El 25 de diciembre falleció en la ciudad estadounidense de Miami el ex presidente Carlos Andrés Pérez, uno de los principales señalados de ser responsable de las muertes y desapariciones ocurridas en Venezuela el 27 de febrero de 1989. Este hecho revela «la falta de voluntad política que ha habido en estos 21 años para investigar los sucesos del Caracazo y para sancionar a los autores de estos crímenes contra los Derechos Humanos».La afirmación la hizo la directora del Comité de Familiares de las Víctimas de los hechos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), Liliana Ortega, quien aunque evitó referirse a la supuesta culpabilidad de aquel que ocupara en dos ocasiones la Jefatura del Estado (1974-1979 y 1989-1993) señaló que su deceso no debe servir de excusa para consolidar el actual marco de impunidad.

«En América Latina y en otros países hay muchos ejemplos de casos de violaciones de Derechos Humanos, los cuales fueron investigados aunque los presuntos responsables ya no estaban físicamente presente», aseveró, al tiempo que agregó: «Las autoridades pueden y deben seguir investigando, pues todo el tema de la justicia está en manos del Estado. Es necesario aclarar qué ocurrió y quién disparó a quién para evitar que esto vuelva a repetirse».

Reprochan incumplimiento

Ortega fustigó el desempeño de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en este proceso. A finales de mayo de 2009, coincidiendo con los actos conmemorativos por el vigésimo aniversario de estos sucesos y en un acto junto a los familiares de la masacre de Yumare, la jefa del Ministerio Público aseguró que en seis meses resolvería este caso.

Sin embargo, más de un año después de que se realizara tal anuncio, los familiares agrupados en Cofavic no han sido notificados de ningún «avance concreto», aseguró la directora de esa agrupación.

«Desde que ocurrieron los hechos, Cofavic ha solicitado que ellos sean investigados y los familiares han aportado toda la información que tenían disponible, pero 21 años después nadie ha sido condenado y las autoridades han sido incapaces siquiera de entregarle a los familiares los restos de sus seres queridos asesinados, los cuales fueron exhumados recientemente sin permitirles participar, algo insólito en América Latina», indicó.

La activista de Derechos Humanos se quejó también de la actitud que el Ministerio Público mantiene hacia los parientes de los ajusticiados.

«En muchas ocasiones las más altas autoridades del Estado han tratado de convertir a las víctimas en victimarios y las han tratado de responsabilizar de los escasos avances. Esto no había ocurrido siquiera durante el Gobierno en los que se produjeron estos sucesos», aseveró Ortega.

En septiembre de 2009 la Fiscalía abrió las fosas del Cementerio del Sur donde fueron colocados los restos de algunos de los fallecidos en el Caracazo. En dicho proceso no participaron equipos de expertos extranjeros, tal y como lo solicitaron los parientes agrupados en Cofavic. Meses después Ortega Díaz acusó a esa organización de no darle la información necesaria para ponerle nombre y apellido a cada una de las osamentas halladas.

Fuente: El Universal

Juan Francisco Alonso
30.12.2010

 

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