La censura durante el mes de marzo se presentó en varias de sus formas, esto deja como consecuencia que los venezolanos ahora tengan menos espacios informativos. Algunas de estas ventanas han sido cerradas como consecuencia de la crisis de papel que mantiene el Complejo Editorial Alfredo Maneiro con la venta monopólica del papel en el país, tales son los casos de cierre de los diarios La Mañana de Coro (estado Falcón) y El Carabobeño (estado Carabobo).

La Cámara Regional de Periódicos en enero advirtió del peligro de desaparición que tenían los 86 medios impresos que la integran, y la advertencia se ha ido materializando. En lo que va de 2016, cinco medios impresos y un suplemento salieron de circulación: Diario de Sucre, del estado Sucre; Diario La Costa y el Diario La Mañana, del estado Falcón; el Periódico de Occidente, del estado Portuguesa; El Carabobeño, del estado Carabobo; y la Revista Etcétera, suplemento de La Prensa de Monagas.

La crisis de papel no solo ha provocado estas desapariciones, los diarios en su lucha por sobrevivir y aprovechar el poco papel que les asignan, toman medidas drásticas: durante el asueto de Semana Santa se vivió un apagón informativo. Todo este panorama es consecuencia directa de las cada vez más dramáticas limitaciones impuestas por las instituciones estatales que impiden, mediante trabas burocráticas, el acceso a los recursos para el normal funcionamiento de los medios.

También el Estado venezolano, representado en el juez Beltrán Javier Lira, dictó una sentencia que representó la violación de las garantías para el ejercicio legítimo de la libertad de expresión del ahora semanario Correo del Caroní, como consecuencia de una cobertura informativa que hizo el medio de comunicación, en el año 2013, sobre las denuncias de corrupción en la estatal Ferrominera Orinoco.

Luego de esta sentencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado al Estado de Venezuela a apegarse a los más estrictos estándares internacionales en materia de libertad de expresión de forma tal que se les garantice a los periodistas y medios de comunicación ejercer el periodismo sin intervenciones indebidas, y a la sociedad en su conjunto a estar informada, con motivo de rechazar la sentencia que ahora pesa sobre el Correo del Caroní. La Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación aprobó un proyecto de acuerdo en solidaridad con el semanario.

Las fuerzas de seguridad del Estado se convirtieron en los victimarios de varias violaciones a la libertad de expresión: El reportero gráfico Humberto Matheus, del diario Versión Final; el periodista José Antonio González y la fotógrafa María Fuenmayor, de La Verdad y Ángel Romero y José López, de la web Noticia Al Día, fueron retenidos, intimidados y amenazados por funcionarios de la Policía del estado Zulia, durante la cobertura de una situación irregular en el retén El Marite. “O entregas la cámara o te voy a pegar dos tiros”, fue la amenaza.

En torno al caso de la desaparición de 28 mineros en Tumeremo (estado Bolívar), funcionarios del Cuerpo de Investigaciones científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) le decomisaron sus equipos de trabajo y teléfonos celulares a un grupo de periodistas, como condición para que les permitieran llegar a la escena del crimen; dijeron que estaban evitando que ellos enviaran información al momento desde el lugar. También Por informar en su blog personal sobre el caso, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detuvieron al periodista de Fe y Alegría, Pedro Luis Montilla en Barquisimeto, estado Lara. Aplicaron un cuestionario de 9 preguntas, antes de dejarlo en libertad.

Sociedad Civil Demanda a Hugo Cabezas Por Caso El Carabobeño

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