El 27 de marzo de 2014, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro realizó comentarios difamatorios a través de la televisión nacional contra la defensora de derechos humanos, la Sra Rocío San Miguel acusándola de ser parte de un intento de golpe de estado. En días anteriores, el 18 de marzo de 2014, mientras la defensora de derechos humanos estaba en su vehículo, un individuo desconocido se acercó profiriendo amenazas en su contra.
Rocío San Miguel es abogada defensora de derechos humanos y presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. La organización trabaja por el derecho de los ciudadanos a ejercer contraloría sobre los sectores de la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Tambien supervisa los compromisos de Venezuela al Estatuto de Roma y la Comision Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El 25 de marzo de 2014, aproximadamente a las 7:15pm, en su condición de presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel acudió a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), solicitando una visita a tres generales de la aviación militar, detenidos en la DGCIM, bajo acusaciones de intento de golpe de estado. Después de aproximadamente 45 minutos, fue informada que la visita no estaba autorizada y que los generales comparecerían ante las corte el día siguiente, 26 de marzo. Por la tarde, Rocío San Miguel, informó a través de su cuenta de Twitter, que consideraba la detención de los tres generales como inconstitucional, por no haberse cumplido el precepto constitucional de antejuicio de mérito previsto.
La misma noche, aproximadamente a la 10pm, el Presidente Venezolano apareció en la cadena estatal de la televisión venezolana y acusó a Rocio San Miguel de estar involucrada en un intento de golpe de estado. Habría dicho que «hay varios enlaces con sectores de la oposición, uno de ellos es con una persona llamada Rocío San Miguel. Es el enlace con el sector golpista de la oposición, del partido voluntad popular. Ella es el enlace. Ella está involucrada plenamente en este intento de golpe de Estado». Así mismo, habría dicho que la defensora “recibe sueldo de esos organismos internacionales [que han conspirado contra Venezuela] desde hace mucho tiempo”. El 27 de marzo la defensora de derechos humanos formuló solicitud a la Fiscalía General por las acusaciones a su nombre por parte del Presidente.
En días anteriores, el 18 de marzo de 2014, un individuo desconocido se acercó a Rocío San Miguel mientras estaba en el interior de su vehículo, y la amenazó: “San Miguel te vamos a quebrar”. Aunque la identidad del individuo es desconocida,la amenaza parece estar relacionada con el trabajo que realiza como defensora de derechos humanos en Control Ciudadano. El incidente ocurrió en una área extensamente vigilada por cámaras de seguridad. A pesar de las peticiones de lo grabado, la defensora no ha obtenido acceso a estas imágenes que permitirían identificar al individuo.
Rocío San Miguel cuenta con medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 18 enero de 2012, las cuales han sido rechazadas por el Estado Venezolano.
Front Line Defenders manifiesta su preocupación ante los comentarios difamatorios en contra de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, particularmente porque emanan del presidente del país y puedan tener como consecuencia el fomento de mas amenazas y ataques en su contra. Así mismo, Front Line Defenders se preocupa por la integridad física y psicológica de Rocío San Miguel, en la luz del incumplimiento de las medidas cautelares otorgadas en su favor.
Front Line Defenders insta a las autoridades Venezolanas a que:
– Tomen todas las medidas necesarias para cumplir con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH en favor de Rocío San Miguel con el fin de garantizar en todo momento su integridad física y psicológica, así como la de su familia;
– Tomen medidas para asegurar que funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones difamatorias contra defensores y defensoras de derechos humanos en su labor legítima y pacífica de derechos humanos;
– Inicien una investigación inmediata e imparcial sobre la amenaza de muerte en contra de Rocío San Miguel, con el fin de llevar a los responsables ante la justicia en conformidad con los estándares internacionales;
– Aseguren que todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela, desarrollando sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos, puedan operar libremente sin miedo a restricciones ni represalias.
