Activistas de derechos humanos presentaron este lunes 09.09.13 una petición por ante la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, correspondiente a las violaciones a los derechos humanos de las víctimas y peticionarios, reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos causadas por la Denuncia por parte del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de dicho instrumento internacional.
Conforme a la fundamentación contenida en el capítulo IV de la petición, se le solicitó a la CIDH que acuerde el trámite prioritario per saltum previsto en el artículo 29 del Reglamento de la Comisión, en virtud de que (1) el transcurso del tiempo privará a la petición de su efecto útil, y (2) el efecto que la decisión de la CIDH podrá remediar en la situación estructural grave de desprotección que tiene un impacto en el goce de los derechos humanos.
Cabe recordar que en fecha 27.09.13 ONG y activistas de derechos humanos introdujeron ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una acción popular de nulidad por inconstitucionalidad en contra de la denuncia realizada por el Estado venezolano a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Dicha impugnación se fundamentó en la violación por parte del Gobierno venezolano de las normas y principios constitucionales relativos a la jerarquía y supremacía constitucional de los tratados sobre derechos humanos, el derecho de petición internacional para el amparo de los derechos humanos, los requisitos y límites constitucionales de los estados de excepción, los derechos humanos como principio rector de las relaciones internacionales del Estado Venezolano y la progresividad de los derechos humanos, consagrados en los artículos 23, 333, 339, 31, 152 y 19, respectivamente, de la Constitución.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, nunca respondió la solicitud formulada.
La petición realizada este martes, solicita la protección internacional ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por la arbitraria decisión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en clara violación de la propia Constitución y de sus obligaciones internaciones, y la abierta desprotección de la Sala Constitucional del TSJ para reparar judicialmente dicha violación, mediante la inactividad absoluta del trámite legal al recurso o acción de inconstitucionalidad ejercido ante la misma por las víctimas. (Prensa Provea, 10.09.13)
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