A la sede de Provea se acercaron amigos de 4 personas, reconocidas por su trayectoria en el trabajo social la región andina, recientemente detenidas en la ciudad de Trujillo y acusadas, presuntamente, por hechos de corrupción. Los denunciantes afirmaron que el operativo, promovido por altos funcionarios regionales, tiene como real motivación la retaliación política de sectores del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) contra quienes ayer fueron sus aliados, pero que hoy aspiran a cargos de elección popular de manera independiente.
Los denunciantes, quienes por razones de seguridad solicitaron mantener su anonimato, rechazaron las acusaciones contra las 4 personas que el pasado 16 de octubre fueron privadas de su libertad. Se trata de Benito Alexander Flores, director de educación regional durante la gestión del antiguo gobernador Hugo Cabezas y actual candidato a la alcaldía del municipio Trujillo por el Movimiento Conciencia País y otras coaliciones electorales; Huma Rosales, cronista de la ciudad de Trujillo; Adalberto Gudiño, cronista comunal; Luis Emilio Gudiño y Javier Medina, abogado y actual candidato a concejal.
Según el testimonio, el conflicto tiene como antecedentes el año 2010 cuando estas personas, junto a miembros de consejos comunales y otras organizaciones populares realizaron lo que denominaron “recuperación” del Complejo Cultural Kuikas y la llamada Casa de los Tratados (antiguo Centro de Historia), que a su juicio “había sido secuestrado por grupos de la burguesía que los utilizaban para sus negocios particulares”. Esta información fue corroborada con notas informativas de la época, tanto en medios privados como estatales. El pasado 15 de junio el presidente Nicolás Maduro realizó un acto desde la Casa de los Tratados.
Al cambiar el gobierno regional, los denunciantes aseguran que comenzó un proceso de cacería de brujas en su contra, el cual se agudizó cuando algunos de los integrantes del Movimiento Conciencia País decidieron postularse a cargos de elección popular para las elecciones del 8-D independientemente del PSUV. Tras un primer operativo realizado por el CICPC, sin órdenes de allanamiento, el SEBIN investigó en los domicilios de algunos de los miembros de la citada organización política, bajo los cargos de haber sustraído obras de arte y del patrimonio histórico de la Casa de los Tratados. El pasado 25 de marzo el gobierno regional emitió el decreto 130 para recuperar el control institucional de las dos instituciones. Dos días después, el 27, una comisión de la policía regional intentó expulsar a los ocupantes de las dos instituciones, sin embargo estos ofrecieron resistencia y exigieron una comisión mediadora con las autoridades integrada por personas de su confianza. En esa oportunidad algunas personas acusaron a los ocupantes de haber causado daño patrimonial a las infraestructuras. Yherdyn Peña, profesor de Historia en la Universidad de Los Andes declaró a medios regionales: «hablan de la godarria y oligarquía y convirtieron estos espacios que nunca había cerrado sus puertas, en un sitio de beneficio de un reducido grupo de trujillanos, otro elemento es el daño patrimonial a lo interno de la casa, se observa la supuesta reparación de la armadura a la cual, le colocaron pintura, le resta valor histórico, la hemeroteca del siglo XIX que hoy no se sabe dónde están los textos, la desaparición de cuadros, no saben qué respuesta dar estos funcionarios que han querido negar la historia de Trujillo, así como el esfuerzo que han hecho valiosas personas en el ámbito trujillano y la mantuvieron por más de 50 años en pro de la comunidad». Miembros de la dirección regional del PSUV han encabezado las denuncias sobre el supuesto extravío de obras de arte y de valor histórico. El procurador General del estado, Thomás Pérez Colls afirmó que “la Fiscalía solicitó algunos informes donde aparece un faltante dentro del Centro de Historia de 4 mil 521 bienes presuntamente desaparecidos, lo que amerita la verificación por parte del Estado, y es por ello que estas cuatro personas fueron solicitadas por el tribunal, para rendir declaraciones, respetándole su derecho la defensa, honor, pudor y bienestar público”. Sin embargo, tres de las personas continúan detenidas en el Comando Policial 10 del municipio Trujillo en condiciones calificadas como “infrahumanas”, durmiendo en el piso en un espacio reducido donde actualmente hay casi 200 personas, y otro cumple una medida de arresto domiciliario esperando el juicio. Los abogados actualmente estudian una estrategia jurídica para la defensa de los imputados.
A las afueras del destacamento policial se han realizado manifestaciones de apoyo a los detenidos. Asimismo, miembros del PSUV han declarado su apoyo al trabajo realizado por los hoy imputados: “Hemos querido emitir un pronunciamiento público en contra de la actitud persecutoria y de ensañamiento que ha asumido la Alcaldía del Municipio Trujillo hacia el cronista de la ciudad, Huma Rosario Tavera, a quien de manera injustificada se le retiró el beneficio del cesta ticket, como una retaliación política, pues Huma Rosario no se ha subyugado a la politiquería de los personajes, ni les sirve de comparsa en los actos proselitistas que acostumbran realizar», declaró Crixmar Rojas.
Los amigos de los imputados denuncian que existe una cacería de brujas y que las personas están siendo víctimas de una retaliación política: “Benito Flores tiene grandes posibilidades de ganar la alcaldía de Trujillo. Lo quieren sacar de la jugada mediante una cortina de humo”. Asimismo, aseguran que están siendo tipificados por delitos de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo. Además, aseguraron que han ido a medios estatales a realizar su denuncia, y les han dicho que por «ordenes superiores», su versión no puede ser difundida.
En opinión de Provea si no se demuestra mediante una investigación transparente los delitos de sustracción del patrimonio cometida presuntamente por estos ciudadanos, su privación de libertad podría ser calificada como de “prisioneros políticos”. Provea exige a las autoridades se respete las garantías del debido proceso y el acceso al derecho a la justicia imparcial para estos ciudadanos. (Prensa Provea, 25.10.13)
