La decisión del juez 48 de Control de Caracas, Nelson Moncada, de atender la petición del Ministerio Público de permitirle a siete de los ochos agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) acusados de dar muerte a Bassil Dacosta en los disturbios ocurridos tras la marcha opositora del 12 de febrero, no ha sentado bien, pues ha sido vista como una demostración más del doble rasero con el que el Poder Judicial opera.
«¿Por qué a estos funcionarios se les permite seguir el juicio en libertad mientras que a los estudiantes Marcos Coello y Cristian Holdack (acusados junto a Leopoldo López de los hechos de violencia) se les mantiene tras las rejas? ¿Por qué a ellos no se les garantiza su derecho a ser enjuiciados en libertad? ¿Por qué a ellos se les viola el derecho a la presunción de inocencia», se preguntó la abogado Elenis Rodríguez, quien representa tanto a la familia de Dacosta como a Coello y Holdack.
La presidenta de la Fundación por los Derechos y Equidad Ciudadana (Fundeci) lamentó que todos los casos el Ministerio Público y los tribunales no permitan a los acusados seguir su proceso fuera de la cárcel.
Rodríguez aseguró que Janeth Frías, madre de Dacosta, no está en contra de la liberación de los policías sino que no se dé el mismo trato a otros procesados.
Descartada totalmente
Rodríguez informó también que durante la audiencia preliminar que el martes en la noche culminó se libró a José Ramón Perdomo de tener que responder por la muerte del policía y líder de los colectivos, Juan Montoya.
Con el sobreseimiento de Perdomo se entierra definitivamente la tesis según la cual a Dacosta y Montoya los mató la misma persona con la misma arma.
Veinticuatro horas después de ocurridos los crímenes, el presidente Nicolás Maduro aseguró que con la misma pistola fueron asesinados ambos sujetos. No obstante, meses después la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, puso en tela de juicio esta versión y ahora los tribunales le dan la razón. (Juan Francisco Alonso, El Universal, 19.06.2014)
