Mireya y Gregorio llevaban dos meses de novios cuando él, durante una discusión, le dio un empujón. Ella se molestó y dejó de hablarle por tres días hasta que él, insistentemente, se disculpó, prometió no hacerlo más nunca y se excusó diciendo que fue un momento de descontrol. Después de seis meses, Mireya quedó embarazada y decidieron casarse. Cada vez los maltratos verbales y físicos se fueron haciendo más frecuentes hasta que se convirtieron en una rutina.
Golpes, perdón, golpes, perdón. Así fue durante mucho tiempo la vida de esta pareja.
¿Por qué Mireya no denunciaba lo que le pasaba ni acudía a sus familiares? Esta es la pregunta que muchos se hacen cuando ocurren casos de este tipo.
«Cuando las mujeres son agredidas, van acumulando tensión, sienten miedo y su autoestima se va deteriorando poco a poco. La mayoría de las veces prefieren callar porque están enamoradas y creen que él puede cambiar, tienen una dependencia económica, hay hijos de por medio o sienten que si hacen la denuncia no van a estar protegidas», explica Mercedes Muñoz, presidenta de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa).
Muñoz señala que se trata de un ciclo en escalada de la violencia, donde intervienen aspectos culturales, pues «en Venezuela los hombres son educados para el ejercicio de la violencia, poder y agresión en vez de negociación, mientras que las mujeres están socializadas para primero ser madres y esposas que profesionales».
Avesa estima que cada dos días una mujer es asesinada por su pareja y que, por cada denuncia, hay diez que no se notifican a las autoridades.
«El año pasado, las cifras oficiales fueron de más de 100 mil mujeres agredidas por sus parejas o ex parejas, lo que revela que fueron más de un millón las víctimas que no hicieron las acusaciones formales», destaca Muñoz.
DE LO PRIVADO A LO PÚBLICO
La representante de Avesa considera que se han creado leyes «bastante completas» para la defensa de las féminas, como la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero que hace falta contemplar mecanismos de prevención.
«Hace poco, esta situación se consideraba un tema de marido y mujer, un problema de la vida privada. Ahora se entiende que es público, por lo que el Estado tiene que responder por la justicia y protección de las víctimas. Se deben elaborar programas culturales y educativos que impliquen la transformación de valores y roles que han sido asignados tradicionalmente a hombres y mujeres», recomienda Muñoz.
Además, dice que es necesario formar a todos los profesionales vinculados con el problema: fiscales, jueces y policías, porque «cuando la mujer quiere salir de ese hueco y denuncia, tiene que esperar a que el caso vaya a Fiscalía. Mientras tanto, debe volver a su hogar, donde está el victimario».
La defensora de los derechos de las mujeres asegura que la ley establece que el agresor no puede acercarse a la mujer y que la victima debe ser trasladada a una Casa de Abrigo cuando la permanencia en sus residencias implique amenaza inminente. «El problema es que en el país solamente contamos con dos Casas de Abrigo desde hace once años: una en Caracas y otra en Aragua, lo que no es ni suficiente ni esperanzador», asegura Ofelia Álvarez, directora general de la Fundación para la Prevención de la Violencia Doméstica hacia la Mujer (Fundamujer), quien calcula que diariamente recibe entre 10 y 12 solicitudes de asesoría femenina por agresión de sus novios o esposos. (Patty Fuentes Gimón, Tal Cual, 27.04.10)
