Foro Penal Venezolano asegura tener documentados hasta la fecha 61 casos de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. El director de la organización, Gonzalo Himiob, manifiesta que las denuncias son muchas más, pero el equipo de abogados está atendiendo los que se pueden demostrar porque los jóvenes se han atrevido a denunciarlos formalmente ante Fiscalía o en los tribunales cuando son presentados en las audiencias.
Hasta el pasado viernes, el Ministerio Público informaba que se investigan 59 casos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos y que 17 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad están privados de libertad como consecuencia de esas situaciones registradas desde que comenzaran las manifestaciones en el país el pasado mes de febrero.
Según Himiob, la mayoría de los casos reportados se enmarcan dentro de la tipificación de la tortura; definida por la Ley Especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes como “actos por los cuales se inflige intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos, ya sea físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos sufrimientos sean infligidos por un funcionario público o funcionaria pública u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento”.
Lo que distingue a la tortura del trato cruel y del trato inhumano o degradante, de acuerdo con el abogado penalista, es que en el primer caso se ejecuta por un funcionario que tiene bajo su custodia a la persona que es torturada, mientras que en las otras situaciones el delito la ejecuta cualquier funcionario público independientemente de que lo tenga o no detenido.
Dice que esto se especifica en el artículo 17 de la misma norma. Además, manifiesta que otra cosa que caracteriza a la tortura es la finalidad, la cual es intimidar, castigar u obtener una información u confesión. A diferencia, el trato cruel, inhumano o degradante se hace con la finalidad de castigar, quebrantar la resistencia física o moral de la persona, tal como aclara. “En casi todos los casos que tenemos reportados, además de los excesos y abusos a la hora del arresto, ha habido tortura a los jóvenes cuando ya están detenidos”, agrega Himiob.
Amenazas Peligrosas
Las manifestaciones de estos presuntos abusos policiales y militares, según cuenta Himiob, han sido desde la intimidación psicológica, “que es una constante”, hasta el maltrato físico, que va desde golpes con diferentes objetos hasta violaciones.
Describe que a los detenidos les han dicho que los van a matar, desaparecer o violar. “A los hombres se les ha dicho en varios casos que los van a meter en celdas con presos comunes que tienen seis meses sin ver mujeres. En Barquisimeto, a un grupo importante de muchachas se les cortó el cabello y se les manoseó. Y a los muchachos también se les han dado golpes. A los primeros muchachos que fueron detenidos en el Cicpc se les bañó con gasolina y se les dijo que se les iba a prender fuego”, agrega.
Uno de los casos más evidentes de tortura, a juicio de Himiob, es el de Alejandro Márquez, detenido por la Guardia del Pueblo en la Candelaria. Señala que el chico se cayó y tuvo un golpe en la nariz, pero los efectivos lo devolvieron al Hospital Vargas con la base posterior del cráneo fracturada completamente.
El abogado sostiene que hasta ahora en casi todos los casos se han practicado los exámenes médicos por parte de medicatura forense o a cargo de médicos privados. “Se hace además una fijación fotográfica de las lesiones.
Sobre la reunión que sostuvo Foro Penal con la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, Himiob manifiesta que la autoridad asumió un compromiso de investigar los casos. En ese momento la ONG presentó 40. Himiob asegura que el director de actuación judicial de la Fiscalía, Joel Espinoza, se ha mantenido en contacto permanente y se han ido adelantando algunas averiguaciones. “Pero la verdad es que el proceso va muy lento y nos preocupa, sobre todo el resguardo de la seguridad de estos muchachos”, asevera.
Ataque a estudiantes
Con relación al elevado número de detenciones que hasta el pasado jueves, según la Fiscalía, alcanzaba las 1.854 personas, Himiob sostiene que en ningún momento de toda la historia se ha visto un exceso de tanta magnitud en la criminalización del derecho a la protesta.
Asegura que se ha llegado a un récord lamentable, pues recuerda que desde 2005 las estadísticas de varias ONG mostraban que más de 4 mil personas han sido sometidas a procesos penales por protestar contra el Gobierno, mientras que en el último mes la cifra es casi la mitad.
En los números manejados por Foro Penal, tal como afirma Himiob, puede verse un patrón muy claro y definido: “hay que atacar a los estudiantes”. Esto, porque el porcentaje más alto de detenciones a nivel nacional se focaliza en los universitarios. “Hay una clara intención de desarticular la protesta estudiantil”, acota.
Las entidades del país donde ocurren la mayor cantidad de privaciones de libertad, según los datos de la ONG, son Miranda, Zulia, Carabobo, Lara y Barinas. (Diario Tal Cual, 24.03.14)
