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La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció que el Ministerio Público solicitará la radicación del caso de la masacre de Yumare para un estado distinto al de Yaracuy, jurisdicción donde actualmente se ventila la causa.

En el programa radial Justicia y Valores, trasmitido por el Circuito Unión Radio 90.3 FM, en el cual Ortega Díaz detalló que además se ratificará la solicitud de extradición contra Henry López Sisco, quien según información aportada por la Policía Internacional se encuentra en Costa Rica.

Recordó que la sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia acordó la extradición de López Sisco, mediante sentencia N° 537 de fecha 27 de octubre de 2009.

En este sentido, la Fiscal General también indicó que la semana pasada sostuvo una reunión con los familiares de las víctimas de la masacre de Yumare, ocurrida el 08 de mayo de 1986, en el caserío La Vaca del estado Yaracuy, la cual fue una acción armada ejecutada contra un grupo de civiles desarmados, donde murieron nueve dirigentes sociales, quienes fueron capturados y posteriormente ejecutados.

Dicha operación fue realizada por integrantes de la extinta Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), quienes alegaron que fue un enfrentamiento armado, y que incluso fueron emboscados, dijo Ortega Díaz.

Al respecto informó que “de la investigación resultó que la zona no era boscosa, ni se prestaba para emboscar a nadie, pues tenía vegetación baja y donde difícilmente se pudo haber emboscado a alguien”.

Agregó que también se pudo determinar que las víctimas estaban desarmadas y que los cuerpos presentaban perforaciones de proyectiles, aun cuando sus pertenencias no mostraban ningún rastro de agujeros.

Además, se determinó que hubo una planificación previa de los hechos por parte de los funcionarios de la Disip, lo que le da una connotación especial, que a los efectos de la clasificación jurídica se logró establecer que obedeció a una rigurosa organización, cuyo propósito era acabar con la vida de estas personas, lo que convierte el suceso en un delito contra los derechos humanos.

La Fiscal General hizo énfasis a que este tipo de crímenes se caracterizan por motivaciones relacionadas por el rechazo a un grupo social identificable, generalmente por su raza, religión, orientación sexual, nacionalidad, etnicidad, género, grupo social, afiliación política u orientación ideológica.

Ortega Díaz cuestionó que pese a todos esos elementos, este caso por mucho tiempo fue silenciado por las autoridades venezolanas, para quienes los derechos fundamentales eran un privilegio de algunas personas, junto con un abusivo silencio de instancias internacionales que ni siquiera repudiaron estos hechos.

Por ello, dijo que durante la reunión escuchó el legítimo reclamo de los familiares de las víctimas y en razón de tales principios se comprometió con ellos a seguir en este trabajo de hacer justicia y de resarcir este daño que hizo el Estado venezolano durante la denominada IV República.

Masacre de Cantaura

Además, durante el programa radial, la máxima autoridad del Ministerio Público hizo mención a que el próximo domingo 04 de octubre se cumplen 33 años de la masacre de Cantaura, ocurrida en esa población del estado Anzoátegui en 1982, en la cual fueron acribillados 23 dirigentes sociales pertenecientes al Frente “Américo Silva”.

Puntualizó que fue una operación conjunta donde el Ejército, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, la Disip y efectivos de inteligencia militar, masacraron a este grupo de personas.

Destacó que allí algunas de las víctimas presentaron signos de haber sido ejecutadas, razón por la que el Ministerio Público continuará investigando lo ocurrido y próximamente se harán algunos anuncios al respecto. (Prensa Ministerio Público)

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