El primer viaje oficial que realiza el Presidente Nicolás Maduro a Europa lo hace al estado vaticano para reunirse con el líder de la jerarquía católica Jorge Mario Bergoglio, papa Francisco.
Maduro, llegó acompañado por Cilia Flores, y una delegación que incluyó al canciller Elías Jaua, a los ministros de Planificación y del Petróleo, al subsecretario de la presidencia y al jefe del Estado Mayor del Ejército entre otros.
Según fuentes oficiales ambos líderes trataron temas relacionados a los problemas de Venezuela, como «la pobreza, la lucha contra la criminalidad y el narcotráfico», así como «la situación social y política».
Durante la reunión Bergoglio hizo referencia a la presencia histórica de la Iglesia Católica en el país y «a su decisivo aporte en los ámbitos de la caridad, de la asistencia sanitaria y de la educación».
Nos resulta positivo que se dé ese tipo de diálogo entre ambos mandatarios, sin embargo no podemos dejar de señalar que el Presidente Maduro debe garantizar, por encima de los acuerdos diplomáticos y políticos el carácter de Estado Laico que debe regir a nuestro país, dando cumplimiento a lo establecido en nuestra Carta Magna que en su artículo 59º no solo se reconoce la libertad religiosa, sino que se deja por sentado que persona alguna no pueda invocar sus creencias o disciplinas religiosas para eludir el cumplimiento de la ley ni impedir a otro/a el ejercicio de sus derechos.
Yonatan Matheus, Director de Venezuela Diversa expresa que sería “insostenible que en un Estado que defiende la preeminencia de los derechos, la justicia social y cuente con una democracia participativa y protagónica se siga utilizando argumentos, símbolos religiosos o dogmas de fe, aun cuando son creídos por las/os ciudadanos/as, para imponérselos como decisión política al resto de la sociedad que no los comparte”.
Cabe señalar que la participación e influencia ejercida por la iglesia católica y demás corrientes fundamentalistas religiosas en nuestro país han jugado y juegan un papel negativo para detener y retrasar los avances legislativos y sociales principalmente en materias vinculados a la sexualidad humana, derechos sexuales y derechos reproductivos, el reconocimiento de los Derechos Humanos de las personas gays, lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales, el matrimonio igualitario, la interrupción del embarazo, la igualdad y equidad de género entre otros, sobre los cuales aun nuestros poderes públicos tienen una deuda social a la que deben responder y que son libertades trascendentales de las personas que conllevan derechos ciudadanos y compromisos estatales para su ejercicio.
Matheus indicó que “todos/as aquellos/os que poseen un cargo de elección popular nutren su legitimidad democrática del consentimiento del pueblo y no de la ostentación de creencia religiosa alguna. Por ello deben tener presente que la constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico, por ello no se puede seguir dando cabida a la religión y/o fundamentalismo religiosos que buscan los privilegios tributarios o privilegios de cualquier índole, así como poder en el sector económico y educativo de la vida nacional para imponer sus ideas dogmáticas o creencias religiosas.
Finalmente acoto Matheus “Resulta de suma importancia que el Gobierno Bolivariano, a la luz del nuevo ordenamiento jurídico constitucional, revisara el llamado Concordato entre el Vaticano y el Estado Venezolano firmado el 6 de marzo de 1964 donde se otorgan privilegios económicos a la jerarquía católica y prerrogativas que se les niegan a otras religiones iguales derechos según la Constitución y que dicho acuerdo sea sometido posteriormente a la voluntad popular por medio de referéndum consultivo”. (Prensa Venezuela Diversa AC., 17.06.13)
