La alcaldesa de Maracaibo, Eveling Trejo de Rosales, podría cumplir una pena de 15 meses de prisión y ser inhabilitada políticamente por el mismo período por desacato a una orden de amparo constitucional, luego de que la Cámara Municipal de Maracaibo aprobara el decreto de ordenanza de eliminación del Instituto Municipal de Ambiente (IMA).

Así lo informó la abogada laboral Rebeca del Gallego, luego de una reunión realizada en le sede del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Maracaibo, en la que concejales y diputados del partido discutieron cuáles serían los pasos a seguir para defender los derechos laborales de los 2.731 obreros del IMA despedidos.

La alcaldesa, argumentó Rebeca Del Gallego, está violando el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo y Garantías de Derecho Constitucional al “desconocer el amparo constitucional emitido por el Tribunal Contencioso Administrativo el 26 de marzo de 2010, con el cual se le prohibía a la Alcaldía llevar a cabo cualquier reestructuración o cambio administrativo que implicase el despido directo o indirecto de los empleados”, puntualizó del Gallego.

Las acciones que tomarán los miembros del PSUV junto con el Sindicato de Barrido Manual y Recolección de Basura será la de pedir a la Contraloría General de la República la inhabilitación política de Eveling Trejo de Rosales y los nueve concejales de derecha (Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia) que apoyaron la ordenanza de eliminación.

El otro paso será solicitar una acción judicial a un Tribunal Penal por el desacato constitucional.

Desconocimiento

La ordenanza de eliminación y supresión del IMA fue aprobada en primera y segunda discusión el 29 de diciembre del 2010 y el 15 de enero del 2011 respectivamente, en sesión privada celebrada en la sede de la Policía Municipal (Vereda de Lago), bajo fuertes dispositivos de seguridad desplegados por la Brigada Antimotines de la Policía Regional.

En la sesión del 29 de diciembre estuvo presente el juez del Tribunal Municipal Ibrahim Rincón, y en la del sábado, la jueza Gloria Urdaneta de Montanari, quien emitió el amparo constitucional del 26 de marzo de 2010.

“Esta gente ni siquiera respetó la presencia de la jueza Gloria Urdaneta de Montanari, no les interesan las leyes, lo único que quieren es tener mayor libertad para manejar los recursos a su antojo y eliminar un sindicato que se opone a los atropellos laborales de la Alcaldía”, resaltó el concejal socialista Nelson Cánquiz, al hacer referencia al despido de los 2.731 trabajadores, que entró en vigencia hoy.

El pasado viernes 14 de enero, recordó la concejala Egda Vílchez, la jueza Gloria Urdaneta de Montanari emitió un oficio (Nº0059-10) en el que le advierte a la alcaldesa Eveling Trejo que “cualquier actuación que incumpla lo ordenado en el referido mandato de amparo cautelar, incurrirá en desobediencia a la autoridad judicial y en la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 31 de la Ley de Ampara sobre Derechos y Garantías Constitucionales”, señaló.

Este comunicado fue entregado en el Despacho de la alcaldesa a principios de la tarde de viernes, y se especificaba, según el artículo 31 citado, que el incumplimiento de la orden acarrearía prisión de seis a 15 meses. (CorreodelOrinoco; 18.01.2011)

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