Alarma. Eso es lo que ha generado en el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) la petición que el Ministerio Público ha hecho a la justicia para que le prohiba a El Universal «la publicación de imágenes, informaciones y publicidad de cualquier tipo, con contenido de sangre, armas, mensajes de terror, agresión física, imágenes que utilicen contenidos de guerra y mensajes sobre muerte y decesos» so pretexto de proteger los derechos de los niños y adolescentes, por considerar va a contracorriente de lo que es la misión del despacho hoy dirigido por Luisa Ortega Díaz.
«La exigencia de la Fiscalía -que contraviene todos los estándares internacionales en libertad de expresión e información- demuestra cómo un organismo como el Ministerio Público, que debería estar al servicio de la justicia y el respeto a los derechos, actúa impulsando acciones contrarias al Derecho Humano a la información y a la Constitución, que en su artículo 57 prohíbe la censura previa», afirmó Marianela Balbi, directora de la organización.
Para la vocera la petición, la cual es similar a la que en 2010 interpuso contra los diarios El Nacional y Tal Cual por publicar una fotografía del interior de la morgue de Bello Monte, revela la intención de las autoridades de dictaminar «qué tipo de información pueden o no publicar los medios de comunicación, pretendiendo ocultar elementos objetivos y comprobables que la realidad sobre la inseguridad en Venezuela y negándole al ciudadano el derecho a una información veraz».
Semanas atrás la jurisdicción de Protección de Niños y Adolescentes acogió la solicitud fiscal contra los dos diarios antes mencionados, por apelando a la protección de los infantes y jóvenes pero no se ha aplicado porque ambos la han recurrido.
Balbi también consideró que la petición de la Fiscalía de que se le prohiba publicar determinados contenidos junto a la de que se le aplique a El Universal una multa de entre uno y dos por ciento de las ventas brutas en el ejercicio anterior «son ejemplos de la desproporcionalidad que se está aplicando a los medios de comunicación con una clara intención de doblegar el periodismo plural e independiente que aún sobrevive en Venezuela».
El Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo interpusieron sendas demandas contra este diario por publicar una gráfica donde se veía una mano tendida en el piso, rodeada de un charco de sangre. La mano pertenecía al ingeniero Lobsang Rodríguez, quien fue asesinado por sus secuestradores cuando trató de huir de ellos. El día que ocurrió este suceso (19 de noviembre) otro secuestrado perdió la vida en Caracas. (Juan Francisco Alonso, El Universal, 19.12.13)
