Lo primero que advierte Keymer Ávila –investigador del Instituto de Ciencias Penales de la UCV, profesor de Criminología en Pre y Postgrado de la UCV, colaborador del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universitat de Barcelona– es que no resulta fácil establecer qué es la llamada Operación de Liberación del Pueblo.
“Desde que se inició la OLP, el 13 de julio del año pasado –dice y se lamenta Ávila–, he estado buscando algún documento oficial en donde esto se explique: una Gaceta Oficial, una presentación escrita en alguna página web o algún documento formal; sin embargo, hasta ahora no he encontrado nada sustantivo, solo declaraciones y videos propagandísticos que parecen hechos por el mismo Rambo”.
—¿Cómo pudiéramos conceptualizarla, entonces, según ese discurso?
—La OLP, como su primera palabra lo indica, es un esquema de operaciones y procedimientos llevados a cabo conjuntamente por distintos cuerpos de seguridad: Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y Guardia Nacional Bolivariana (GNB), dentro de cada uno de los cuales tienen un peso importante los respectivos “grupos especiales”. Es de advertir que el mismo hecho que actúen distintas fuerzas conjuntas dificulta posteriormente la asignación de responsabilidades.
Su objetivo inicial, según los discursos oficiales, era liberar “áreas donde operan elementos de grupos delincuenciales, quienes se dedicaban especialmente a actividades del paramilitarismo colombiano, bandas criminales, sicariato, extorsión y secuestro”. Este primer discurso fue variando, no siempre ha sido coherente, y hasta en alguna ocasión se intentó darle un matiz preventivo y de reinserción.
—¿Ha representado alguna novedad en los esquemas de lucha contra el hampa?
—tal como lo he comentado antes, los operativos de este tipo no son novedosos en el país. La profesora Tosca Hernández estudió este fenómeno hace unas tres décadas, Rosa Del Olmo también hizo una aproximación a ellos. Gracias a estos trabajos podemos recodar, por ejemplo, al Operativo Oriente en la década de los sesenta, a la Operación Vanguardia en los setenta y más recientemente al Plan Unión en los ochenta, al que Alí Primera le dedica unas estrofas en su canción “El derecho al derechito”. En el cine venezolano, por ejemplo, La quema de Judas y Disparen a matar hacen alusiones a este tipo de operativos.
—¿Qué ha significado en la práctica, qué dice en tanto paradigma?
—Mira, después que se quiso hacer una refundación de la República con una nueva Constitución –hoy por cierto amenazada por parte ambos bandos políticos–, luego de haber hecho tantos esfuerzos por diseñar un nuevo modelo policial –con una excelente legislación, todo un bloque normativo complementario, haber creado un Consejo General de Policía y hasta espacios institucionales para su formación–, que se venga ahora a implementar este tipo de operativos policiales significa, lamentablemente, que no hemos avanzado nada, y que los aparentes avances se quedaron solo en el diseño, en el deber ser, en el mundo de las ideas, pero no lograron ejecutarse ni institucionalizarse.
Pareciera que no se logró posicionar el nuevo paradigma de la policía civil, especializada y garante de los derechos humanos. Lo que terminó prevaleciendo fue el viejo paradigma, no solamente de la misma policía de la cuarta, sino también de la militarización de la seguridad ciudadana, que tampoco era una novedad. Son los mismos cuerpos armados que tanto fueron cuestionados por la izquierda durante la cuarta república. Uno de los aspectos que habría que analizar en el contexto actual sería la policialización de la política. Que sería el fenómeno que –según explica Marcelo Sain– ocurre cuándo los políticos dejan de ejercer el gobierno sobre la seguridad ciudadana, para entregarle ese ejercicio a militares y policías.
Lo que dicen las (pocas) cifras
—¿Ha contribuido en algo a contrarrestar la criminalidad?
—Lamentablemente, el acceso a las cifras durante los últimos lustros ha sido sumamente precario, y un análisis sin información confiable, sin datos, sin estadísticas, puede convertirse en mera especulación. Los números dispersos que eventualmente han dado en el marco de estos operativos no son claros, no tienen una línea base ni factores de comparación, como para poder medir si han incrementado la resolución de casos, potenciado la capacidad investigativa del Estado, ampliado la seguridad de la ciudadanía en términos de protección de su vida, de su integridad física y del goce pacífico de sus derechos. Por ejemplo, un dato muy básico: ¿aumentaron o disminuyeron los homicidios en el país?
No informan nada. Al menos la fiscal general nos dio unos datos concretos en su Informe Anual, en el que se puede apreciar que los homicidios siguen siendo muy altos, se encuentran en 58 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de la región, la segunda después de Honduras.
La pregunta sería: ¿cómo pudiera evaluarse el impacto de las OLP sobre el fenómeno delictivo, con estos datos tan precarios? Es difícil, pero no imposible.
—¿Por ejemplo?
—Lo primero que habría que revisar es el impacto que la OLP tiene sobre la criminalidad que proviene de los propios cuerpos de seguridad. Lo que jocosamente Leoncio Barrios, en uno de sus artículos para Contrapunto, denominó como el fenómeno “2 en 1”. Esto tampoco es una novedad: La quema de Judas, a la que acabo de aludir, es un película del año 1974 y te da un perfil del policía para ese momento. La profesora Tosca Hernández, cuando estudió los operativos en los años ochenta, concluyó que aumentaban la comisión de delitos por parte de la policía, ya que este tipo de plan represivo permite y fomenta la extralimitación policial en el ejercicio de sus funciones. En estos operativos los funcionarios son sometidos a situaciones de permanente estrés, en donde la violencia ilegítima surge como una reacción normal que puede hacer que pierdan de vista las limitaciones legales que les son impuestas, y allí puede resultar muerto cualquiera.
Así, por ejemplo, cuándo vemos las cifras, el Ministerio Público nos dice que hubo unos 245 fallecidos a manos de las OLP durante 2015, y a comienzos de febrero de este año, un diario de circulación nacional tituló con bombos y platillos que habían “abatido” a más de 200 personas sólo durante el mes de enero. Esto nos da un total de unas 445 personas fallecidas a manos de las OLP en seis meses. Toda esta información es pública y está en los medios. Si tomamos una de las pocas fuentes estadísticas de este fenómeno que se encuentran disponibles, como son las de PROVEA, que viene contando los casos de muertes por intervención de la fuerza pública durante los últimos 25 años, vemos que el promedio de ese período es de unos 163 casos al año.
Sólo en medio año de OLP ya se ha elevado en 173% el promedio anual de este tipo de muertes. Esta cifra es gravísima y es apenas una aproximación, la cifra real es mucho más elevada. Primero, porque solo se está hablando de muertes en el marco de la OLP y no del resto de las muertes a manos de los organismos de seguridad que no tienen esta etiqueta; segundo, porque los casos que cuenta PROVEA son sólo los que trascienden a la prensa. Cuando PROVEA contabiliza 200 fallecidos a manos de las policías, fácilmente ese número puede ser unas cinco veces mayor. Así fue, por ejemplo, entre 2005 y 2007, cuando se contrastaron sus cifras con las que publicó el Ministerio Público sobre ese tipo de casos.
—¿Y en cuanto a la criminalidad en general?
—Es la otra parte que habría que evaluar: cuál es el impacto que la OLP tiene sobre la violencia criminal en general. Y lo que te voy a decir no tiene nada que ver con pacifismo ni con comeflorismo. De lo que se trata es de la administración racional de la violencia del Estado. De evaluar costos y beneficios, sin sacrificar la necesaria garantía de los derechos humanos de toda la ciudadanía. Con la OLP se ha iniciado una guerra irregular que lo que trae es más inseguridad para todos. No se trata ni siquiera de un simple escenario situacional de enfrentamiento entre policías y delincuentes; más bien se trataría, por una parte, de la cacería de civiles, y por la otra, de la emboscada contra miembros de las fuerzas de seguridad. En un círculo vicioso en el que la violencia estatal reproduce y potencia la violencia social y delictiva, retroalimentándose ambas entre sí.
Luego de los procedimientos de la OLP se han visto en los medios ataques con granadas, bandas delictivas con armas de guerra. ¿De dónde el hampa saca esos juguetes? ¿La OLP es el método más eficaz para contrarrestar esas situaciones? ¿No sería más eficaz una labor seria de inteligencia y contrainteligencia? ¿No habría que limpiar la casa por dentro antes? ¿Cómo ha seguido la Cota 905 después del debut de la OLP por esos lados?
Un consenso peligroso
—¿Qué puede decirnos esa política acerca del Estado que la implementa y la sociedad que la aplaude?
—El nacimiento del Estado moderno descansa en el monopolio del uso de la fuerza y en su debida administración; esto es así desde las primeras elaboraciones teóricas de Hobbes hasta los planteamientos más recientes de Weber. El Estado de Derecho debe hacer uso de la fuerza sólo para proteger derechos concretos de las personas, y para ello debe existir un riesgo real que esa fuerza intenta repeler o neutralizar. El Estado lo que debe buscar es la pacificación, contener la violencia, y reservarse su uso exclusivo para proteger a sus ciudadanos, en especial a los más vulnerables. Mal puede el Estado ser el generador, promotor y potenciador de la violencia. Si esto es así, está ejerciendo mal su rol y se desdibujan su naturaleza y su razón de ser. A menos que lo que se quiera es volver al Estado Absoluto, a la Edad Media, en dónde las lógicas son otras.
Respecto a los aplausos o no por parte de la sociedad pueden darse lecturas diversas, te doy dos:
La primera y para mí más importante, es la perspectiva de los derechos. Los derechos fundamentales de las personas, en especial los que tienen que ver con su vida, integridad personal y libertad ambulatoria, no pueden ser sometidos a consulta popular. La democracia tiene sus límites y la reducción de estos derechos no tiene que ver con complacer o no a las mayorías. Esto en parte es lo que sostiene el Garantismo penal de Ferrajoli o lo que otros llaman el Derecho Penal Mínimo: de lo que se trata es de proteger a las minorías frente a las mayorías, en un marco en el que todos puedan coexistir. El Derecho Penal debe ser la ley del más débil contra el más fuerte. El ejemplo clásico es el siguiente: cuando se comete un delito, el más fuerte en esa situación es el delincuente y el más débil es la víctima, allí debe intervenir el Derecho Penal para proteger a esta última de su victimario. Pero a la misma vez debe proteger a ese victimario de las fuerzas solidarias con la víctima que operarán en su contra y que de seguro serán más fuertes que él, tales como el Estado, las fuerzas de seguridad, sectores de la propia sociedad, etc. De esta manera, busca tanto la prevención de delitos como la prevención de penas arbitrarias o desproporcionadas.
La segunda lectura es más sociológica: la gente aplaude este tipo de operativos más desde las emociones y pulsiones negativas, que desde la racionalidad, el conocimiento y las experiencias cercanas. Te doy un ejemplo: yo he conocido a doñitas muy dulces y decentes que cuándo ven las noticias de sucesos lo primero que dicen, apretando el puño, es “hay que matarlos”. Pero esas mismas doñitas, cuando vieron el video de las ejecuciones en Aragua del año pasado, bajaron esa efusividad y cambiaron de parecer.
Me explico: cuándo la gente no tiene ni idea de cómo funcionan realmente el Sistema Penal y su aparato policial, pide mano dura y le otorga discursiva y políticamente un cheque en blanco a sus operadores. Solo cuándo el sistema y sus operadores lo tocan de cerca es que comprenden el horror y las arbitrariedades que estas instancias pueden llegar a cometer. Dicen “hay que matarlos” “hay que llevárselos presos a toditos” “todos esos son una cuerda de malandros que no se merecen nada”, eso lo dicen en la abstracción, en la generalidad, desde la distancia. Y lo sostienen hasta que le tocan a un hijo, a un sobrino, al marido, al vecino o a algún conocido cercano. Es allí cuándo el “chip” se les resetea y pasan de la película a la realidad.
—¿Por qué, incluso pasado el entusiasmo inicial, es tan unánime el aplauso social, mediático y político?
—Por parte de la población, tiene que ver con la dimensión sociológica y de desconocimiento que acabo de comentar. Ya desde lo mediático y lo político hay otras racionalidades mucho menos inocentes.
Los medios tienen sus intereses particulares, económicos y políticos; los medios casi nunca están en el “medio”. Y en estos momentos la mayoría están alineados con la oposición o con el gobierno, por lo que actualmente no son más que cajas de resonancia de los bandos políticos, son sus aparatos de propaganda. Sin embargo, y acá está la esencia de tu pregunta, sobre la OLP hay un consenso autoritario con el que sólo ganan las élites políticas y pierde el ciudadano de a pie.
El discurso opositor ha tenido como bandera el tema de la inseguridad y se ha caracterizado por acusar al gobierno de complaciente, blandengue y timorato con el hampa. Mal puede ahora cuestionar una política que prácticamente ha estado pidiendo a gritos. A muchos sectores de la oposición, en especial a los más conservadores y reaccionarios, en el fondo les encantan estos operativos, creen en ellos. Algunos de sus opinólogos más bien han dicho que quieren que esos operativos se institucionalicen, que los hagan a cada ratico, que les “entra un fresquito con la OLP”, que por fin están haciendo algo, etc., etc.
Por parte del gobierno, éste se encuentra afrontando crisis en diversos frentes, uno más complicado que el otro: el político, el económico, el institucional, el securitario, seguido de un largo etcétera. El problema transversal es su legitimidad y autoridad. ¿Cuál es la manera más sencilla y simbólica que tiene a mano para aparentar autoridad y a través de ello tratar de conseguir legitimidad? ¿Asumiendo las decisiones económicas que tiene que tomar? ¿Asumiendo el control institucional real del aparato del Estado? ¿Puede realmente hacerlo? ¿Tiene la capacidad para ello? ¿No resulta más sencillo montar un gran espectáculo bélico con un despliegue enorme de funcionarios? Eso es concreto y se ve… Y si además te presentan miles y miles de detenidos y cientos de muertos, todos supuestamente “choros y malandros”, está demostrando no solamente fuerza y autoridad, sino que además se muestra como muy eficiente, con independencia de que todo eso sea verdad o mentira, eso es lo de menos. Total, las víctimas serán los más humildes y miserables de las sociedad, los que no tienen dolientes, los que no se convierten ni en noticia ni en trending topic, a menos que sea para presentarlos como victimarios, como los monstruos de la sociedad. Para eso sí son muy útiles, para chivos expiatorios en este caldo de cultivo de tantas incertidumbres y tantas inseguridades.
¿Habrán sido algunos de estos sectores, golpeados por la OLP, los que en diciembre les pasaron factura? Es posible…
—¿Para qué ha servido, qué cosas ha generado la OLP?
—Mira, en una síntesis de estas cosas que ya hemos comentado, yo diría que ha servido para mermar capacidades: mermar el Estado de Derecho, y con ello los derechos de todos nosotros; mermar al nuevo modelo policial y todo su bloque normativo; mermar la autoridad de los controles institucionales externos que deben tener los organismos de seguridad, como el de los fiscales, jueces y defensores del pueblo. Como ha servido para incrementar las muertes a manos de los cuerpos de seguridad del Estado, los allanamientos y detenciones arbitrarias de los más humildes, la inseguridad de todos.
También, para facilitar la militarización de la seguridad ciudadana y posicionar la lógica del enemigo en la praxis institucional cotidiana de las fuerzas de seguridad, que salen a cazar plagas: bachacos, gorgojos, etc…; para fortalecer el posicionamiento político y el poder de militares y policías en el país; para otorgarle un cheque en blanco a militares y policías, para que hagan su voluntad con nosotros.
Y, no por último, para intentar distraer la atención de otros problemas que resultan ser más complejos para el poder político, tales como los económicos, los de legitimidad y gobernabilidad. (Publicado en Contrapunto.com)
