«Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás; es la única manera».
Si esta frase atribuida al físico Albert Einstein es cierta, entonces las autoridades venezolanas con su decisión de retirar a Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), están enviando a sus socios del Mercado Común del Sur (Mercosur) el mensaje de que los acuerdos suscritos y la palabra dada en ese bloque se pueden romper sin ningún tipo de problemas.
La materialización de la denuncia de la Convención viola al menos tres normas del bloque regional del cual Venezuela no solamente es miembro de pleno derecho desde julio de 2012, sino del que ostenta la Presidencia de turno.
El Protocolo de Asunción sobre Derechos Humanos aprobado en 2005 es el primer instrumento que las autoridades desconocen con su decisión.
En dicho texto los miembros de pleno de derecho del grupo (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) así como Chile y Bolivia reafirmaron su «compromiso con los principios y normas contenidas en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos».
Aunque ciertamente Venezuela no suscribió este documento, al pasar a formar parte de Mercosur lo asumió automáticamente, así como el grueso de las otras normativas y regulaciones que este grupo ha adoptado.
El Acuerdo sobre Cooperación para la Protección de los Derechos de Niños y Adolescentes entre los miembros del Mercosur y sus socios, también conocido como decisión 25/08, el cual Venezuela sí suscribió firmó, también quedaría en entredicho, pues en dicho acuerdo la República se comprometió a respetar la Convención.
Por otro, lado también representaría una violación a la resolución que las Altas Autoridades en Derechos Humanos del bloque firmaron en 2005 y donde acordaron «impulsar consensos en cuestiones vinculadas con el incremento efectivo y adecuado de los recursos económicos asignados a los órganos del Sistema (Interamericano de Protección de Derechos Humanos); así como en el intercambio de experiencias y mejores prácticas para el cumplimiento de sentencias y recomendaciones de la Corte (…) y de la Comisión Interamericana».
En el documento los miembros de Mercorsur afirmaron que el cumplimiento de las decisiones de la CIDH y de las sentencia del tribunal, al que Venezuela ya no está adscrito, era «uno de los más importantes mecanismos» para fortalecer el Estado de Derecho en la región.
Mal mensaje
Para el coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, la postura venezolana va a contrasentido del bloque al que ahora pertenece.
«Venezuela ingresa al Mercosur violando sus normativas sobre Derechos Humanos. Todos los países del grupo han ratificado el principio de progresividad de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, pero el retiro de Venezuela de la Corte va en la dirección contraria, es una demostración de regresividad».
El activista aprovechó también para cuestionar el silencio que han guardado los gobiernos de Mercosur frente la decisión del Gobierno y se preguntó cómo podrán compatibilizar las dos visiones dentro del grupo.
«Mercosur solicitó una opinión consultiva a la Corte Interamericana sobre los derechos de los niños y adolescentes de migrantes. ¿Una vez que sea resuelta Venezuela la va a cumplir? ¿Cómo se forma parte de un grupo que reconoce a una institución que uno no reconoce? ¿Cómo se explica que Mercosur pida a la Corte un pronunciamiento y al mismo tiempo tolere que uno de sus miembros se retire», inquirió.
Para Alvarado el silencio del bloque regional se debe a que Argentina, Brasil ni Uruguay quieren dar motivos para que se reabra la polémica en torno al ingreso de Venezuela al bloque, el cual estuvo paralizado durante casi un lustro por las objeciones de algunos parlamentos, entre ellos del Paraguay, que jamás aprobó la incorporación, pero que gracias a su suspensión tras la destitución de Fernando Lugo de la Presidencia se pudo sortear.
Criticas similares lanzó José Miguel Vivanco, director del Programa para las Américas de Human Rights Watch y quien la semana pasada envió cartas a los mandatarios fundadores de Mercosur para que evitaran la salida de Venezuela de la Corte y todavía no ha obtenido respuesta.
«Desde que Venezuela ingresó al Mercosur hace un año, los demás Estados del bloque han evitado tratar pública y seriamente con el Gobierno venezolano su pésimo récord en materia de Derechos Humanos, a pesar de que todos ellos se han comprometido a respetar los Derechos Humanos y promover las instituciones democráticas en estos países. Esto envía el desalentador mensaje de que estos compromisos son meras promesas vacías» afirmó, al tiempo que soltó: El cumplimiento de los derechos fundamentales universales, por el contrario, no está sujeto a quiénes son los gobernantes de turno ni a otros intereses en juego». (Juan Francisco Alonso,
