Cortesia Tal Cual

El presidente de la Fundación para las Garantías, Prevención y Defensa de la Violación de los Derechos Humanos, Luis Ugas, y otros dos miembros es esa ONG de Anzoátegui fueron detenidos hace 14 días tras realizar una protesta frente al Ministerio Público de ese estado para denunciar el retardo procesal y las presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de ese ente gubernamental.

De acuerdo con Ugas, esas actuaciones promueven en Anzoátegui la impunidad en casos de violaciones a Derechos Humanos, pues no se procesan las causas en el tiempo establecido. Por esto, exigían en la manifestación que se promueva un mecanismo de contraloría social en el sistema de administración de justicia.

La noche del 21 de noviembre los activistas de DDHH realizaron una vigilia a las afueras de la sede de la Fiscalía en Puerto La Cruz y, según relatan, un grupo de choque de aproximadamente 40 personas acudió en autobús al lugar y agredieron a los manifestantes, «bajo la mirada complaciente y omisión de funcionarios del Ministerio Público».

Para supuestamente resguardarlos, Luis Ugas, Liban Farías, Elizabeth Salazar, Lisbeth León e Ybis Yolita fueron llevados a la sede del Cicpc y quedaron privados de libertad. Las mujeres fueron sentenciadas a régimen de presentación y los hombres quedaron detenidos desde entonces por flagrancia, homicidio intencional simple en grado de frustración, instigación al odio público y agavillamiento, delitos por los cuales podrían condenarlos a 10 años de prisión.

Tras alertar que su integridad corre peligro en el penal José Antonio Anzoátegui, Ugas señaló a Provea que el origen de la retaliación en su contra es porque su ONG supervisa constantemente el trabajo del sistema de administración de justicia en la región y «no quieren que el movimiento popular haga contraloría social al Poder Judicial».

Por esta razón, varios miembros de la organización de Ugas entregaron un informe relatando los hechos de ese día ante la Fiscalía General de la República con el fin de solicitar la libertad de los detenidos y que se investigue las violaciones al debido proceso y la responsabilidad de algunos funcionarios en las vulneraciones al derecho a la libertad y a la integridad personal.

06.12.11 Tal Cual Patty Fuentes Gimón

 

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