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Activistas y líderes sindicales exigieron al BCV cumpla con deber de informar cifras

Venezuela es un país sin cifras. La opacidad asumida como política pública por el Gobierno Nacional y los entes del Estado venezolano obstaculizan el derecho constitucional a acceder a la información pública y dificultan la contraloría social. En un contexto de regresividad de los indicadores sociales y crisis económica, la ausencia de datos mantiene a la población en incertidumbre y afecta las garantías plenas de los derechos humanos.

La población desconoce el comportamiento de las cifras de inflación y escasez, así como otros indicadores macroeconómicos que inciden de manera directa en el derecho a un nivel de vida adecuado.

Con esta premisa el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) realizó la mañana de este jueves una concentración en las puertas de la sede principal del Banco Central de Venezuela (BCV) para exigir a su presidente, Nelson Merentes y al directorio del ente rector de la economía nacional cumplir con la obligación constitucional de divulgar las cifras oficiales de importancia para la economía nacional.

Se trata de la comunicación número tres que el Programa realiza al despacho de Merentes para recordarle cumplir con su obligación. Sin embargo, si transcurrido el lapso de 15 días para recibir respuesta de las instituciones públicas establecido en las leyes nacionales, el BCV y su directorio mantienen el silencio que le ha caracterizado, Provea acudirá al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para iniciar una demanda contra el BCV y Merentes por incurrir en la violación reiterada de los derechos de la población.

Comunicacion BCV“No puede ser que a ocho meses y medio no se conozcan estos índices y los trabajadores y trabajadoras y las organizaciones sociales del país no conozcan cual es la situación económica. El incumplimiento en la difusión de estos datos viola el artículo 319 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que obliga al BCV a rendir informes periódicos sobre el comportamiento de las variables macroeconómicas del país, el artículo 31 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del BCV que establece que la gestión del ente debe regirse por el principio de transparencia y las Normas que Regulan el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que en su artículo 4 establece que “el INPC será publicado mensualmente dentro de los primeros 10 días de cada mes”. Señaló la coordinadora de Exigibilidad, Esperanza Hermida.

La falta de estos indicadores además impide que la discusión de las contrataciones colectivas y de los ajustes salariales se realicen de acuerdo a lo contemplado en el artículo 91 de la Constitución.

Desde diciembre de 2014 no se conoce la cifra de inflación, que en esa fecha fue de 68,5%. Mientras, la cifra de escasez fue publicada por última vez en enero de 2014.

Antecedentes:

  • El pasado 4 de agosto el TSJ declaró inadmisible la demanda por abstención o carencia que introdujo la organización Transparencia Venezuela contra el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, por incumplir la obligación de rendición de cuentas establecida en la Constitución y la opacidad generada por la no publicación de las principales estadísticas del país tal como lo establece el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela.
  • El 12.08.2015 Provea envió un derecho de petición al presidente del BCV exigiendo la actualización y publicación de los índices de escasez e inflación.
  • El pasado 10.09.2015 en vista de la falta de respuesta al derecho de petición, Provea reiteró la comunicación. Este jueves, en compañía de trabajadores y líderes sindicales se reiteró una vez más la solicitud.
  • Este jueves 17.09.2015 la organización Espacio Público se sumó al llamado de Transparencia Venezuela y Provea al emitir un comunicado exigiendo al directorio del BCV publicar las cifras o renunciar por estar incumpliendo sus deberes constitucionales. “La falta de información favorece la persistencia de un contexto de depreciación de la moneda nacional, inseguridad jurídica al máximo nivel e imposibilita cualquier iniciativa de reimpulso y/o crecimiento económico en el país”, esgrime. Además, Espacio Público indica que “la política de opacidad que sostiene el BCV niega de modo recurrente el derecho al acceso a la información, establecidos en los artículos 51 y 143 de la Constitución y continua impidiendo el derecho de contraloría ciudadana sobre el ejercicio del poder público”. (Prensa Provea, 17.09.2015) 

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