«El que calla otorga». El silencio que la Defensoría del Pueblo guardó frente al retiro de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no fue bien visto en la Organización de Naciones Unidas (ONU), pues allí consideran que con esta posición el despacho dirigido por Gabriel Ramírez avaló una decisión a la que ha debido oponerse.
«El silencio de la Defensoría en la retirada del país de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (instrumento que creó el tribunal internacional) es incompatible con la obligación de toda Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) de promover la ratificación de los tratados de Derechos Humanos», afirmó el Subcomité de Acreditación del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El cuestionamiento lo lanzó la instancia en el informe donde recomendó que se le renovara al despacho dirigido por Gabriela Ramírez su acreditación «clase A», según la cual se considera que el organismo trabaja con independencia del Gobierno en pro de las garantías fundamentales mediante la armonización de leyes a los estándares internacionales, promueve la firma de tratados internacionales en la materia, apoya la educación en Derechos Humanos e investiga casos de violación de los mismos; y formula observaciones y recomendaciones a las autoridades para mejorar la situación de los derechos fundamentales.
Otros jalones de oreja
El silencio ante el retiro de Venezuela de la Corte Interamericana no fue el único asunto que le valió a la Defensoría una reprimenda. Su postura frente al caso de la detención de la suspendida jueza 31 de Control de Caracas, María Lourdes Afiuni; y frente a la masacre ocurrida en la cárcel de Uribana (Lara) tampoco sentó bien en la ONU.
«No había pedido que se pusiera fin a la detención continuada de la jueza. Además, no se había pronunciado públicamente acerca de la importancia del respeto a la independencia judicial a pesar del reciente informe del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria que consideraba que esa detención era una «represalia»», lamentó el Subcomité en su reporte.
Seguidamente también denunció que la Defensoría no le informó sobre cuáles fueron las recomendaciones que formuló tras el motín de Uribana, el cual dejó 63 fallecidos y más de 100 heridos.
En el informe, fechado en mayo de 2013 y publicado en la página web del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se solicitó al organismo dirigido por Ramírez que actúe «de manera más activa en el ejercicio y cumplimiento de su mandato, y a adoptar una posición pública clara en relación con cuestiones nacionales de Derechos Humanos cruciales».
Por último, reiteró la importancia que tiene que las instituciones nacionales de Derechos Humanos respondan «en un plazo de tiempo razonable» a las denuncias sobre violaciones de los Derechos Humanos, alertando que «la demora en pronunciarse (…) repercute negativamente en la percepción de independencia y la credibilidad de ella, y la confianza del público en ella». (Juan Francisco Alonso, El Universal, 16.01.14)
