La Alianza por la Libertad de Expresión, en la oportunidad de cumplirse cuatro años de cierre arbitrario de Radio Caracas Televisión (RCTV) quiere hacer un balance de los hechos, rechazar esta medida injusta que limita el derecho a la libertad de expresión, mantener la memoria de este atropello en la sociedad venezolana y reclamar los correctivos necesarios.
Considerando que:
En la medianoche del 27 de mayo de 2007, cesaron las transmisiones de RCTV en su señal abierta por decisión del gobierno nacional. Una decisión basada sustancialmente en castigar la línea editorial de los espacios informativos de esa televisora y así fue expresada abiertamente por el Jefe de Estado, presidente Hugo Chávez Frías.
Este proceso se realizó sin garantizar mecanismos para evitar las consideraciones arbitrarias o que castigaran la línea editorial del medio de comunicación. Fue una decisión basada en una política discriminatoria asociada a la línea editorial del medio de comunicación y falsamente fundada en la “no renovación” de la concesión o la pretensión de establecer canales para un servicio público de radio y televisión.
Cuatro años después de esta medida de cierre la situación de la libertad de expresión está afectada negativamente por la intimidación permanente a los medios críticos e independiente, la disminución del pluralismo en la oferta de contenidos nacionales en la sociedad venezolana; y se redujo el número de puestos de trabajo para las personas dedicadas a la comunicación social. El canal de gobierno que ocupa las frecuencias y equipos de RCTV, es un esfuerzo partidario al servicio de los intereses políticos de la élite gubernamental que cuenta con escasos niveles de aceptación popular y audiencia[1].
La decisión se tomó en abierta contradicción con lo establecido en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que garantiza los derechos a la libertad de expresión, de comunicación e información y negando el pluralismo consagrado en los Artículos 2 y 6 de la Constitución
Los procedimientos iniciados ante instancias judiciales, por los afectados y por interesados en el tema, para resarcir o reivindicar derechos afectados no encuentran cauce alguno dejando a los demandantes huérfanos de la posibilidad de justicia. Estos procesos judiciales demuestran la ausencia de tribunales imparciales, un trato jurídico desigual para todas las personas y afectan negativamente el debate público dada la ausencia de garantías para quienes mantienen posiciones críticas al actual gobierno.
La aplicación restrictiva al libre flujo de la información en Venezuela se ratificó con la continuidad de la aplicación de la difusión del canal a través de los servicios de cable. La emisión de RCTV Internacional deja de trasmitirse en territorio venezolano el 24/01/2010 a las 12:00 p.m. por una orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a las empresas de televisión por suscripción que debían eliminar de su oferta este canal de televisión o asumir graves consecuencias.
La Alianza por la Libertad de Expresión manifiesta que:
1. La existencia de garantías suficientes para que medios, profesionales de la comunicación y cualquier persona pueda expresar libremente sus opiniones sobre los temas que sean de su interés es un prerrequisito para el desarrollo de procesos de calidad en la comunicación venezolana y la supervivencia de la democracia.
2. La aplicación discriminatoria, por razones políticas o ideológicas, de sanciones inhibe el debate y constituye una limitación para el desarrollo de una comunicación al servicio de los intereses generales de la sociedad y las posibilidades de desarrollo del país.
3. La libertad de expresión como derecho humano, en todo su alcance y compresión constituye un elemento fundamental para debatir sobre la propia comunicación.
4. Las discusiones asociadas a la ética comunicativa no pueden judicializarse, y mucho menos en un escenario de ausencia de independencia de los poderes públicos que diluyen la posible defensa de los afectados.
5. Llama a la sociedad venezolana a mantener la memoria ante los atropellos ocurridos y a sostener la demanda de justicia como una tarea imprescindible para la defensa y promoción de la democracia.
6. Exige al Estado venezolano que se restablezca el pluralismo en comunicaciones consagrado en la Constitución, permitiendo a sus legítimos propietarios el uso y bienes de las emisoras confiscadas o clausuradas, y devolviendo a un uso público e imparcial las emisoras de servicio público hoy totalmente controladas por el gobierno con fines ideológicos, propiciando el advenimiento de un panorama mediático despolarizado, plural, de mutuo respeto, libre discusión y genuinamente democrático.
La Alianza por la Libertad de Expresión esta constituida por las siguientes organizaciones y personas: Colegio Nacional de Periodistas, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Espacio Público, Expresión Libre, Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela, Federación Internacional de Periodistas, Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público, Instituto Prensa y Sociedad, Centro de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Sin Mordaza, Tiziana Polesel, directora de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, Magaly Ramírez, directora de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Santa María.
