agencia Efe.
Celac debe abrir espacios
Ante la evidente desventaja de los Estados frente a las empresas de la comunicación, el presidente de Bolivia, Evo Morales, planteó la necesidad de que desde la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños se gesten «medios de comunicación que digan la verdad».
El mandatario aymara insistió en que el papel de la prensa debe ser un debate permanente en el organismo «porque algunos medios nos acusan en base a las mentiras, tergiversaciones. Para los medios de comunicación eso es la libertad de expresión».
Al término de la reunión presidencial, el Jefe de Estado venezolano acompañó la postura de Morales y sostuvo que la Celac «está llamada a seguir denunciando y dando las batalla de las ideas, así como creando espacios alternativos como la iniciativa Telesur, Radio del Sur».
Consideró que la mejor estrategia para luchar contra los poderes fácticos de los empresarios de la información es abrir «televisoras y medios de comunicación social que estén en manos del pueblo. Esa es la mejor estrategia».
Defensa a derechos fundamentales
Aunque por ahora la Celac es un organismo de diálogo y concertación política, entre los instrumentos adoptados y aprobados por el cónclave está un compromiso para edificar «Estados promotores del crecimiento y progreso social y generadores de procesos de desarrollo sostenible, de fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres».
El documento sobre inclusión social también establece el diseño de políticas públicas que permitan la erradicación de la pobreza y el desempleo, así como la disminución de las brechas «de acceso y calidad de los servicios básicos, en particular los de salud y educación», para garantizar de esa manera el respeto a los derechos fundamentales.
Puesto especial entre los textos suscritos por los mandatario tuvo también un comunicado en el que los Estados acordaron coordinar esfuerzos con la Organización de Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), con el propósito de articular acciones concretas sobre seguridad alimentaria y nutricional.
Entre los aspectos contemplados están el intercambio de tecnología para apoyar a los productores agrícolas, la necesidad de discutir una reforma al comercio en materia de alimentos y la mejora en la distribución de rubros de consumo alimenticio, especialmente a las poblaciones vulnerables.
Los países del naciente bloque también expresaron su preocupación por la situación de los inmigrantes latinoamericanos y caribeños «ante las violaciones de sus Derechos Humanos y la falta de protección», por lo que instaron a los Estados a incrementar sus esfuerzos para avanzar en la consolidación de la región como polo de desarrollo económico «libre de todos los factores expulsores que estimulan la migración internacional».
