Provea visitó este 10.09.2015 el sector «El Plan» de la Cota 905 en Caracas, para constatar y documentar denuncias de los habitantes sobre nuevos atropellos policiales ocurridos el pasado 25.09.2015 en el marco de la realización del Operativo de Liberación del Pueblo (OLP).
Los residentes del sector informaron a Provea que efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) adscritos a la División de Homicidios fueron presuntamente responsables de iniciar el incendio que acabó con 10 viviendas y afectó a otras 5, entre ellas, la vivienda donde funciona la Casa de Alimentación que -mediante los recursos del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación- brinda alimentos a las personas de menores recursos del sector, y que según señalaron los afectados, fue «saqueada» el pasado 13.07.2015 por parte de efectivos policiales durante la ejecución del primer operativo de OLP en la zona. 5 familias que resultaron afectadas por el incendio permanecen en la casa de alimentación, a la espera de una respuesta por parte de las autoridades.
La comunidad también denunció que los funcionarios lanzaron piedras contra las personas que se opusieron al atropello policial e incluso golpearon a mujeres y niños. La propietaria de la primera vivienda quemada se encontraba hoy en la sede de Medicatura Forense en Bello Monte, ya que el MP ordenó la práctica de un examen médico-forense debido a los golpes que sufrió a manos de los efectivos del CICPC. Todos los afectados por el incendio formalizaron sus denuncias ante el Ministerio Público y están a la espera del informe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano quienes fueron los encargados de apagar las llamas. Sin embargo, informaron que han sido amenazados por los funcionarios policiales debido a las denuncias formuladas.
Desde el 13.07.2015 más de 15 incursiones violentas de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía de Caracas y Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), han dejado como resultado numerosos abusos y excesos policiales que han sido denunciados por los habitantes de la Cota 905 y que han sido constatados por Provea. Cifras extraoficiales indican que alrededor de 43 personas han sido asesinadas por la fuerza pública en los últimos dos meses en el contexto del OLP en distintos sectores de la Cota 905. Según indican los vecinos, la mayoría de ellas habrían sido víctimas de ejecuciones policiales y uso indiscriminado de la fuerza policial.
Desde el inicio del OLP, Provea ha documentado cientos de denuncias de abusos y excesos policiales que incluyen ejecuciones policiales, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, tratos crueles inhumanos y degradantes contra detenidos y habitantes de zonas populares, desalojo forzosos, demoliciones de viviendas, empleo de la vivienda como mecanismo de castigo. El incendio de viviendas por presuntos efectivos de la fuerza pública se sumaría a los patrones de actuación violatorios de los derechos humanos que hemos registrado en los últimos 2 meses de ejecución de la razzia militar-policial conocida como OLP.
Exhortamos a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público a iniciar las investigaciones que conduzcan a determinar la responsabilidad de los agentes del Estado, en la comisión de presuntas violaciones de derechos humanos que han sido denunciadas tanto en la Cota 905 como en otras zonas populares del país. Insistimos en señalar que las políticas que privilegian la represión y la «mano dura» no resolverán los indices de violencia y criminalidad en el país, por el contrario aumentarán los atropellos y las violaciones de derechos humanos contra las y los ciudadanos. (Prensa Provea, 30.09.2015)