Al amanecer del sábado 5 de marzo se corrió con rapidez la voz de que más de una veintena de mineros, conocidos de sobra en la comunidad de Tumeremo, en el estado Bolívar, al sur de Venezuela, habían sido asesinados. Lo contaron sobrevivientes y testigos que pudieron escapar de lo que se presume fue una masacre.
“Mis hermanas estaban dentro de esa mina con sus hijos y delante de ellas les agarran a sus hijos, las llevan a otro lugar, ellas escuchan los disparos y luego los muchachos no aparecen. Vecinos de la misma comunidad no aparecen”, relata Nancy Montilla, tía de José Ángel, José Armando y Néstor, tres hermanos desaparecidos.
Todos ellos trabajaban como mineros artesanales en el fundo Atenas, ubicado a una hora de Tumeremo por carretera. A las cinco de la mañana salían, morral encima, y regresaban con la caída del sol. La noche del 4 de marzo ninguno de ellos volvió a casa.
Los familiares de los desaparecidos cuentan que varios mineros artesanales fueron interceptados en la carretera, de camino a la mina, por miembros de la banda de “El Topo”, un criminal con amplio prontuario que se pelea el control del incipiente yacimiento de oro con otras cuatro pandillas. Se sospecha que otros de los mineros fueron asesinados a tiros dentro de la mina, pero sus cuerpos no aparecen.
No es la primera vez que el ruido de una ráfaga de disparos o la noticia de una muerte sorprende a los habitantes de Tumeremo, un poblado minero de poco más de 50,000 habitantes, capital del municipio Sifontes.
Cada mina en ese municipio, y otros cercanos como El Callao y Roscio, tiene un jefe. Un séquito de jóvenes que difícilmente supera los 35 años mantiene el control. Intimidan con sus armas. Saben quién entra y quién sale. Y su poder criminal no se circunscribe a la mina sino a todo el poblado, donde imponen su ley y cobran vacuna (sobornos).
Pero hasta ahora, los homicidios no habían sido masivos, eran de dos a tres muertos, al menos en esa zona del sur de Bolívar. Esta vez son más de 20 los desaparecidos.
“¿Quién va a entrar a trabajar ahora (a una mina)? Nadie. Porque tenemos miedo de que salgan y tampoco regresen”, dice una mujer con voz carrasposa que prefiere no identificarse por temor a que la maten. “Ni en listas me anoto”, dice.
El esposo de Yoli Fermín, José Gregorio Nieves, es uno de los desaparecidos. “El lunes fue que comenzó a ir a la mina. Él se la pasaba ‘taxiando’, pero volvió porque la situación está crítica, no conseguimos comida, si consigues arroz o harina es con sobreprecio, un sueldo no nos alcanza para nada”, dice Fermím.
La venta de un gramo de oro extraído artesalmente equivale a tres sueldos mínimos, y por eso muchos toman el riesgo.
Pero pese a las ricas reservas de oro y otros minerales con que cuenta el municipio, más de la mitad de la población es pobre y al menos la quinta parte de sus habitantes son pobres extremos, de acuerdo al censo de 2011. En medio de la crisis actual de Venezuela, con una escasez de alimentos que supera el 80% y una inflación de tres dígitos, su situación es aún más grave.
“Acá no hay empleo, no hay fábricas. Mis muchachos trabajan la mina con pico y pala, no tienen maquinarias para ganarse el pan. Sin trabajo no pueden mantener a sus hijitos y van a la mina a ganarse cualquier cosa y los matan”, comentó con la voz entrecortada Enrique Romero, papá de dos desaparecidos.
“Quiero que la justicia dé la cara por ellos y que nos den respuestas”, expresa, frente a un cartel en el que han dispuesto las fotografías de los desaparecidos, a las que cada noche les encienden velas, colocan flores y oran.
Aunque guardan la esperanza de que regresen con vida, casi todos se refieren a ellos en pasado. “Como familiares lo que queremos es que si están muertos, que nos entreguen los cadáveres”, reclama Leidibeth Aguinagalde, hermana del minero desaparecido Jesús Alfredo Aguinagalde.
La versión oficial: ¿cuáles desparecidos?
El gobernador de la entidad y miembro del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Francisco Rangel Gómez, quiso cerrar el caso en un día. El sábado –cuando comenzaron las protestas que cerraron la carretera que comunica al sur de Venezuela con el norte de Brasil-, Rangel Gómez aseguró que la supuesta “masacre” era totalmente falsa y vinculó la noticia a intereses políticos de la oposición.
No escuchó a los familiares de los mineros desaparecidos, que convocaron la protesta. Tampoco se trasladó al lugar donde, se presume, ocurrieron los hechos.
El gobernador aseguró que las labores de búsqueda habían resultado “infructuosas”, anunció operativos vía aérea y dijo que escucharían a los familiares para esclarecer el hecho, a la vez que señaló que no existen elementos para asegurar que hay desaparecidos.
“Eso es mentira del gobernador, yo fui con ellos y no quisieron llegar hasta donde queríamos. Les dijimos que se pararan en una finca y no quisieron entrar”, comentó un familiar que acompañó a una comisión militar en un operativo de búsqueda, en las entrañas de la zona minera.
El Ministerio Público designó el sábado a un fiscal nacional y a uno regional para realizar las averiguaciones y la Defensoría del Pueblo también informó que investigarán los hechos.
Pero entre la población, la confianza en las instituciones y en el sistema de justicia es poca.
“No queremos que investigue el cuerpo policial de acá, queremos que venga gente de Caracas, porque los de acá apadrinan a las bandas de las minas”, comentó la hermana de uno de los mineros desaparecidos. Su desconfianza se basa en los relatos que surgieron desde el sábado, en los que testigos aseguran que quienes iniciaron la masacre vestían de verde militar.
Entretanto, la actividad comercial en Tumeremo está detenida casi en su totalidad. Los gremios comerciales apoyaron la protesta de los familiares con un paro desde la mañana del sábado. Este lunes, no hubo clases y la conversación común era solo una: los desaparecidos y el deseo de que aparezcan, vivos o muertos.
“Estamos en una emergencia grave porque las bandas han venido incrementándose y eso afecta tanto al sector comercial como a la sociedad civil”, aseguró un dirigente empresarial, que prefirió mantener su nombre en reserva por temor a represalias. “Usted sabe cómo está esto, uno no puede hablar porque lo matan”, dice.
Chinos y canadienses en terreno de la minería ilegal
La desaparición de los mineros ocurre justo cuando el gobierno de Nicolás Maduro busca activar la producción de oro, diamante y coltán en el sur y oeste del estado Bolívar, y se propone reglamentar la minería ilegal, una promesa que data de 2003, cuando el expresidente Hugo Chávez instaló el Plan Piar.
Firmas como la canadiense Gold Reserve y las chinas Yakuang Group y CAMC Engineering Co., Ltd. operarán en zonas del estado Bolívar atestadas de miles de mineros ilegales, sin contar con que algunas plantas procesadoras de minerales, operadas por la empresa estatal Minerven, han sido tomadas –y desmanteladas- por grupos armados.
“Han hecho nueve planes distintos, todos fracasados porque parten del criterio de la criminalización de la minería (…) que no requiere ni amerita la participación de otro que no sea el Estado. ¿Pero sí pueden los (empresarios) canadienses, los del Congo, China y otras 15 transnacionales, y los venezolanos no?”, criticó el diputado a la Asamblea Nacional, Américo De Grazia.
Y mientras el gobierno nacional discute contratos con las empresas foráneas, las familias de más de 20 mineros artesanales de Tumeremo siguen en protesta, y comparan su situación con la de las familias de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Guerrero, México.
“No quiero que este caso quede como aquel en México, que nadie sabe nada”, dice una mujer de Tumeremo, cuando cae la tarde del tercer día de atormentada espera. (María Ramírez Cabello, Univisión)
