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La justicia venezolana no es ciega a la ahora de sentenciar, como lo demuestra el hecho de que el Gobierno no pierde un caso desde 2003 en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sino también a la hora de contratar. Pese a que el artículo 145 de la Constitución es claro al señalar que “los funcionarios públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna” y que “su nombramiento y remoción no podrán estar determinados por la afiliación u orientación política”, en la práctica los nexos sanguíneos y afectivos con ciertos funcionarios parecen ser más apreciados por los organismos del sistema de administración de justicia que los títulos y especializaciones.

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Una revisión realizada a documentos como la Gaceta Oficial, notas de prensa, denuncias o información disponible en los sitios web de los distintos organismos arrojó que 45 parientes de 14 altos funcionarios o exaltos funcionarios ocupan u ocuparon puestos claves en organismos como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Ministerio Público, la Defensa Pública o la Defensoría del Pueblo.

En el máximo juzgado no son pocos los magistrados han conseguido que parientes fueran contratados por el TSJ. La expresidenta de ese organismo y ahora magistrada emérita Luisa Estella Morales ubicó a sus tres hijas en distintos puestos, siendo Leticia Acosta Morales la que posiciones de mayor relevancia ocupó, pues durante los once años que su madre estuvo en el máximo juzgado fue magistrada de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo y coordinadora de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM); y por último una de las asistentes. Revisa más sobre estos caso en Transparencia Venezuela 

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