Frente a la posibilidad de que el presidente Nicolás Maduro censure “cualquier información, hecho o circunstancia”, como establece el decreto de creación del Centro Estratégico para la Seguridad y Protección de la Patria, Cesppa, el director de la organización no gubernamental Espacio Público, Carlos Correa, destaca el peligro de que cualquier venezolano sea considerado enemigo interno y quede indefenso ante la aplicación arbitraria de una normativa que corresponde a la doctrina de seguridad nacional, que en algunos países de América Latina causó la muerte y la desaparición forzada de miles de personas.
Por la imprecisión del decreto publicado en Gaceta Oficial el 7 de octubre, advierte Correa, nadie está exento de ser víctima de lo que califica de una expresión extrema de la polarización fomentada por el oficialismo.
Asegura que no solo constituye una amenaza para la libertad de expresión y el derecho a la información, sino que también compromete los derechos a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, la intimidad, el debido proceso, la integridad personal y la vida.
—¿Por qué el Cesppa constituye un riesgo para todos los venezolanos?
—En uno de los considerandos del decreto se indica que todos los venezolanos son corresponsables de la seguridad de la nación y por ello todos estarían obligados a suministrar la información que les solicite este organismo, que, por cierto, es idéntico al que Chávez creó en 2010.
Está redactado en forma tan genérica que desdibuja las garantías de confidencialidad de las fuentes que protege el ejercicio profesional de periodistas, médicos y abogados.
Y el alcance es tan ilimitado que el Cesppa pudiera requerir información a clínicas, farmacias, bancos o cualquier organismo público o privado que disponga de información personal sobre los ciudadanos.
Hay un gran riesgo de arbitrariedad. Las restricciones al libre flujo informativo por razones de seguridad del Estado solo se podrían establecer mediante una ley formal, emanada de la Asamblea Nacional. Nunca por un decreto. Ni siquiera en un estado de excepción es admisible un mecanismo como el Cesppa.
—En el decreto se indica que se puede clasificar como reservada cualquier información, pero no por cuanto tiempo. ¿Se trataría de un estado de excepción eterno?
–La Constitución establece que se debe elaborar una ley para la clasificación de documentos y esa ley no existe. Cualquier cosa se pueda calificar como una amenaza, entre ellas cualquier cosa que afecte los intereses de los oficialistas.
Por ejemplo, el gobierno puede ocultar la corrupción con el Cesppa.
La polarización promovida por el gobierno tiende a confundir los intereses del partido con los del Estado. Sin dar mayores explicaciones, un hecho de corrupción cometido por un militante del PSUV podría ser declarado secreto de Estado. Lo más grave es que no vamos a saber qué es lo que está reservado.
Nadie va a saber si lo están investigando, si lo están espiando.
—¿Espiando?
—Estamos hablando de organismos de inteligencia y contrainteligencia.
En el país no hay contrapesos para los órganos del Poder Ejecutivo. Se están realizando procedimiento de inteligencia y contrainteligencia sin garantía judicial alguna. Se pincha y ya. Se ha generalizado.
El gobierno puede espiar a cualquiera con el Cesppa, sin intervención de un fiscal o un juez. Si no tienen protección los parlamentarios, qué queda para un simple ciudadano.
Muchas de las interceptaciones de conversaciones privadas solo son posibles con una alta inversión en tecnología y los que están en mejores condiciones para hacerlo son los organismos de inteligencia del Estado.
Esto es dramáticamente contradictorio con otras posturas gubernamentales.
¿Cómo el gobierno quiere traer a Snowden para protegerlo, si es una persona que filtra información que compromete la seguridad nacional de un país; y, al mismo tiempo, establecer un mecanismo para restringir la divulgación de informaciones que se consideran amenazas para la patria?
—¿Quiere decir que el Cesppa es como una NSA criolla?
—Quiero decir que están planteados mecanismos similares a los que utilizan gobiernos como el Estados Unidos para espiar a sus nacionales.
Lo más grave es la incorporación de la noción enemigo interno. Bajo esta etiqueta quedaría cualquier venezolano crítico u opositor al gobierno y, mediante el Cesppa, se pretende legitimar el menoscabo de sus derechos, con el argumento de que la seguridad de la patria está por encima de todo.
La noción del enemigo interno está anclada en la doctrina de la seguridad nacional, que tuvo consecuencias nefastas en el Cono Sur y en Centroamérica, en los años setenta y ochenta. Fue el argumento que se utilizó para perseguir a los disidentes y cometer atroces y sistemáticas violaciones de derechos humanos, como las desapariciones forzadas de personas.
De guerra y enemigos internos hemos oído hablar mucho durante lo que va de año. Pareciera que se impone una lógica belicista: al enemigo se le aniquila. Pero no podemos olvidar que en las verdaderas democracias no hay enemigos, sino adversarios, y que las minorías se respetan y tienen sus derechos garantizados.
Esa idea de la construcción de un enemigo interno tiene tiempo, la novedad es que ahora aparece en un decreto presidencial, de manera normativa. Antes era una expresión retórica que, en el ámbito de la diatriba política, podría ser tolerable.
Pero ahora lo que está en juego es la libertad personal y la vigencia del Estado de Derecho.
—¿Por qué Maduro se atreve a aplicar un mecanismo de censura que Chávez mantuvo en suspenso?
—Maduro no tiene la habilidad de Chávez para afrontar las críticas. En los últimos meses han recrudecido los esfuerzos para silenciar la prensa: censura contra los chavistas que se atreven a cuestionar las ejecutorias del presidente; revisión de las primeras páginas de los periódicos.
Para que la hegemonía comunicacional sea efectiva el gobierno considera necesario eliminar las fuentes de información que no controla, pues el objetivo es imponer una única verdad.
Se puede prohibir información que transmiten redes sociales, por ejemplo mediante la suspensión de una plataforma, aunque ello generaría mayor incertidumbre y mayor ansiedad informativa.
Frente a la indignación de sentirse censurada, la gente va a buscar otros canales. Por ejemplo, es posible que la mensajería de texto comience a funcionar como medio de comunicación alternativo. Este camino de censurar puede ser contraproducente. En vez de asegurar la tranquilidad del país, puede causar una gran intranquilidad.
Manu militari
El Cesppa es la reedición del Cesna, Centro de Estudio Situacional de la Nación, creado por Hugo Chávez en 2010. Maduro ha colocado al frente del Cesppa al mayor general del Ejército Gustavo Enrique González López, jefe de Inteligencia Nacional y ex comandante de la Milicia.
“Se acentúa la militarización. Los requerimientos de información provienen de la Dirección Político Militar de la revolución. Maduro ha dejado ver sus inseguridades al recurrir a estrategias militares para resolver problemas como el colapso del sistema eléctrico, el deterioro del sistema público de salud y la escasez de alimentos. El problema es que este no es un gobierno transparente, sino opaco; y el mundo militar es más opaco aún”, afirma Correa.
Aunque no se plantean sanciones, el Cesppa tiene un carácter coercitivo muy fuerte. Imaginese que un militar toque la puerta de su casa, lo interrogue sobre cualquier cosa y «esté obligado a responderle”. (Edgar López, El Nacional, 13.10.13)
