Tarek Willian Saab 2Tarek William Saab, el Defensor del Pueblo, reconoció que en el país han ocurrido “casos puntuales” de violaciones a los derechos humanos, pero subrayó que los funcionarios involucrados están detenidos. En la entrevista cedida a El Universal aseveró que el Ministerio de la Defensa ya trabaja en las “imprecisiones de la Resolución 008610” y que en las próximas dos semanas el país conocerá la reforma de la normativa.

El abogado que ganó experiencia en la defensa de derechos humanos después de “El Caracazo”, se mantuvo escéptico sobre el papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y asomó que un nuevo organismo latinoamericano podría surgir desde la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Aquí un extracto de las preguntas más actuales:

– Esta semana se reportaron abusos por parte de los cuerpos policiales como fue el caso del joven en Táchira, Kluiberth Roa.

-Fue un PNB en el uso indebido de un arma, no porque yo lo diga sino que lo determinó la autopsia. Fue una escopeta con perdigones de goma, disparada a próximo contacto. De allí sale una cantidad de perdigones y por supuesto, el efecto mortal es como si salieran balas de plomo.

Por eso me he manifestado en contra del uso de ese tipo de armas en las manifestaciones. ¿Qué pasó en ese caso? En menos de 10 horas ese policía no solo fue detenido, sino que fue presentado ante unos tribunales, imputado de los presuntos delitos de homicidio, y recluido en la cárcel de Santa Ana.

– ¿Hay o no violación a los derechos humanos en la actualidad?

Yo reconozco que en la actualidad han ocurrido casos de violaciones a los derechos humanos. Yo las califico de casos puntuales, donde involucran a funcionarios que, de manera personal e individualísima, cometen el hecho. No porque sea una política de Estado, no porque sea una orden del Presidente o del ministro de la Defensa. ¡No! Esas personas en su gran mayoría están procesadas y detenidas. Esa es una diferencia.

Sobre los 43 fallecidos hay 15 funcionarios presos por los casos más emblemáticos. A Geraldine Moreno la mataron unos GNB que están presos. Sobre Bassil Da Costa su señora madre vino a la Defensoría, la atendí y estamos acompañando ese caso. El Sebin que disparó está preso. En el caso de Adriana Urquiola, la Interpol se vio en la obligación de colocar en código rojo a Jhonny Bolívar y con Marvinia, me reuní y he solicitado que la funcionaria que la agredió sea detenida.

Pero nadie nombra a los familiares de los seis GNB y cuatro policías que mataron manifestantes violentos de oposición no identificados, al fiscal que le colocaron barricadas para que se matara, a la militante chilena del Psuvque murió en Mérida… Esos casos generan indignación y los medios ni los nombran.

– ¿Qué efecto tiene, independientemente que sea solo para militares, la Resolución 008610?

-La Resolución 8610 es una continuación de cuatro resoluciones que aprobó en 2011 el Ministerio de Interior, Justicia y Paz para la actuación de las policías en materia de manifestaciones violentas. En aquella época no hubo polémica porque allí se hablaba de contener una manifestación con base a principios de proporcionalidad y progresividad, de diferenciación en el uso de las fuerzas.

¿Qué ocurre? Que las manifestaciones se han vuelto tan violentas y armadas, y precisamente esta Resolución 8610 es para contener esas manifestaciones. Si son rebasadas las tres policías, ¿qué hace el Estado? ¿Deja sin control esas zonas de insurrectos armados o busca un componente especializado que tiene escala para salir? El componente debe contener sin armas de fuego y para eso hay equipos antimotines, pero si comienzan a ser acribillados a balazos esa Resolución busca protocolizar como debiera actuar la Guardia Nacional.

– ¿Qué acciones ha tomado la Defensoría sobre la Resolución que usted mismo ha dicho tiene elementos controversiales?

-Nosotros vimos imprecisiones y yo las dije públicamente. Por ejemplo, no te dice concreta y específicamente que es la GNB el componente de la Fuerza Armada que debe salir y propusimos un Manual Operativo de Procedimientos para que se precisara claramente. Pero también vimos que no aparecía qué tipo de armas. Eso es importante y hubo un cuestionamiento. Tampoco se precisa cuándo actuar, y yo creo que eso debe estar escrito para que sea un protocolo blindado.

Me reuní con el Comandante en Jefe de la GNB, Néstor Reverol y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, para decidir la fecha en la que saldrá el manual. Ellos proponen 100 días y yo pedí 30 días para que salgan las ampliaciones.

En cuanto a las recomendaciones que le hemos dado, recogidas en 15 páginas, ya para la semana que viene la Defensoría del Pueblo tendrá en sus manos el Manual Operativo de Procedimientos que le da alcance a la Resolución 008610 para que las imprecisiones y ampliaciones que recomendamos estén escritas y no haya dudas. 

– ¿Su despacho hablará con el Presidente para considerar la incorporación nuevamente de Venezuela en la Corte IDH e invitar a la CIDH a verificar la situación de derechos humanos en el país?

-En los años 70, 80 y 90 nunca vi ni a la Corte ni a la Comisión solicitar investigaciones y visitas al país. Hay una variación radical cuando hubo un cambio de gobierno con Hugo Chávez, allí la actitud fue estigmatizar y criminalizar a Venezuela. Tengo la impresión de que va a nacer otro organismo en materia de DDHH y la plataforma no es la OEA, será la Unasur. Estas organizaciones han cumplido un ciclo muy cuestionable.

(Publicado originalmente en El Universal / 01.03.2015)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.