El pasado sábado 28 de mayo, el señor Juan José Barrios de 28 años de edad, residente del sector Las Casitas del pueblo de Guanayen, ubicado al sur del estado Aragua, salió de su casa a las 8.00 de la noche en compañía de su esposa con la intención de acompañarla hasta la medicatura del pueblo para que fuese atendida por cuanto presentaba dolores en una pierna, por recomendación médica le sugirieron a la esposa que se quedara para un chequeo general, razón por la cual Juan José Barrios decidió marcharse hasta su casa. Ese mismo día de regreso a las 8:30 de la noche fue interceptado por dos hombres vestidos de negro quienes se encontraban escondido en el monte y sin mediar palabras le dispararon en varias oportunidades, lo cual provocó que la víctima diera varios pasos hasta caer dentro de una laguna artificial formada por el estancamiento del agua de lluvia donde posiblemente haya fallecido.La esposa al regresar del ambulatorio encontró que su esposo no se hallaba en la vivienda por lo que solicitó ayuda a sus hermanos quienes lo encontraron dentro la laguna sin signos vitales el día domingo a la 10 de la mañana.
El mismo día domingo a las 4.00 de la tarde aproximadamente, una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, adscrita a la sub delegación de Villa de Cura trasladó el cadáver hasta la morgue de ese cuerpo policial con sede en la ciudad de Maracay para que se le practicara la necropsia de ley.
Hoy un nuevo hecho de violación a los derechos humanos enluta a la familia Barrios cuya única explicación es la sobre protección del Estado venezolano hacia los funcionarios que representan los cuerpo represivos a los cuales se les ha otorgado patente para cometer cualquier tipo de atropello que va desde violación de morada hasta ejecuciones extra sumariales.
Juan José Barrios representa el séptimo familiar ajusticiado por funcionarios pertenecientes a la policía del estado Aragua, adscritos a la comisaría de los pueblos de Barbacoa y de Guanayen, sin que estos hechos llamen la atención del gobernador del estado Aragua Rafael Isea, mucho menos a los representantes del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo.
Hoy más que nunca hacemos un llamado en nombre de nuestra organización y en él de la familia Barrios a todas las organizaciones populares promotoras y defensoras de los derechos humanos a los fines de que emitan comunicados en rechazo a este hecho que puso fin la vida de otro venezolano y exijan la inmediata detención y enjuiciamiento de todos los autores materiales e intelectuales de tan abominable hecho.
Luis Aguilera
Secretario General
Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del estado Aragua
