Cadena de errores sentenció la muerte de Jennifer Vieira, esposa del Inca Valero

“La actuación del MP fue vaga en el caso contra Valero”. Familiares de Jennifer debieron actuar, pues las agresiones son de orden público.

Juristas en materia de violencia contra géneros coincidieron en asegurar que el destino de Jennifer Carolina Vieira de Valero fue sentenciado por una cadena de errores que permitió que la mujer perdiera la vida en manos de su esposo el boxeador Edwin “El Inca” Valero.

“El delito de agresiones contra las personas son de orden público, es decir que cualquier tercero que tenga conocimiento de una agresión o sea testigo de ésta puede denunciar al agresor, como pudo hacerlo la familia de la muchacha. Otra de las grandes fallas en este caso fue la actuación vaga del Ministerio Público (MP)”, explicó el abogado zuliano Daniel Duarte.

Valero había sido aprehendido el pasado 25 de marzo, en Mérida, por presuntamente agredir a su cónyuge, quien horas antes se presentó en un centro de salud de esa jurisdicción, donde los médicos después de tratarla le detectaron varias lesiones. Seguidamente, los galenos informaron sobre el caso a los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de ese estado.

“Aun cuando la agredida no llamó a los funcionarios del Cicpc, la denuncia fue realizada por galenos del centro asistencial. El MP tuvo actuaciones muy flojas, pues debieron ordenar a la medicatura forense que le realiza evaluaciones a la muchacha que comprobaran o descartaran que las lesiones fueron causadas al caer por unas escaleras”, recalcó.

Duarte agregó: “Una evaluación psicológica pudo haber revelado el estado de terror al que era sometida la joven y por qué negaba ser víctima de ‘El Inca”

El acta policial del 25 de marzo detalla que cuando una de las funcionarias del Cicpc entrevistaba a la víctima, arribó al lugar el boxeador y le habría prohibido conversar con la agente, a quien supuestamente agredió, por lo que el 27 de marzo ‘El Inca’ fue imputado por la presunta comisión de los delitos de amenaza, acoso, hostigamiento y resistencia a la autoridad en perjuicio de su cónyuge y de la citada funcionaria del Cicpc.

Asimismo, la fiscal solicitó al Tribunal sexto de Control la medida privativa de libertad contra Valero. Sin embargo, le otorgaron cautelares, consistentes en prohibición de acercarse a las víctimas y a sus residencias, presentación periódica cada 90 días ante el referido juzgado, someterse a un proceso de desintoxicación para curarse del consumo de alcohol y drogas.

“Las actuaciones del Tribunal obedecieron a las pruebas que presentaron en contra de Valero. Si el MP hubiese sustentado mejor las pruebas de las agresiones tal vez la presentación sería cada 15 días. El sometimiento al proceso de desintoxicación responde al hecho público de que él llegó bajo los efectos de sustancias a la clínica cuando se enfrentó a la funcionaria”, especificó Duarte.

La responsabilidad de que la medida de alejamiento de su mujer quedara sin efecto fue de Jennifer Vieira de Valero, “Ella salió tomada de la mano de su esposo del Tribunal. En estos casos el interesado y quien por lo general solicita el alejamiento es quien debe procurar que éste sea cumplido y de lo contrario debe denunciarlo”, detalló Luis Coronado, penalista.

El boxeador fue enviado a un hospital de Mérida donde fue sometido a un proceso de desintoxicación unos cinco días.

“El seguimiento del caso fue nulo, pues fue de conocimiento público que el pasado 10 de abril, en Mérida, ‘El Inca destruyó cinco vehículos en una colisión, en la que se comprobó que el hombre estaba borracho y sin embargo, los beneficios que lo pusieron en la calle no le fueron revocados”, resaltó Coronado.

Tras el homicidio contra la muchacha, sus familiares comenzaron a detallar las ocasiones en las que la mujer fue agredida por su esposo y padre de sus dos hijas. “Ahora hasta revelaron que el hombre fue el responsable de un intento de homicidio contra Jennifer el 15 de abril de 2009 cuando le disparó. Ella fue sometida a una situación de constante violencia por años, lo que presuntamente la llevó a intentar quitarse la vida el pasado marzo”, indicó el jurista Coronado.

Los allegados o testigos de algunas agresiones pudo denunciar la situación. “Ellos tenían la opción de solicitar una evaluación psicológica de Jennifer. A pesar de que ella jurara que se cayó está evaluación permitiera revelar la verdad de la pesadilla en la que vivió desde la adolescencia y, su incapacidad para manejar la situación tras las vejaciones a la que fue sometida durante la mitad de su vida”. Muchos tuvieron en sus manos la posibilidad de evitar que la historia de Jennifer se sumara a la lista de mujeres que son asesinadas por sus parejas, pero nadie lo evitó . (Eddy S. Riera, Panorama, http://www.panorama.com.ve/19-04-2010/630833.html)