La exhortación del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para que el gobierno de Nicolás Maduro escuche las legítimas demandas de los manifestantes, y el anuncio del relator especial sobre la Libertad de Expresión de la organización, Frank la Rue, sobre la próxima emisión de un comunicado conjunto de varios relatores de la ONU sobre la situación de Venezuela, reflejan el escrutinio global al gobierno venezolano.
Asdrúbal Aguiar, quien fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, explicó que la tarea normal de los relatores de los organismos internacionales, es mantenerse vigilantes ante posibles violaciones a las libertades, pero hacer advertencias al gobierno sucede solo en algunos casos, cuando por ejemplo, se maniata a la prensa y a la opinión pública. “Su preocupación revela que se están incumpliendo las libertades fundamentales”, apuntó Aguiar.
Liliana Ortega, directora de COFAVIC, señaló también que las menciones por parte de los relatores tanto de la ONU como de la OEA, son una práctica usual. «Lo inusual es que el Estado no facilite esas visitas”, destacó.
Ortega sostuvo que la mayoría de los países facilitan el acceso a los relatores y que cuando el Estado se cierra a la procuración internacional, el interés se dispara. “Todas son instancias subsidiarias que entran en juego cuando las locales no ejercen bien su función”, agregó.
El ministro de Exteriores de Venezuela, Elías Jaua, se reunió el lunes por la noche con Ban. Tras el encuentro, al ser consultado por la prensa sobre la necesidad de una visita a Venezuela de los relatores de ONU sobre libertad de asociación, expresión, manifestación y detenciones arbitrarias, para evaluar de primera mano la situación del país, el canciller se negó a aceptar esta posibilidad.
El relator especial para la tortura de la ONU, Juan Méndez, señaló que han recibido denuncias sobre torturas y malos tratos a algunos detenidos, y que su relatoría está en contacto con las autoridades del país para indagar sobre esos casos. “El gobierno tiene 60 días para contestar”, apuntó.
Ortega dijo que una de las cosas que ha aumentado el rechazo internacional es la actual política de reducción de la tutela de las víctimas.
“Las autoridades en vez de abrir los espacios de denuncias, han hecho que la carga de las violaciones de derechos humanos caiga sobre las víctimas, y esto ha generado gran rechazo sobre todo ante los que velan por los derechos humanos”, concluyó. (Anna Carolina Maier, El Nacional, 05.03.14)
