Desde el viernes 7 de febrero los venezolanos han asistido a una escalada en la represión de las manifestaciones —que comenzaron 3 días antes— que ha derivado en la violación progresiva de derechos humanos.
Los derechos a la vida, a la protesta, al debido proceso, a la libertad de expresión, a la inviolabilidad de la propiedad privada, a la libertad, a la protección de la integridad física de los detenidos, a ser juzgado por tribunales civiles y a ser recluido en la jurisdicción del juez natural, todos fueron obviados por el Estado en su intento de controlar las protestas a lo largo de 30 días.
Hasta la fecha se han instalado por lo menos cuatro tribunales para civiles en instalaciones militares: dos en Mérida (estudiantes de la ULA-Táchira), uno en Miranda (Leopoldo López) y uno en Carabobo (Marvinia Jiménez).
El uso proporcional y diferenciado de la fuerza que ordena la Constitución, así como la prohibición de utilizar armas de fuego y tóxicas en el control de manifestaciones también ha sido transgredida por los organismos de seguridad.
El 7 de febrero, en Mérida, se registró el primer herido de bala: el estudiante José Suárez. La Fiscalía imputó a un funcionario de Polimérida como presunto responsable.
A la fecha hay 18 fallecidos y más de 120 heridos por arma de fuego (balas y perdigones de plomo). A veces disparan los funcionarios y otras, civiles no identificados. Los manifestantes suben a Internet fotos de los cartuchos de gas verde y bombas lacrimógenas, algunas vencidas.
El Foro Penal Venezolano registra casi 1.000 detenidos, 32 en lo que va de marzo. “La GNB ingresa a las viviendas sin orden de allanamiento para llevarse a los manifestantes”, denunció Lilia Camejo del FPV.
Desinformados
Ante la poca o nula difusión de información en medios audiovisuales, la ciudadanía recurrió a los medios internacionales y ha subido a Internet sus imágenes, vídeos y denuncias sobre el maltrato oficial.
El 11 de febrero Conatel amenazó con sanciones a los medios electrónicos si la cobertura de las protestas incurría en apología de la violencia. El miércoles 12, el organismo ordenó a las cableras sacar del aire al canal colombiano de noticias NTN24. El jueves 20 abrió una averiguación administrativa a CNN en Español. En 4 semanas de protestas, 78 periodistas nacionales y extranjeros han sido detenidos, atropellados, robados y/o heridos.
A ello se suma la negativa del Estado a venderle divisas a algunos medios impresos para adquirir papel.
El Foro por la Vida, que reúne a 10 ONG, alertó: “Todas estas políticas llevan a un problema grave en materia de libertad de expresión e información”. (Maru Morales, El Nacional, 05.03.14
